Dos años después, el “Michoacanazo” <br>sigue vivo para la PGR
Hoy se cumplen dos años de la investigación encabezada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a través de la cual fueron detenidos 34 funcionarios locales y uno federal de Michoacán, presuntamente vinculados con el narcotráfico, quienes hoy se encuentran libres.
La mayoría de estos servidores públicos fueron reinstalados en sus funciones y operan, desde instancias administrativas hasta puestos clave en las áreas de seguridad y de justicia, de manera normal en aquella entidad. Los que quedan pendientes buscan, a través de procedimientos administrativos, regresar a trabajar.
Sin embargo, para la Procuraduría General de la República (PGR), a quien pertenece la SIEDO, la investigación ni está cerrada ni las acciones realizadas se pueden considerar como un fracaso.
Una fuente cercana a las investigaciones confirmó a Animal Político que no se han agotado todas las instancias jurídicas a las que el Ministerio Público tiene derecho y que la presunta culpabilidad de los acusados en una primera instancia ya ha sido avalada a través de distintas acciones judiciales.
“No está cerrada la investigación, se ha dicho que hay varios recursos jurídicos pendientes y uno de ellos es el cumplimiento de la orden de aprehensión contra Julio César Godoy Toscano Godoy (medio hermano del gobernador Leonel Godoy).
“Pero hay también recursos contratodos ellos que se resolverán en las instancias judiciales, como la inconformidad de la actuación de los jueces ante el Consejo de la Judicatura y también el recurso de revocación de los magistrados”, señaló el funcionario consultado.
La PGR, agregó, más que insistir en las acusaciones tienen que buscar los recursos que tiene a la mano, pues el Ministerio Público es una institución de buena fe que emite responsabilidad contra alguien y quien determina si hay una orden es el juez.
“A nosotros nos avalaron lo que propusimos de origen, pues estas personas estuvieron arraigadas y eso lo otorgó un juez, otro ordenó la aprehensión, pero ya fue en esa sujeción a proceso que fueron quedando libres”, precisó.
Por lo tanto, insistió en que habrá que esperar a conocer las resoluciones que darán las siguientes instancias que hoy revisan los motivos de la liberación de los funcionarios señalados por presuntos vínculos con la organización delictiva “La Familia Michoacana”.
En el caso del legislador federal Godoy Toscano, pese a que la Cámara de Diputados aprobó su desafuero, aún las autoridades investigadoras esperan que un juez emita una nueva orden de captura en su contra.
Cuenta pendiente de la procuradora
El expediente contra los funcionarios de Michoacán fue coordinado por la entonces titular de la SIEDO y hoy procuradora General de la República, Marisela Morales Ibáñez, quien dejó pendiente la entrega de buenas cuentas por este caso.
El operativo de detenciones masivas fue apoyado por elementos de la Policía Federal y el Ejército mexicano. El día clave de las capturas fue el 26 de mayo de 2009.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público Federal, lo que motivaron las acciones contra los funcionarios de Michoacán fueron una serie de testimoniales tras la captura de un presunto integrante de “La Familia Michoacana”, a quien como testigo protegido se le identificó solamente como “Emilio”.
Las declaraciones indicaban, entre otras cosas, que presidentes municipales, jefes policiacos y personas que trabajaban en la procuraduría local, principalmente, recibían cifras de entre 50 mil y 200 mil pesos mensuales por proteger a la citada organización delictiva.
Hasta este momento, los señalamientos no han sido lo suficientemente sustentados y no se cuenta con el contacto con el supuesto testigo protegido, de acuerdo con las primeras resoluciones de los jueces.
Estas indagatorias, que siguen abiertas, fueron heredadas a la actual subprocuradora Patricia Bugarín, quien hoy tiene la obligación de darle seguimiento al asunto conocido como “El Michoacanazo”.
El lunes pasado, el gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, dijo públicamente que esperará “hasta el fin de su mandato” una disculpa pública por parte del gobierno federal por la irrupción ilegal de agentes en instalaciones de su gobierno, sin un procedimiento oficial, para realizar las detenciones que al final no resultaron válidas.
Contrario a lo señalado por funcionarios de la PGR, para el gobernador “el acto procesal penal ya concluyó”.
Los acusados libres:
Presidentes municipales
Antonio González Rodríguez, alcalde de Uruapan.
Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, alcalde de Zitácuaro.
Genaro Guízar, alcalde de Apatzingán.
Mariano Ortega Sánchez, alcalde de Lázaro Cárdenas.
José Luis Ávila Franco, alcalde de Ciudad Hidalgo.
Adán Tafolla, alcalde de Tumbiscatío.
Audel Méndez Chávez, alcalde de Coahuayana.
José Cortés Ramos, alcalde de Aquila.
Osvaldo Esquivel Lucatero, alcalde de Buenavista Tomatlán.
Uriel Farías Álvarez, alcalde de Tepalcatepec.
Mario Manuel Romero Tinoco, alcalde de La Huacana y académico.
Jairo Germán Rivas Páramo, alcalde de Arteaga.
Armando Medina Torres, alcalde de Múgica.
Funcionarios de procuración y administración de justicia
Miguel García Hurtado, procurador de justicia estatal.
Lorenzo Rosales Mendoza, agente del Ministerio Público Federal (el único del ámbito federal).
Jaime Liera Álvarez, juez.
Ramón Ponce Ponce, asesor de la procuraduría de justicia.
Ignacio Mendoza Jiménez, subprocurador de Justicia del Estado.
Gabriela Mata, policía ministerial.
Irlanda Sánchez Román, policía ministerial.
Alfredo Ramírez García, policía ministerial.
Noé Medina García, policía ministerial.
Faraón Martínez Molina, policía ministerial.
José Lino Zamora, abogado litigante.
Funcionarios de seguridad pública
Mario Bautista Ramírez, director de Seguridad Pública del estado.
Roberto Rubio Vázquez, director de Seguridad Pública de Tumbiscatío.
Victorino Jacobo Pérez, director de Seguridad Pública de Arteaga.
Citlali Fernández González, secretaria de Seguridad Pública estatal.
Baldomero Morales, policía municipal de Lázaro Cárdenas.
Antonio Sánchez Gaytán, policía municipal de Lázaro Cárdenas.
Funcionarios administrativos
Salvador Dionisio, director de Obras Públicas de Arteaga.
Abel Salazar, síndico de Lázaro Cárdenas.
Ricardo Rubí Bustamante, director de Sin Financia.
Juan Gaona Gómez, jefe de agentes de la Secretaría de Gobierno.
Israel Tentory García, asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno estatal.
Poder Legislativo
Julio César Godoy Toscano, diputado (no ha sido detenido).
