Denuncia de “ciudadano anónimo”, lo que llevó a la cárcel a Salazar
La presunta denuncia de un supuesto ciudadano anónimo “indignado por la corrupción”, fue suficiente para que el juez Belisario Domínguez Velasco ordenara la detención de Pablo Salazar Mendiguchía, según se desprende del expediente penal 96/2011, que le fue leído al exgobernador.
Durante la audiencia penal que se llevó a cabo al siguiente día de la detención -que por ley es pública pero a la que sólo se permitió la estancia al equipo de comunicación del gobierno de Chiapas, para que la grabara en todos sus detalles- se dio lectura de algunas partes contenidas en el expediente.
Entre ellas está lo que se presentó como la denuncia anónima que un supuesto ciudadano común hizo, y que motivó que se armara una documentación contra el exgobernador Pablo Salazar, integrada por 21 tomos contenido en nueve mil 117 fojas.
El “ciudadano anónimo”, habría declarado: “yo, mi familia, mi comunidad, y el pueblo entero, quienes apenas recibimos lo necesario para nuestra existencia, fuimos afectados (por el presunto uso indebido de recursos públicos) por lo que en nombre de los chiapanecos desfalcados, pedimos se realicen las investigaciones y sancionen estas conductas indeseables”.
“Los pobres quedamos indefensos ante el Estado, a expensas de la tiranía, la corrupción y las arbitrariedades. Solicito justicia contra Pablo Salazar, sus arbitrariedades y sus fechorías”, se señala en el expediente, habrían sido las declaraciones de quien se presenta también como un “ciudadano indignado”.
En el expediente se señala que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) investigó la denuncia anónima, referida el destino del reembolso de un seguro de vida contratado con una aseguradora de nombre Allienz S.A., a beneficio del exgobernador y un grupo de colaboradores, contra quienes actualmente habría ya una orden de presentación.
La investigación señala que al término del contrato del seguro de vida, que fue convenido por el último año del gobierno de Pablo Salazar, la aseguradora Allienz S.A.reembolsó 104 millones de pesos, y que estos recursos fueron repartidos a los mismos beneficiarios del seguro de vida.
El expediente indica que estos recursos fueron tomados por los excolaboradores, varios de ellos secretarios de gobierno, como un “bono sexenal”; las cantidades que alcanzaron una vez distribuido el recurso entre los beneficiarios, fue de 500 mil pesos en promedio.
A raíz de este hecho la PGJE turnó el expediente al juez Tercero de Distrito, Belisario Domínguez Velasco, el 7 de junio a las 9 de la mañana. Tres horas después el juez ya habría analizado los 21 tomos contenidos en varias cajas, de forma tal que a las 13 horas giró la orden para que ese mismo día, agentes estatales detuvieran en el aeropuerto de la ciudad de Cancún, al exmandatario.
Los delitos que el Ministerio Público consideró habrían cometido los exfuncionarios de gobierno, son asociación delictuosa, mal uso del servicio público, peculado y otros; y de acuerdo a lo que se dio a conocer durante la audiencia pública de presentación de Pablo Salazar ante el juez Belisario Domínguez, en el expediente penal también se encuentran como beneficiarios del reembolso del seguro de vida:
Evelio Rojas Morales, exsecretario de Planeación y Finanzas; David Sol Corzo, exsecretario de Pesca y actual notario Público; Patricia Flores, exsecretaria particular del Gobernador, Nelda Patricia Camacho, exsecretaria de Administración; Mario Bustamante, exdirector de la Comisión Estatal del Agua; David Tovilla, exdirector de Comunicación Social; Socorro Domínguez, exsecretaria de Vivienda, y actualmente detenida por presuntas irregularidades administrativas cometidas en el uso de los recursos destinados a la construcción de viviendas para los damnificados por el huracán Stan.
Socorro Zebadúa, aún estando recluida en el penal por una causa distinta, fue interrogada el 6 de junio –un día antes de la detención de Pablo Salazar en torno al reembolso del seguro de vida. Su declaración, y Eduardo José Chanona, exsubsecretario de Recursos Humanos, y actual Director General de Recursos Humanos del actual gobierno; fue tomada también como elemento de prueba para girar la orden de presentación y detención de Pablo Salazar.
Al final de la audiencia, en la que el exgobernador Pablo Salazar se declara inocente, sus abogados defensores solicitaron al juez haga comparecer a las personas que se citan el expediente como declarantes contra Salazar, a fin de que amplíen sus testimoniales y sean considerados elementos para su resolución del auto de libertad o de formal prisión.
También ofrecen como pruebas a favor un peritaje en materia administrativa para constar que la compra del seguro de vida y el uso del reembolso fue un acto legal del cual se dejó constancia en los archivos que le fueron entregados al actual gobierno.
Será el próximo 14 de junio cuando el juez Belisario Domínguez defina si hay elementos para que el exgobernador enfrente el proceso penal en prisión, y dicte su auto de libertad o de prisión.
