La Jornada publica hoy que los dos principales concesionarios de canales de televisión en el país (Televisa y Televisión Azteca) tienen la estructura operativa para transmitir promocionales en el plazo que fijó el Instituto Federal Electoral (IFE). En sus catálogos de oferta comercial estas empresas informan a sus clientes que deben entregar los materiales con tiempo suficiente para su difusión; este plazo no rebasa los tres días. Es decir, precisamente lo que dictó el IFE para sustituir los mensajes políticos (que se difundan en radio y televisión) cuando el contendiente así lo requiera.
En los próximos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dará su veredicto sobre las apelaciones promovidas por los concesionarios y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de la resolución del IFE. La decisión del tribunal –definitiva e inapelable– repercutirá sobre uno de los puntos medulares del modelo actual de comunicación política, que incluye la prohibición a los radiodifusores de vender espacios para la transmisión de mensajes políticos proselitistas.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) señaló que la venta de espacios durante el proceso electoral 2005-2006 dio ganancias a los concesionarios de radio y televisión por más de 2 mil millones de pesos y, como demuestran los monitoreos de ese bienio, hubo días en que se transmitían mensajes casi al doble de tiempo de lo que marca la norma hoy día. Un estudio del IFE, elaborado con el apoyo de la videoteca del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana-Puebla, muestra que en la campaña presidencial de 2006, en los principales espacios de Televisa los espots políticos rebasaron el límite que ahora marca la ley para la difusión de estos materiales.Por ejemplo, el 28 de junio de ese año, 47 por ciento del tiempo de duración del principal noticiero nocturno de esa empresa fue de mensajes político-electorales.
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