Piden juicio contra Ivonne Ortega por deuda de Yucatán

En medio de un debate de cifras sobre la deuda pública de Yucatán y en camino hacia las elecciones de 2012, grupos civiles e incluso dirigentes sociales relacionados con la administración anterior presentaron este día 20 pasado una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, a quien acusan de malversar fondos y poner en riesgo el futuro de las finanzas estatales, además de cometer “actos de represión” en contra de la sociedad yucateca.

Organizaciones como el Frente Cívico Familiar de Yucatán y Sociedad en Movimiento, acompañados de dirigentes sociales como Blanca Estrada Mora, asesora del gobierno panista en la administración estatal pasada, presentaron el documento ante la Cámara de Diputados.

En el documento, los denunciantes afirman que el Ejecutivo encabezado por Ortega Pacheco ha mantenido un “alto desorden” en el manejo de los recursos públicos, además de incurrir en falta de transparencia e incumplir con la rendición efectiva de cuentas, lo que se suma al “atraso injustificado” en el desarrollo de obra pública, y el presunto desvío de fondos de origen federal etiquetados, para usarlos como de libre disposición, entre otros señalamientos.

Los denunciantes, quienes han sido señalados por el Gobierno de Yucatán como dirigentes de grupos “satélites” del principal partido de oposición en la entidad (Acción Nacional), aseguraron que la solicitud está respaldada por una “gran cantidad de ciudadanos inconformes” con los “actos ilegales … represión, injusticia y desvío de recursos”.

Acusan a la mandataria estatal yucateca y a sus funcionarios de finanzas de realizar ajustes contables “sin sustento ni explicación algunos a fin de acomodar los números a su conveniencia”.  Aseguran que ello ha generado una “deuda sin precedentes para el estado de Yucatán, cuyo pago afectará a las tres siguientes administraciones”.

El documento fue entregado por grupos como Sociedad en Movimiento, el Frente Cívico Familiar, Acciones Líderes, Red de Maestros, Red Social contra la Represión, Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Movimiento Ciudadano por el Análisis y la Reflexión, entre otras.

Malicia y desinformación, señala el Gobierno estatal respecto de las acusaciones

Para el secretario de Planeación y Presupuesto del Gobierno de Yucatán, Ulises Carrillo Cabrera, los señalamientos contra el manejo de las finanzas estatales estarían basados en la falta de oficio de quienes los hacen, en la desinformación o de plano en una “malicia” a la que apuestan en tiempos preelectorales.

Entrevistado en sus oficinas, expuso que la deuda total del Ejecutivo Estatal asciende a mil 641.7 millones de pesos, que está contratada, en números redondos,  con tres bancos: Banorte con 308 millones a 18 años, Bancomer con 676 millones a 15 años y Banco del Bajío, con  656 millones de pesos a 18 años.

Esta deuda representa, agregó, el ocho por ciento del Presupuesto de 2011 y apenas el 0.9 por ciento del Producto Interno Bruto del estado, que asciende a 186 mil millones de pesos. “Se trata de una deuda manejable, que incluso está en proyecto de renegociación y con posibilidades de obtener un mejor esquema de financiamiento.

“El manejo de las cifras, como lo ha hecho la oposición o estos grupos llamados ciudadanos permite ver la malicia, las ganas de distorsionar la información”, indicó.

En ese sentido, se refirió a lo expuesto por el diputado federal panista, Daniel Ávila Ruiz quien ha calificado de contradictorio el manejo de los datos financieros del estado. En su momento, el legislador expuso que la deuda del estado registrada ante la Secretaría de Hacienda es de mil 814 millones de pesos al cierre del primer semestre, lo que difiere con la cifra expuesta por el Ejecutivo Estatal de 1.6 mil millones.

Al respecto, Carrillo Cabrera enfatiza: el diputado no se equivoca, esa es la deuda registrada ante Hacienda, pero no hay contradicciones, lo que sucede es que el diputado no toma en cuenta que ese monto de 1.8 mil millones incluye la deuda del Gobierno del estado y la de los Gobiernos de los 106 municipios de la entidad. La diferencia es la suma de las deudas de los ayuntamientos.

Por ello, abundó, también cuando la gobernadora Ivonne Ortega se refiere a la deuda habla de mil 440 millones de pesos, porque no suma los adeudos de los municipios, ni tampoco la deuda heredada por el anterior gobierno, refiriéndose solamente a su administración.

Ante lo que llamó incongruencias en las denuncias contra el Ejecutivo Estatal, expuso que “o bien no les hacen bien las investigaciones al diputado o se trata nada más de propaganda, de ignorancia o de malicia”.

Sobre la línea de crédito contratada con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que los críticos de la administración estatal actual consideran como un elemento más para el crecimiento de la deuda expuso que no se trata de un dinero que ya está en manos del estado y comprometido totalmente para su ejercicio.

Es una línea de crédito por dos mil 600 millones de pesos que no tiene el Gobierno ahora. Es decir, no nos dieron el dinero, sino un monto máximo de lo que nos podrían prestar bajo condición de justificar la necesidad de una parte o de todos los recursos. De ese dinero, en esta administración se pretenden ejercer solamente 900 millones de pesos y al siguiente Gobierno le tocará decidir si  usa el resto del dinero que estaría disponible.

“Además es un dinero que va fiscalizado, el propio BID revisa cada proceso de licitación o adjudicación de obra de forma exhaustiva, además los recursos se entregan a través de un depósito en el Banco de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Hay un doble candado, ni siquiera podemos hacer un uso discrecional”, dijo.

A la fecha, añadió, ahí no hay deuda, porque no se ha ejercido ningún recurso y además el crédito del BID, que resulta complejo de obtener por la cantidad de requisitos y cuya aprobación representa la confianza de una institución de esa naturaleza en el manejo de las finanzas estatales.

Carrillo Cabrea expuso que además el manejo de la deuda de la entidad  no representa tampoco un riesgo a futuro: “Si tomamos la deuda de Yucatán de mil 648 millones de pesos, estaríamos hablando de una deuda de 1.96 millones de pesos por habitante. En un promedio de pagos a 18 años serían 46.8 pesos por habitante al año, es decir, 3.4 pesos mensuales o 13 centavos diarios”.

Cuestionado sobre la deuda con proveedores y que suma 479 millones de pesos, expuso que es una deuda corriente por ley, por lo que debe estar cubierta al cierre de la administración actual.

Otro de los puntos cuestionados al gobierno que encabeza Ortega Pacheco es la contratación de esquemas de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), los cuales también descartó como deuda, ya que en términos contables internacionales no se consideran como tal.

“Toda obra pública compromete el futuro” afirmó el funcionario al refutar los argumentos de la oposición en el sentido de que las obras a realizarse bajo ese esquema en la entidad comprometen los recursos de la entidad a largo plazo.

El mes pasado, el Ejecutivo Estatal presentó ante el Congreso del estado una iniciativa para solicitar la autorización para renegociar la deuda del Gobierno yucateco, con la cual, según explicó Carrillo Cabrera se refinanciarán mil 350 millones de pesos bajo el mismo plazo actual y a través de lo cual se espera incluso reducir en un punto porcentual la tasa de interés y reducir de 23.6 a 18 por ciento el monto de las Participaciones federales del estado utilizadas como garantía para los préstamos.

El funcionario enfatizó que los argumentos de quienes confrontan al Gobierno estatal están basados en un intento de politizar el tema de las finanzas estatales. Es una campaña, agregó, para desinformar a la población que incluso demuestra su desconocimiento en materia de administración pública.

“No hay bases reales, falta oficio, se nota, dicen que son etiquetas técnicas (los argumentos del Ejecutivo Estatal), pero son bases legales y los gobiernos están obligados a exponerlos de esa manera”, explicó.

Nos han acusado de falta de transparencia, expresó, cuando Yucatán tiene un informe público trimestral y ahora además contará con una mesa de información en la que estará presente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del estado y representantes del Instituto de Acceso a la Información Pública (INAIP) de Yucatán, para examinar de manera constante el asunto de la deuda pública.

“Es importante que si vamos a manejar el debate sobre la deuda del estado sea con información y datos, con verdades, para no empobrecer el debate público. Hablemos con verdades sobre verdades”, arguyó el ex Jefe del Despacho del Ejecutivo Estatal y uno de los principales asesores de Ortega Pacheco.

“Carrillo Cabrera es un manipulador”

Si estamos mal informados, o tenemos los datos equivocados cabría preguntarse primero de quién es la responsabilidad de informar, manifestó el presidente del Frente Cívico Familiar (FCF) de Yucatán, Guillermo Vela Román. “Si saben que siempre estamos cuestionando, por qué no informan bien”, insistió en entrevista con Animal Político unas horas después de haber participado en la presentación de la solicitud de juicio político contra Ortega Pacheco.

Hemos comprobado cada una de nuestras críticas, respondió ante los señalamientos hechos sobre sus acusaciones de presuntas desviaciones o manejos ilegales en la cuenta pública del estado. “Hemos ido a ver las obras, hemos recorrido los lugares donde deberían de estar y no existen o no han tenido avances, están detenidas”, abundó.

“Que las vaya a ver, el que no está informado es él, dijo refiriéndose al secretario de Planeación y Presupuesto estatal, para luego señalar como ejemplo el monto destinado a la construcción del Museo de la Cultura Maya, que estaba presupuestado en 400 millones de pesos y costará poco más del doble, además que fue adjudicado vía licitación a una empresa de Tijuana, de la que forma parte Carlos Hank Rohn, quien tiene una conocida relación de amistad con Jorge Esma Bazán, director del Patronato Cultur, dependencia del gobierno estatal que está cargo de la obra.

Les pedimos información sobre ese caso y se la guardaron; nos respondieron que está reservada y solo podrá verse hasta que concluya la actual administración, igual hemos solicitado otros datos y nos responden también que están reservados hasta por 12 años.

Con ese argumento Vela Román insistió en que la información que manejan para criticar o acusar a la gestión de Ortega Pacheco “la tomamos de los datos del propio Gobierno. Si estamos desinformados es porque no nos proporcionan los elementos para no estarlo”.

Exaltado, el dirigente del grupo que forma parte de Alianza Cívica aseguró que “Ulises Carrillo es un manipulador de cifras y se lo podemos comprobar con las propias cifras del estado”.  ¿Quién está desinformado y por qué?, reiteró para después prácticamente retar al funcionario estatal a debatir de frente los datos al expresar que “no afronta a quienes no comulgan con él”.