Ignoran a gobierno de EU y México: Texas ejecuta a mexicano
En una prisión de Texas, el mexicano Humberto Leal García fue ejecutado con una inyección letal hoy a las 18:00 horas por haber asesinado a la adolescente Adria Sauceda en agosto de 1994.
Antes de ser ejecutado, Leal García pidió perdón a la familia de Sauceda y a la suya por el dolor que les causó. En el proceso estuvieron presentes su hermana, uno de sus abogados y tres amigos.
Momentos antes de la ejecución, los familiares de Leal estuvieron reunidos en Guadalupe, Monterrey, orando porque dieran marcha atrás a la decisión de aplicar la inyección letal a Humberto: “Esperamos que las noticias de Texas sean favorables para nosotros”.
Esta sentencia de muerte fue apelada por el gobierno federal de Estados Unidos por lo que podría representar para los extranjeros arrestados en el país y los estadounidenses detenidos en países extranjeros.
El gobierno mexicano también pugnó por que detuvieran la sentencia, bajo el argumento de que se violaron los acuerdos internacionales sobre asistencia consular a extranjeros detenidos.
Sin embargo, hoy la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazó las solicitudes para suspender la ejecución de Leal García.
En una decisión 5-4, el magistrado Antonin Scalia rechazó el argumento del Departamento de Justicia de que la ejecución se suspendiera hasta en tanto se aprobara una ley que codificara la decisión de la Corte Internacional de Justicia para extranjeros convictos que no tuvieron acceso a apoyo consular.
Desde el primer párrafo del fallo del máximo tribunal estadounidense se asienta que el crimen cometido por García Leal fue el secuestro de la joven de 16 años Adria Saucedo, a quien violó y mató en Texas en 1995.
El viernes pasado, el Departamento de Justicia pidió a la Suprema Corte suspender la ejecución del mexicano Leal García, con el fin de evitar que Estadosd Unidos incurriera “en la violación irremediable del derecho internacional”.
La apelación de la administración Obama, interpuesta el viernes bajo el recurso de “Amigo de la Corte” y que se sumó a una similar del gobierno mexicano y de sus abogados, se fundamentó en las obligaciones de Estados Unidos bajo la Convención de Viena de notificaciones consulares.
Pero Scalia mantuvo a nombre de la mayoría de la corte que la ejecución debía proceder argumentando que es inapropiado invalidar el fallo de una corte inferior a la luz de una legislación que aún no existe.
En contraparte, los magistrados David Breyer, Ruth Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan coincidieron con la Casa Blanca en el sentido de que la ejecución pondría a Estados Unidos en “irreparable violación” de sus obligaciones internacionales.
“La corte tiene la autoridad legal para otorgar la violación”, sostuvo la minoría de la corte. De lo contrario, señaló, la corte ignora la apelación del presidente en un asunto relacionado con asuntos exteriores.
