Liberan en Quintana Roo a <i>presunta culpable</i> indígena
Basilia Ucan Nah es una indígena de 43 años, que sólo habla el maya y que no lee ni entiende el español. Pese a ello, el 26 de julio de 2007, según consta en actas ministeriales, esta madre de siete hijos admitió ante el Ministerio Público tener nexos con dos adolescentes víctimas de explotación sexual, que medio año antes habían sido rescatadas de un burdel en Carrillo Puerto, uno de los municipios más pobres de Quintana Roo.
El cabello de Basilia es negro, lacio y largo, a pesar de lo cual en aquel año fue identificada por las autoridades estatales como la “señora güera” que, según el testimonio de las víctimas, se encargaba de abastecer de menores de edad al prostíbulo desmantelado, y del que las adolescentes presuntamente prostituidas sólo pudieron salir luego de que una llamada anónima dio pie a un operativo policiaco.
La estatura de Basilia tampoco es mucha, y aún así el Ministerio Público quintanarroeanse la señaló en julio de 2007 como “Dina”, la mujer encargada de “buscar jóvenes” para el burdel y quien fue descrita por los lenones detenidos durante el operativo como una señora “gorda, morena y alta”.
Con base en dichos testimonios, Basilia “fue presentada mediante engaños al MP y detenida, sin explicarle los motivos ni mostrarle la orden del juez”, explica el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (agrupación civil que asumió la defensa de la acusada) y, además, destaca que la indígena maya tampoco contó con un abogado ni estuvo en condiciones de verificar que sus alegatos de inocencia fueran correctamente traducidos en el acta levantada, misma que luego fue presentada como una confesión incriminatoria.
Pero las anomalías no acaban ahí: de las dos menores que supuestamente fueron explotadas sexualmente, una negó ser víctima al afirmar que “nunca tuve relaciones sexuales con nadie y a esa persona que le dicen Basilia yo no la conozco”; mientras que la segunda menor reconoció que inicialmente acusó a Basilia porque “los judiciales me dijeron que firmara (la declaración en su contra) y tuve miedo”, por lo que, aclaró, “yo no estoy denunciando a esta señora”.
Además la “persona de confianza” que acompañó a la acusada al rendir su primera declaración, resultó ser un policía que no sólo no era conocido de Basilia, sino que en realidad no estuvo durante la diligencia y, posteriormente, sólo reconoció que firmó el acta “porque así se lo había pedido el agente del Ministerio Público”.
A pesar de todo ello, en 2008 esta mujer indígena fue sentenciada por un juez local a purgar 12 años de cárcel por los delitos de lenocinio y explotación sexual infantil.
Ayer, sin embargo, y después de tres años de apelaciones, Basilia se unió a la lista de presuntos culpables que recuperan su libertad, luego de que el Supremo Tribunal de Justicia de Quintana Roo determinara que en su contra se siguió un proceso irregular, carente en absoluto de procedimientos científicos y sustentado solamente por falsas acusaciones, obtenidas a través de amenazas de la policía en contra lo mismo de las víctimas, que de los acusados y los testigos relacionados con el caso.
Expiación mediática
“El caso de Basilia –señaló ayer el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a través de su Área de de Comunicación y Análisis, tras darse a conocer su exoneración– es muestra clara de que el Estado mexicano no busca sancionar efectivamente a los responsables de los delitos, sino expiar mediáticamente su incapacidad para hacer justicia, mediante la vulneración de las garantías individuales de personas inocentes.”
Producto de tales anomalías, informó la agrupación civil, resultaron violados los derechos de Basilia a la libertad personal, a un juicio justo, así como a no ser discriminada por su condición de mujer y de indígena.
Y es que, se abundó, “las diversas instancias de gobierno han privilegiado el aumento de la población penitenciaria como indicador de eficiencia, criterio con el que se hace de la prisión un espectáculo que oculta la incapacidad real de las instituciones para sancionar debidamente los delitos”.
Así, concluyó el Centro Pro, mientras que personas inocentes son encarceladas para simular la acción efectiva de la justicia, “93% de los verdaderos delincuentes en México no son sancionados”.
