México va contra la ley antiinmigrante de Utah
El gobierno de México presentó ante la Corte de Distrito en Salt Lake City, Utah, un escrito para fungir como Amicus Curiae o Amigo de la Corte en la controversia contra la Ley HB497, que podría afectar los derechos de mexicanos residentes en ese estado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que esta acción es en apoyo a la demanda de inconstitucionalidad que contra esa ley presentaron diversas organizaciones civiles en Utah.
El gobernador del estado, Gary R. Herbert, promulgó la ley el 15 de marzo pasado, pero debido a la demanda que encabeza la Coalición de La Raza, la Corte ordenó la suspensión provisional de la entrada en vigor de dicha legislación.
En ese sentido y ante la preocupación de que aplicar esa legislación pueda afectar los derechos civiles de los mexicanos que residen en Utah o lo visitan, el gobierno mexicano decidió presentar esa figura jurídica.
El escrito -en el que México se presenta como Amigo de la Corte- viene respaldado también por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.
Mediante este mecanismo, México y los demás gobiernos que lo acompañan pueden presentar elementos de juicio para que la Corte de Distrito perciba con mayor claridad la inconstitucionalidad de la ley controvertida.
Se trata de la misma figura que en su momento se utilizó para oponerse a la aplicación de la Ley SB 1070 de Arizona, que igualmente violaba las garantías individuales de los connacionales, detalló la cancillería en un comunicado.
Al respecto, la SRE destacó que México desplegará todas las medidas necesarias y acudirá a todas las instancias posibles para responder a cualquier violación a los derechos fundamentales de los mexicanos en el exterior, sin importar su estatus migratorio.
¿Otra ley antiinmigrante?
El pasado 15 de marzo Utah promulgó una ley estatal que suspende la persecución de indocumentados y les concede permiso para trabajar y residir en la entidad; sin embargo, algunos activistas acusaron que incluye medidas antiinmigrantes parecidas a las aprobadas con la llamada Ley Arizona, SB 1070.
El gobernador Gary Herbert dijo que esta nueva ley crearía el primer programa estatal de “trabajadores huéspedes”, bajo el cual el estado otorgaría permisos a inmigrantes indocumentados para continuar viviendo y trabajando en la entidad.
Sin embargo, con esta ley la policía tendría que verificar la situación migratoria de cualquier persona que sea arrestada por un crimen o falta seria, lo que según algunos activistas deja abierta la puerta a la discriminación racial.
Las demandas
Después de la promulgación de la ley, el 3 de mayo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) interpusieron una demanda contra el gobernador de Utah y el Fiscal General del estado, Mark Shurtleff. Estas organizaciones son las mismas que demandaron en 2010 a la ley SB1070, de Arizona.
La directora ejecutiva de ACLU en Utah, Karen McCreary, dijo al diario The Salt Lake Tribune que decidieron demandar porque esta ley “es engañosa y se perfila como una versión mejor y más apacible de la discriminatoria Ley Arizona”.
Con información de Notimex.
