El Universal publica hoy que a casi seis años de su creación, la Fiscalía Especializada de Chiapas para la investigación de delitos en el caso Acteal presentó un informe en el que responsabiliza penalmente al ex presidente Ernesto Zedillo de la matanza de 45 indígenas tzotziles en esa comunidad el 22 de diciembre de 1997. El documento es base de la demanda que presentaron en septiembre pasado, en Estados Unidos, abogados de los familiares de 10 de las víctimas en contra de Zedillo, a quien reclaman por la vía civil la reparación del daño.
A lo largo de 126 páginas, el informe argumenta que el ex mandatario y su entonces secretario particular, Liébano Sáenz Ortiz, así como el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, son penalmente responsables de los homicidios por omisión impropia conspirativa, pues tuvieron información para impedir la matanza desde un año antes y no lo hicieron. Señala además que la masacre fue resultado de una política de contrainsurgencia, denominada Plan de Campaña Chiapas 94, que fue aplicada por la Séptima Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez, diseñada y puesta en marcha por la administración de Zedillo para enfrentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que incluyó el fomento a la creación de grupos paramilitares. El plan dice también que “ejercerá dirección, coordinación y control sobre todas las fuerzas de seguridad pública haciéndolas responsables de la eliminación de los comandos urbanos y la desintegración o control de las organizaciones de masas”, señala el informe al detallar la supuesta guerra de baja intensidad que emprendió Zedillo contra el EZLN.
“Ambos funcionarios (Zedillo y Sáenz) incurrieron en responsabilidades antes, durante y con posterioridad a los hechos: antes, puesto que previo al crimen actuaron de manera conspiratoria, ya que se coaligaron para ignorar y ocultar las múltiples advertencias y avisos que se les hicieron sobre la inminente matanza”, dice el reporte. La Fiscalía determinó la responsabilidad penal de Zedillo y Sáenz, así como de Jorge Madrazo Cuéllar, titular de la PGR al ocurrir la masacre, a partir de testimonios ministeriales, entre ellos el del entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y otras pruebas documentales y periodísticas que refieren la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94. Según el informe, dicho plan, del cual tiene una copia la Fiscalía, tenía el objetivo central de destruir o desorganizar las unidades regulares, comandos y guerrillas locales del EZLN. “En medio de instrucciones muy específicas sobre otros temas, el documento desliza el siguiente señalamiento: ‘las operaciones militares incluyen el adiestramiento de fuerzas locales de autodefensa, para que participen en los programas de seguridad y desarrollo’ , lo que comprobaría definitivamente la hipótesis de formación y entrenamiento de grupos paramilitares desde el gobierno”, destaca el informe.
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