Entidades prefieren usar recursos <br>del Fonden que prevenir
Si bien los desastres naturales no pueden evitarse, sí es posible tomar medidas preventivas –como la inversión en infraestructura y obra pública- para reducir los efectos que éstos tienen sobre la vida de las personas, sus bienes y la infraestructura pública. Sin embargo, y a juzgar por las decisiones de los gobiernos locales, podría parecer que es mucho más rentable política y electoralmente rescatar a la población de la tragedia, que evitar que caiga en dicha situación.
De acuerdo con datos de INEGI, en los últimos 10 años, el gasto de los estados en obra pública en promedio ha sido menor al 9% del gasto total. Incluso, estados como Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Yucatán y Tabasco gastan en promedio 5% o menos en obra pública.
La inversión en obra pública no sólo es importante por su efecto multiplicador en el desarrollo económico y social; también es una manera de mejorar la infraestructura de una región y evitar, o en su caso, mitigar los efectos que un fenómeno natural puede generar sobre una región específica.
México—por sus condiciones geográficas y la calidad de los asentamientos donde vive un alto porcentaje de la población—es una región vulnerable a fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. Es decir, en el país es necesario que la cultura de prevención se vea reflejada en los planes y programas de cualquier gobierno.
En 1997, se creó el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) con el fin de atender los efectos de desastres naturales imprevisibles. El objetivo del Fondo es proporcionar a la población los medios necesarios para regresar a sus actividades cotidianas lo más pronto posible y con el menor número de pérdidas. Aunque uno de los supuestos principales del Fonden es complementar las acciones preventivas estatales, las entidades pueden acceder a los recursos en caso de emergencia, siempre que su capacidad financiera haya sido rebasada por las consecuencias del fenómeno.
Al analizar el ejercicio de recursos del Fonden en los 10 años que ha existido, encontramos que su uso año con año es más frecuente. Además, algunas entidades utilizan el Fondo a causa del mismo tipo de fenómenos naturales. Algunos estados, como Chiapas, Tabasco y Veracruz, han utilizado más del 50% de los recursos totales del Fondo.
El caso de Tabasco es un ejemplo. En los últimos 10 años ha invertido sólo 3% promedio en obra pública al año (el menor gasto promedio del país). Sin embargo, es la entidad que ha ejercido la mayor cantidad de recursos del Fonden en el mismo periodo (el 21.2% de los 52,318 mdp ejercidos entre 2000 y 2009).
Por otro lado, Tabasco da prioridad al financiamiento de su burocracia, ya que destina 34 centavos de cada peso a gasto corriente en servicios personales; en contraste, destina 3 centavos de cada peso a obra pública.
La escasa inversión en infraestructura es un fenómeno generalizado en el país, por eso no extraña que sean muchos los estados que tienen que utilizar el Fonden y que su necesidad financiera ante una emergencia sea tan grande.
Las explicaciones que podemos encontrar a tal situación son: no existen incentivos para que los gobiernos estatales inviertan en infraestructura preventiva; o bien, esta inversión no se corresponde con el tipo de necesidades de las zonas que normalmente se ven afectadas.
En 2011, el presupuesto federal asignado al Fonden equivale al 95% del presupuesto del IFE, 39% del presupuesto anual de la UNAM o 17% del gasto en el Programa Oportunidades. Destinar cada año cantidades como estas en las mismas regiones del país y a causa de los mismos fenómenos, nos obliga a preguntarnos si los gobiernos están haciendo algo para evitar los daños recurrentes que sufre la población.
Para que un fenómeno natural se convierta en desastre, varios factores deben coincidir: magnitud del fenómeno natural, nivel de infraestructura, acceso a servicios y grado de marginación de la zona, densidad de población, así como el material y mantenimiento de las viviendas. La magnitud del fenómeno no se puede evitar; sin embargo, el resto de los factores son sujetos de mejora, por medio de políticas públicas adecuadas.
Si bien, los recursos del Fonden no son condicionados una vez que se ha declarado alerta de desastre natural, es necesario que los organismos encargados de su inspección, fiscalización y vigilancia diseñen mecanismos que incentiven el uso de recursos estatales para infraestructura enfocada a la prevención de daños al patrimonio de los ciudadanos y del propio estado.
Mientras más entidades vean al Fondo como uno más de los rubros de su gasto, menor será la capacidad de respuesta de éste, pues los mismos recursos se utilizarán para más emergencias.
De no existir una planeación estratégica en la infraestructura y prevención, se concluye que la aplicación de recursos del Fonden será solamente reactiva y cada vez menos eficaz, pero sí rentable en términos político-electorales.
