La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) podrá entregar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) información y documentación relacionada con las cuentas bancarias, contratos de inversiones y operaciones financieras de los jueces y magistrados.
Ambas instituciones firmaron un acuerdo, con el fin de que la CNBV agilice el proceso de atención de los requerimientos de información que se le hagan en este rubro. ¿Con qué objetivo? Para detectar, prevenir y denunciar a tiempo conductas irregulares, como el enriquecimiento ilícito, por ejemplo.
“La firma de este instrumento forma parte de una serie de medidas más rigurosas que ha puesto en marcha el Consejo de la Judicatura para la fiscalización del patrimonio de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación”, publicó el CJF en un comunicado.
El Acuerdo General 10/2011 permite la revisión del patrimonio del funcionario de menor rango hasta el de los propios consejeros de la Judicatura y del ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Cuando de los datos, documentación e información bancaria proporcionada en relación con algún servidor público, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal o el Contralor adviertan la existencia de una probable causa de responsabilidad administrativa o de tipo penal, instruirán al área administrativa que corresponda, para que proceda en el ámbito de su competencia”, expresó el CJF.
Desde abril se anunció que las finanzas de los funcionarios del CJF serían “monitoreadas”, con el objetivo de detectar los casos de enriquecimiento ilícito.
En julio, el presidente de la SCJN y el CJF, Juan Silva Meza, solicitó al presidente Felipe Calderón que de existir información sobre corrupción en el Poder Judicial de la Federación (PJF) se hiciera llegar a las instancias competentes.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa se comprometió a dar a conocer la información con la que se cuente en torno a posibles casos de corrupción de funcionarios judiciales federales.
Jueces suspendidos
En julio, el CJF encontró inconsistencias
en la evolución patrimonial del juez de distrito en materia administrativa Álvaro Tovilla León, quien tiene cinco cuentas bancarias a su nombre a las que se han transferido recursos en los dos años recientes por al menos 20 millones de pesos, lo que no corresponde a su nivel de salario mensual, que alcanza 129 mil pesos, revelaron fuentes del órgano disciplinario y administrativo de jueces y magistrados.
Desde el 28 de enero de 2011, el CJF presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Esiquio Martínez Hernández, secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en la ciudad de México, tras detectarse que en los últimos años obtuvo y registró ingresos y egresos por más 432 millones, muy superiores a sus percepciones como servidor público, equivalentes a 5 millones.