Improcedente, reforma de Duarte contra tuiteros: Ackerman
A pesar de los argumentos del secretario de Gobierno de Veracruz, Gerardo Buganza, quien afirmó que el gobernador, Javier Duarte (@Javier_Duarte), es magnánimo al intentar crear un nuevo delito que baje la condena a los tuiteros encarcelados en la entidad, especialistas ven improcedente y califican incluso como una trampa el “manoseo jurídico” con el que Veracruz busca sancionar a tuiteros con el código penal.
Sobre lo anterior, John Mill Ackerman (@JohnMAckerman), doctor en Sociología Política por la Universidad de California, comentó que “es una trampa” del gobernador con la que buscaría “convencer a estas personas para que salgan de la cárcel bajo fianza”, para lo cual se tendrían que declarar culpables del nuevo delito, lo que dejaría el antecedente de penalización por el uso del Twitter.
Para explicar justo el meollo del asunto, el también investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que “el MP tiene que desistir de los cargos y armar otra prueba de consignación para el nuevo delito” (el cual buscan crear).
Por lo anterior, el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM afirmó que “técnicamente están planteando reclasificar el delito, hacer una nueva consignación”. Sin embargo, el académico advirtió que el gobierno busca convencer que esta nueva ley beneficiaría a los detenidos en lugar de perjudicarlos, aunque en opinión de Ackerman esto es sólo “un manoseo jurídico” para imputarles un delito diferente del que se les acusa.
La razón que impide este manejo jurídico, es el principio de retroactividad incluido en la Constitución mexicana, que por constituir la principal jerarquía legal a cumplirse, no puede ser contravenida por ninguna norma secundaria o local. El artículo catorce de nuestr constitución describe que “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.”
Además afirma el mismo artículo que se debe cumplir un juicio con “las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.” Este punto hace evidente para Ackerman que la creación de un nuevo delito por medio de la reforma que envió Javier Duarte al congreso veracruzano, para acusar a los tuiteros de “perturbar” el “orden público”, no procedería.
Además de lo anterior, el artículo 14 de la constitución también afirma que “queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.”
Ackerman detalló que “el principio de retroactividad de la ley penal tiene que ver con la pena, con el delito” y en este caso “no se está reduciendo la pena por el delito de terrorismo, si se hiciera esto, sería aplicable, si el congreso redujera la pena por terrorismo de 30 años a cuatro, sería aplicable.”
Pero, por el contrario, explicó el columnista de La Jornada y Proceso “lo que está buscando hacer es crear otro delito y acusar a estas personas de un delito que no existía a la hora que ellos tuitearon, lo que es totalmente violatorio al principio de retroactividad de la Constitución.”
Finalmente, reiteró, “si se reduce la pena, se vale, pero no puedes generar otro delito y acusarlos porque lo que estás haciendo es acusarlos de un delito que no existía en el momento de los hechos.”
Además del debate penalista, Ackerman afirmó que “la tendencia internacional es hacia la despenalización de los llamados delitos de prensa”, y afirmó que estos casos “deberían ser materia de un juicio civil y seguir un juicio, mientras el derecho penal no debe ser utilizado en absoluto cuando se trata de la libertad de expresión.”
“Es notable”, para el investigador de la UNAM, “que la atención nacional e internacional en este tema sí ha tenido un impacto”, pues el gobierno veracruzano “está actuando de manera desesperada para que estas personas salgan de la cárcel, lo cual bajaría un poco la presión hacia el mismo, pero no creo que esta sea una salida adecuada y los tuiteros no mordieron el anzuelo.”
El nuevo delito
Además de la polémica por la retroactividad de la ley, la reforma que desean Duarte y Buganza “busca convertir en un delito penal una afirmación”, con lo que “quien afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos, ya sin implicar siquiera el dolo, solamente con afirmarlo y que no existan los explosivos o una amenaza, irá a la cárcel.”
Para el jurista, “evidentemente hay un problema” porque la autoridad deberá probar que los mensajes fueron enviados con dolo y que los usuarios quieren generar zozobra con una afirmación. “El problema es que los detenidos no lo hicieron jugando, sino todo lo contrario para informar a sus seguidores, amigos y colegas.”
Lo que el gobierno estaría haciendo para Ackerman es “castigar el miedo y el chisme, lo que no se puede hacer.” Y, según el mexicano de origen estadounidense, “si bien hay que ser responsable con las redes sociales, el Twitter, pero esto no se va a lograr con el código penal.”
Finalmente, para el académico “el gobierno está castigando los síntomas del miedo, en lugar de atender la raíz del mismo.” Y termina:
“Ya no vas a poder comentar ni a tu novia que tienes miedo de que haya una bomba o de que alguien esté armado”.
