La Jornada publica hoy que funcionarios de alto nivel de áreas de seguridad y justicia del gobierno mexicano que trabajan como informantes para agencias del gobierno de Estados Unidos, revelaron que altos mandos de instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y la Procuraduría General de la República (PGR) tienen que acreditar exámenes de confianza
a que los someten diversas agencias estadounidenses que operan en territorio nacional, antes de ser considerados interlocutores o servidores confiables.
La presencia de corporaciones de Estados Unidos en acciones contra el crimen organizado en territorio mexicano no son exclusivas de la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), sino de al menos ocho instituciones relacionadas con temas de justicia, seguridad nacional, migración, aduanas y tráfico de armas, entre otros, y cuando se trata de casos considerados de alto impacto, como la detención de un capo o un gran decomiso de drogas, químicos o armamento, las reuniones con las contrapartes locales se realizan en un edificio que se localiza en Paseo de la Reforma 225, en la colonia Juárez del Distrito Federal.
Los datos que brindan los agentes extranjeros se consideran claves. Aportan información detallada del objetivo y su ubicación. Además, como si se tratara de un acto de supervisión, participan en los operativos que realizan las corporaciones mexicanas, y cuando éstas no cuentan con el equipo adecuado, los estadounidenses lo donan y capacitan en su uso a los funcionarios nacionales. Esto tiene un costo: los funcionarios locales que participan en las investigaciones, en el intercambio de información y que realizan labores de inteligencia, son sometidos a exámenes de confianza por parte de los estadounidenses; la evaluación incluye aplicaciones en el iris de los sustentantes, que se considera un sistema más barato, eficiente, confiable y rápido que el polígrafo tradicional.
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