La Jornada publica hoy que una comisión mundial formada por ex presidentes y altos funcionarios, empresarios, escritores, artistas y otras personalidades internacionales declaró hoy que la guerra contra las drogas es un fracaso
e hicieron un llamado a dar un giro en el paradigma de cómo abordar el asunto de las sustancias ilícitas, que incluye la despenalización y hasta su regulación legal.
La Comisión Global de Políticas sobre Drogas, integrada por los ex presidentes de México, Ernesto Zedillo; Brasil, Fernando Henrique Cardoso; Colombia, César Gaviria, y Suiza, Ruth Dreifuss, así como por personalidades como el ex secretario de Estado George Shultz, el ex jefe de la Reserva Federal Paul Volcker y el ex secretario general de la Organización de Naciones Unidas Kofi Annan, presentará este jueves su informe con el propósito de impulsar una revisión internacional de las actuales estrategias de la guerra antidrogas. La comisión representa el grupo de más alto nivel que ha hecho un llamado en pro de estos cambios.
En el informe, los integrantes de la comisión afirman que la guerra global contra las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades en el mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención sobre Drogas Narcóticas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y 40 años de que el presidente Richard Nixon lanzó la guerra contra las drogas del gobierno estadunidense, reformas fundamentales en políticas globales de control de drogas son requeridas de manera urgente
.
El informe ofrece pruebas del fracaso, en términos empíricos, de la llamada guerra contra las drogas. Afirma que la producción y el consumo de estupefacientes se ha incrementado de manera dramática, justo durante las décadas en que se proclamó esa guerra. Según cálculos de la ONU, en la década que va de 1998 a 2008 el consumo de opiáceos se incrementó 34.5 por ciento, el de cocaína 27 y el decannabis (mariguana) 8.5 por ciento. El informe resalta que los enormes gastos en políticas represivas contra productores, traficantes y consumidores, claramente han fracasado en limitar efectivamente la oferta o el consumo. Victorias aparentes en la eliminación de una fuente u organización de traficantes son anulados casi en forma instantánea con el surgimiento de otras fuentes y traficantes
. Agrega que las políticas de criminalización contra los consumidores impiden impulsar iniciativas de salud pública para abordar las consecuencias del consumo de droga e implican enormes gastos en encarcelación y otras medidas.
Lea la nota completa en La Jornada.