Es Oficial: México tiene Procuraduría para Atención a Víctimas de Delitos
A cuatro días de que el presidente Felipe Calderón anunciara su creación, hoy el gobierno de México publicó el decreto por el que se conforma la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos.
La administración calderonista publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que se crea la Procuraduría, que tendrá como tareas principales garantizar la atención de las personas que padezcan la actuación del crimen y apoyar en la búsqueda de personas desaparecidas.
Entre las razones que ofrece el gobierno para la creación de la Procuraduría es que a pesar de que actualmente existen programas de atención a víctimas u ofendidos de delitos, es una demanda de la ciudadanía maximizar esfuerzos para que se ponga al alcance de las víctimas u ofendidos del delito una institución identificada inequívocamente por la sociedad.
De igual forma, destaca que con este nuevo organismo se pretende evitar lo que se ha conocido como “revictimización”, es decir que quienes han sido víctimas u ofendidos por la comisión de un delito, enfrenten además condiciones difíciles para el acceso a la justicia y el ejercicio de sus derechos.
“La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, cuyo objeto será brindar atención oportuna e integral a las víctimas u ofendidos de delitos, por sí misma o en coordinación con instituciones especializadas”, se lee en el primer Artículo Primero del decreto.
El organismo contará con su domicilio en la Ciudad de México y tendrá los fines siguientes:
I. Asegurar el acceso a los servicios multidisciplinarios y especializados que el Estado proporcionará a las víctimas u ofendidos de delitos, para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y su reincorporación a la vida cotidiana, por cualquier medio que garantice el contacto entre el organismo y la víctima u ofendido de delitos, incluyendo medios digitales y electrónicos;
II. Diseñar, instrumentar y, en su caso, fortalecer los mecanismos de apoyo a las víctimas u ofendidos de delitos, con el propósito de que su atención sea oportuna, adecuada e integral, y
III. Asesorar a la víctima u ofendido de delitos y proteger y defender sus derechos.
