Procuraduría Social funcionará con recursos de decomisos a criminales
El subsecretario de Gobernación, Felipe Zamora, informó que parte de los recursos con los que funcionará la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos provendrán de los decomisos realizados al crimen organizado.
En entrevista, el funcionario explicó que “está previsto, por ejemplo que muy buena parte de los recursos que el gobierno federal está absorbiendo a través de los decomisos se utilicen en pro de las víctimas”.
Indicó que esos recursos se sumarán al monto que destine la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 para su funcionamiento.
De igual manera será apoyada con los recursos financieros, humanos y tecnológicos con que cuentan la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, entre otras instancias de áreas que realizan tareas afines a las que realizará la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos.
“Dejamos las puertas abiertas para que se puedan destinar otro tipo de ingresos, recursos o bienes, derechos que se reciban por cualquier otro título, como las aportaciones de fundaciones o de gobiernos extranjeros que deseen apoyar un proyecto específico”, subrayó.
Interrogado sobre si está descartada la conformación de una Comisión de la Verdad como lo han demandado organizaciones de la sociedad civil, una vez que se anunció la creación de la Procuraduría Social, Zamora Castro expuso que “no tenemos descartado absolutamente nada”.
Recordó que uno de los elementos fundamentales de la procuraduría es trabajar en una política social para la atención de las víctimas del delito, para lo cual “se tiene que hacer el listado concreto de todas las personas con su nombre y apellido que han sido víctimas de la violencia en el país”.
La construcción de ese listado, acompañado del proceso de análisis de lo que sucede “nos va a llevar al final de cuentas a un diagnóstico muy claro de lo que está sucediendo en la materia; no tenemos descartado absolutamente nada”.
Zamora Castro recordó que la procuraduría “está en su proceso de gestación” y en las próximas semanas se habrá de construir su estatuto orgánico, por lo que “estamos aceptando de muy buena gana las aportaciones de los expertos y las distintas organizaciones de la sociedad civil que tienen mucho que presentar en esta materia”.
Ante las críticas contra la creación de esa instancia por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia, precisó que “su voz es una opinión valiosa pero no es la única”.
El funcionario informó que el presidente Felipe Calderón debe designar antes del 1 de octubre a quien encabezará la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, para lo cual “se están haciendo las valoraciones conducentes”.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación indicó que el nuevo procurador tiene que ser una persona que se haya destacado por su labor en la promoción de la seguridad y la justicia, “que tenga mucha sensibilidad social para atender a las víctimas o los ofendidos de los delitos”.
Aclaró que la dependencia no pretende sustituir las funciones que realizan en esta materia organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sino coadyuvar y participar con las víctimas en sus procesos, que se sientan acompañados, que cuenten con el respaldo de personas especializadas en atención de este tipo.
De lo que se trata, añadió, es de tener una institución que reciba a todas las personas que se consideren ofendidas por un delito, sin distinguir la entrada, su situación particular o su tipo de requerimiento.
Comentó que en ella se valorará si la persona afectada requiere asistencia médica, psicológica especializada u orientación y asesoría jurídica para atender su caso de forma particular.
Asimismo enumeró los tres objetivos centrales de la procuraduría, que son: ser una instancia para la atención oportuna e inmediata de víctimas, “que tengan un lugar donde se puedan acercar, que las puedan valorar de primera instancia”.
En segundo término, subrayó, que las víctimas cuenten con un acompañamiento jurídico, a fin de que se puedan acercar de mejor manera a las autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia.
Como tercer objetivo está diseñar y ejecutar políticas, programas y esquemas de colaboración interinstitucional, esto es, protocolos comunes de atención, puntualizó.
Notimex.
