Debe IFE trabajar en tres frentes para “blindar” proceso electoral
El Instituto Federal Electoral (IFE) debe trabajar en tres frentes para “blindar” el proceso electoral de 2012, en el que se renovará la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, consideró el consejero electoral Benito Nacif.
En entrevista, Nacif explicó que en primer lugar el órgano electoral debe laborar en el frente interno, lo que significa perfeccionar sus instrumentos para detectar irregularidades y la posible infiltración de dinero ilícito en las campañas.
Indicó que el segundo punto es que el IFE debe ser el coordinador de los partidos “en esto que llamamos la política del blindaje, que básicamente significa que a partir de los institutos políticos se empiezan a construir mecanismos para conocer la trayectoria de precandidatos y candidatos”.
Dicha información, dijo, se debe poner a disposición de las autoridades encargadas de hacer las investigaciones, para detectar eventuales vínculos con el crimen organizado y se proceda de acuerdo con la ley, sobre todo para inhibir.
Como tercer frente, mencionó, es la relación con las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la seguridad pública, porque aunque el IFE no es policía se puede coordinar con esas autoridades para realizar su trabajo cuando detecte alguna irregularidad.
Benito Nacif manifestó que si se trabaja en estos tres frentes, el IFE puede hacer una contribución importante para evitar el ingreso de dinero ilícito a las campañas y que haya precandidatos o candidatos que pudieran tener algún vínculo con el crimen organizado.
Sin embargo, dejo en claro que no depende del órgano electoral esta situación, sino que el instituto debe ser el coordinador con partidos y trabajar de forma muy estrecha con las autoridades de seguridad.
Más adelante, señaló que en el sistema político mexicano el control sobre la acción de las instituciones procuradoras de justicia recae fundamentalmente en el Poder Judicial.
Este poder, dijo, es la principal garantía con la que cuentan los mexicanos, particularmente los partidos, contra el uso político de la justicia, por lo que debe actuar de forma clara para evitar que se haga esto durante los procesos electorales.
Comentó que en casos como el del ex candidato perredista al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, el IFE se limitó a acatar una instrucción de un juez para darlo de baja porque perdió sus derechos políticos.
El consejero electoral, puntualizó, son los jueces quienes deben vigilar que las decisiones contra un precandidato o candidato se tomen con estricto apego a la ley, y que no sean motivaciones político-electorales las que lleven a las procuradurías a proceder contra los ciudadanos.
