A la baja cifra de desertores pero…
Los Zetas –uno de los cárteles del narcotráfico más violentos– se ha nutrido siempre de militares desertores. Animal Político presenta dos historias sobre cómo esta banda ha reclutado a exmiembros del Ejército, algunos de ellos expertos en el manejo de armas y capacitados por el gobierno estadounidense, y cómo los utilizó para planear un fallido atentado contra el exsubprocurador José Luis Santiago Vasconcelos y asesinar a inmigrantes que cruzan por Tamaulipas.
Por Juan Veledíaz
Su identidad militar fue el secreto mejor guardado por el Ejército hasta principios de este año. Cuando a finales del verano del 2007 el teniente Rogelio López Villafaña, después de 20 años y ocho meses de servicio solicitó su baja de la milicia, fue porque no pudo negarse a la oferta que le habían hecho desde las filas del narcotráfico. Su perfil castrense era de los más cotizados por los barones del narco: tenía una formación en tropas de combate que le valió ser seleccionado para recibir entrenamiento en operaciones especiales antinarcóticos nada menos que en Fort Bragg, la escuela de guerra especial del ejército estadounidense en Carolina del Norte, sede de los célebres Boinas Verdes.
La secretaría de la Defensa Nacional catalogó algunos pasajes de su expediente como “reservados”, aunque la sola mención de su nombre refrescó la memoria de varios militares en servicio activo consultados sobre la trayectoria de este oficial, quien en enero del 2008 quedó “fichado” por los servicios de inteligencia mexicanos y de los Estados Unidos. En aquella fecha ocurrió una captura de tres individuos, entre los que estaban por lo menos dos militares desertores, en circunstancias que a la postre incrementaron el nivel de alerta al interior Ejército.
Todo sucedió en los primeros minutos de la madrugada del 17 de enero de 2008 en el circuito Fuentes del Pedregal, al sur de la ciudad de México, cuando un grupo de seis individuos apostados en el interior de tres vehículos llamaron la atención de una patrulla de la policía local. Cuando se acercaron para pedirles se identificaran, los recibieron a tiros, lo que devino en una persecución y enfrentamiento que minutos después se saldó con la captura de tres de ellos en un terreno baldío. Tras su detención fueron interrogados en las instalaciones de la agencia 50 del ministerio público de la procuraduría capitalina, de donde horas después fueron llevados a la SIEDO, donde la investigación continuó.
Entre los detenidos estaba Francisco de la Cruz Mejía, un desertor que perteneció al servicio de transmisiones militares, José Laguna Anguiano, exsargento de infantería, y José Luis Ochoa Buzo, un civil que tenía antecedentes penales. ¿Qué hacían esos hombres en esa zona residencial? Pocas horas después la PGR informó que los detenidos por la policía capitalina formaban parte de un comando que preparaban un atentado contra el entonces subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, quien solía pasar por esa zona que se encontraba cerca de su domicilio. Aquel era el segundo intento de ataque en menos de un mes que se frustraba contra el funcionario, quien moriría meses después, cuando se accidentó el Learjet donde viajaba junto al secretario de Gobernación Juan Camilo Moriño.
Lo que no se dijo tras aquella captura fue que hubo varios militares desertores implicados en la planeación. Uno de ellos fue identificado como Christopher Soto Domínguez, sargento de infantería, el otro, según varias fuentes consultadas, era el exteniente López Villafaña. El decomiso de un arsenal que utilizarían en el atentado hizo levantar la ceja a más de un alto mando en la Defensa Nacional. Había equipo especial que sólo era utilizado por tropas estadounidenses y de la OTAN, como el lote de lanzagranadas antitanque Rocket HE-66, ideal para el tipo de blindaje que usaban los vehículos donde viajaba el funcionario.
Días después, en circunstancias que aún se mantienen en reserva, López Villafaña fue detenido. De su captura dio cuenta en enero pasado un cable de Wikileaks, donde se hacía referencia a que era el único caso documentado por la Embajada estadounidense de un militar mexicano entrenado por el Ejército norteamericano y reclutado por el narco, entre las docenas de desertores con entrenamiento especial que se han enrolado en las filas del crimen organizado.
De “Halcón” a “Cobra”.
“Solicitamos soldados, tú soldado, si ya te cansaste de maltratos y de que te den de comer sopas maruchan, únete a los zetas, ofrecemos buen sueldo”, se leía en una de las mantas colocadas en puentes y pasos peatonales a finales del 2008 en ciudades de entidades como Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. Por esos días Héctor Huerta Montiel acababa de enrolarse en la milicia pero solía decir a sus allegados que no estaba a gusto. No pasó más de un año cuando a finales del 2009 desertó y se unió en Morelia a la banda paramilitar de los zetas, fundada por individuos que como él, abandonaron el Ejército.
En la región de Tierra Caliente a los jóvenes se les dice “Huaches”, mote con el que Huerta Montiel comenzó a ser identificado dentro de la organización. Había nacido en 1989 en la Huacana, población localizada dentro de esta zona que comprende los estados de Michoacán, Guerrero y Estado de México. Su primera encomienda consistió en vigilar los puntos de venta de droga en la capital michoacana, llevar el reporte e informar a sus superiores de los movimientos, actividad que dentro de la estructura de los zetas está reservada a quienes identifican como “Halcones”. Debido a que conocía el manejo de armamento que en el Ejército se proporciona en el curso de adiestramiento básico, uno de sus familiares que ya tenía más tiempo en la organización, lo recomendó y fue enviado a un entrenamiento especial en un campamento de la banda en Saltillo, Coahuila. A los pocos meses se unió al comando que viajó a Mazatlán para reforzar al grupo de los Beltrán Leyva, en su disputa territorial que mantenían contra la organización de Joaquín Guzmán e Ismael Zambada por el sur de Sinaloa.
En su declaración hecha ante la Policía Federal en junio pasado cuando fue detenido en Zacatecas, dijo que su ascenso en la organización continuó pues al poco tiempo fue nombrado jefe de un grupo de informantes en Veracruz. Meses después ascendió a “Cobra”, como los zetas llaman a los ayudantes armados encargados de la seguridad de los jefes regionales. Trasladado a Tamaulipas, su tarea consistió en secuestrar víctimas civiles y someter a rivales, identificar los blancos y dar apoyo logístico a los pistoleros.
Su jefe era Salvador Martínez Escobedo, otro militar desertor, con quien se entendió tan bien que le delegó el control de los caminos y carreteras aledañas a San Fernando. A partir de entonces el “Huache” cobró notoriedad por el plagio de autobuses de pasajeros, el asesinato de migrantes y la distribución de las osamentas en las fosas clandestinas halladas hace unos meses. Era parte de la rutina, dijo, que ordenó el jefe supremo de la organización, Heriberto Lazcano.
A diferencia de otros integrantes de los zetas catalogados como desertores de la milicia, de quienes la secretaría de la Defensa Nacional proporcionó hasta el gobierno pasado datos de sus hojas de servicios militares vía IFAI, en los últimos años la dependencia ha limitado el acceso y en la mayoría de los casos, como el expediente del “Huache” y su jefe aún prófugo Martínez Escobedo, los datos disponibles son mínimos. Pese a que en el caso de Huerta Montiel existe un video en internet con sus declaraciones donde repasa su trayectoria, su nombre y fecha de ingreso a la milicia son lo único que resalta de su expediente donde todo lo demás fue censurado.
A la baja deserciones con Calderón
Los radiogramas han sido enviados desde hace varios meses por los comandantes de las 46 zonas militares del país. Van dirigidos a jefes y oficiales del ejército en los que se incluyen a los integrantes de las fuerzas especiales. Cada una de las 12 regiones militares, que tiene bajo su jurisdicción varias zonas, ha utilizado un tono conciliador, de apoyo y ayuda mutua donde les piden a los militares de carrera que hagan recomendaciones al mando sobre qué hacer para evitar las deserciones.
Del Estado Mayor de la Defensa salieron también oficios donde les solicitaron datos sobre su entorno familiar, su vida que llevaron de civil, sus actividades cuando están de descanso –qué hacen, con quien se reúnen, con qué frecuencia y dónde—. La petición también se extendió en torno a datos de sus cuentas bancarias, si tienen o heredaron propiedades, y el patrimonio familiar. El objetivo: tener un mapeo del entorno social, familiar y financiero.
La decisión se tomó, explica un oficial entrevistado en el Campo Militar de la ciudad de México y quien solicitó reserva sobre su identidad, porque cada vez más han aumentado las ofertas de los zetas a los jóvenes oficiales.
¿A quiénes buscan o qué buscan los barones de las drogas?
– Reclutan a quienes tienen cursos en el extranjero.
– Les interesa conseguir todo tipo de manuales militares.
-Les interesa información sobre desplazamiento de tropas y órdenes de operaciones. Quieren más datos.
De ahí que en el Ejército hayan tomado varias decisiones, como el prohibir el uso de celulares con cámara en instalaciones castrenses y reforzar los controles sobre oficiales y jefes.
A partir del 1 de diciembre del 2006, en que inició la gestión de Calderón, hasta el 31 de mayo pasado, de acuerdo a una solicitud de acceso a la información, la cifra de militares desertores se situó en 39 mil 670 casos, de los cuales poco más de 300 son oficiales y jefes con algún tipo de preparación especial.
Del total de deserciones, la Defensa Nacional aseguró que la cifra es global y no la tiene catalogada por unidad o área del ejército a la que pertenecieron. A diferencia del gobierno de Vicente Fox, en que se registraron poco más de 110 mil deserciones durante su gestión, con un promedio de 49 casos por día, en el actual gobierno la cifra se ha reducido a 24 expedientes diarios.
Como ocurre en este tipo de peticiones, la dependencia argumentó desconocer cuántos de éstos han engrosado las filas de la delincuencia organizada.
Aquí la respuesta de Sedena:
