Transparencia, sin avances en nuevo gobierno poblano: especialistas

A 50 días del arranque del gobierno de Rafael Moreno Valle se arrastran rezagos en materia de transparencia y rendición de cuentas aun cuando la opacidad con la que se manejó el presupuesto durante el sexenio de su antecesor, el priista Mario Marín,  fue uno de uno de los principales motores en su campaña electoral.

En ese periodo, la respuesta a varias solicitudes de información han sido similares a las que presentó en su momento el gobierno marinista para negar el acceso a la documentación oficial, de acuerdo con cuatro testimonios de especialistas en la materia, catedráticos y representantes del sector empresarial, recogidos por Animal Político

Y aun cuando el pasado viernes se firmó un convenio de colaboración entre la administración morenovallista y la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), en los hechos la agenda del primer gobernador poblano emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN) no ha considerado como prioritaria la reforma a la ley de transparencia.

Uno de los temas pendientes es dotar de autonomía al órgano garante y corregir las deficiencias que dejó la legislatura pasada en la materia las cuales llevaron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a impugnar por inconstitucional el marco normativo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN).

Prometió, eso sí, que al finalizar los primeros 100 días de gobierno la secretaría de Administración presentará un informe sobre los ahorros que se han conseguido en el gasto público y un comparativo sobre el gasto que se ejerció en la administración pasada en rubros como licitaciones, adquisiciones, rentas y contratos.

“Queremos que el recuento sea completo, de cara a la sociedad y que sean los poblanos los que hagan un comparativo con datos oficiales de lo que gastaba la anterior administración y lo que se gasta ahora, por lo que al cumplir los cien días de mi gobierno, la Secretaría de Administración encabezada por José Cabalán Macari, dará a conocer los resultados de este comparativo (…) Quiero demostrarles cuanto se puede ahorrar”, dijo.

Temor a la transparencia

“Mi impresión personal es que no hay una voluntad política por parte del jefe del ejecutivo, me parece que hay un temor en el tema de transparencia, y no ha sido persuadido de las ventajas que trae consigo una política de apertura de la información, y se requiere de mucha transparencia para que haya confianza pública.

“Tenemos elementos para pensar que esta confianza no se está cimentado, tenemos más de 50 días y las páginas no se han actualizado, no se ha reforma la ley de transparencia pero sí se hace con una ley que se sacan de la manga (la reforma que derogó los delitos de prensa), cuando en la plataforma de Moreno Valle registrada ante el IEE se establecen compromisos en materia de transparencia que hasta este momento no se han cumplido y no se ven visos de cumplimiento”.

Desde la perspectiva del especialista, hasta el momento las reglas para la transparencia no han cambiado ni se observa “una diferencia sustantiva” entre el gobierno de Marín y la administración de Moreno Valle.

Para Enrique Cárdenas Sánchez, ex rector de la UDLA y actual director del Centro de Investigaciones Espinosa Yglesias, si bien la firma del convenio que el pasado viernes signaron gobierno y CAIP muestran interés de la nueva administración en avanzar en la materia, “llama la atención que el gobernador no haya hablando ni hecho referencia en su discurso del cambio de la ley”.

“Quisiera pensar que es el inicio de una nueva administración y las primeras leyes que se pasaron por el Congreso tienen que ver con los asuntos estructurales, eso es entendible, pero el segundo periodo de sesiones tendrá que ser muy importante para cimentar la relación entre sociedad y en esto la ley de transparencia es muy importante, pues otorga credibilidad y rentabilidad política”.

Para Cárdenas Sánchez, la modificación al marco normativo es también una urgencia para que Puebla pueda salir de los últimos lugares en que se ha ubicado en las varias evaluaciones de transparencia nacionales, solamente el centro que él dirige le otorgó 4.2 puntos sobre 10 posibles.

Y puntualiza: “Ahora, no es un tema exclusivo del poder ejecutivo, también el poder judicial, el legislativo y los órganos autónomos tienen que ser muy transparentes”.

La petición para que se agilice la reforma también fue puesta a consideración por Lilia Vélez Iglesias, ex comisionada de transparencia en la entidad, a través del blog de la organización México Infórmate que se publica en la versión en línea del diario El Universal:

“El primer mandatario de oposición que hay en Puebla acusó en múltiples ocasiones a su antecesor de ser opaco, así como de impedir el acceso a información pública y ofreció que su gobierno sería diametralmente diferente. Eso, ni más ni menos, le exigimos los poblanos”.

En el escrito, la también directora de la carrera de periodismo en la Universidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep) pidió al gobernador Moreno Valle “cumpla todas las promesas que hizo en campaña y que incluyen, además de la reforma a la ley, lo siguiente:

1) transparentar los procesos de adquisiciones y de obra pública del gobierno del estado;

2) sistematizar la información relacionada con la declaración patrimonial de los servidores públicos para facilitar su manejo y análisis, así como comprobar su veracidad, sancionando cualquier anomalía;

3) reorganizar la operación de la Secretaría de Control y Evaluación de la Administración Pública, a efecto de que cumpla con sus funciones de evaluación y vigilancia en forma técnica, jurídica y contable, sin presiones políticas y garantizando la integridad de los funcionarios adscritos a esa dependencia

4) todas las instancias, gubernamentales o no, que sean financiadas con dinero público, tendrán que informar, de manera directa cómo manejan sus recursos

5) Las y los legisladores tendrán la facultad de obtener información veraz de cualquier dependencia pública; toda persona requerida estará obligada a comparecer ante las comisiones legislativas bajo protesta de decir verdad y 6)  El gobierno estatal informará del estado que se encuentran todos los títulos y bonos emitidos para los mercados de capitales nacionales e internacionales a fin de conocer los montos totales y desagregados por institución y plazos”.

A cuentagotas

La información oficial ha fluido a cuentagotas. Las páginas de transparencia, calificadas por la CAIP durante la administración marinista con puntajes de entre 50 y 27 sobre 100 puntos posibles, todavía no han sido actualizadas.

Uno de los apartados que permitiría conocer los montos de los recursos entregados a particulares se encuentra “en proceso de integración” desde el 3 de mayo de 2010.

Y, hasta el momento, es imposible conocer desde las páginas de transparencia los contratos de arrendamiento que mantiene la administración estatal, a pesar de que la ley ordena su publicación.

Una inmersión en los sitios de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación, ambos espacios que cuentan con oficinas y bodegas rentadas, arroja la siguiente respuesta: “No se tiene a la fecha contratos de arrendamientos celebrados”, una respuesta que fue incluida en el portal a las 20:39 horas del 9 de Diciembre de 2009.

Y para conocer las nuevas evaluaciones a los sitios oficiales habrá que esperar mes y medio más, pues la CAIP acordó otorgar una prórroga de 90 días a la nueva administración para revisar si se cumple con la publicación de la información básica, según explicó su presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena:

“No se han aplicado aún las evaluaciones por acuerdo del pleno, se determinó otorgar un periodo de gracia para que el sistema electrónico estatal se adecue a la reforma a la ley orgánica de la administración pública (se crearon nuevas secretarias). Es importante que concluyan ese proceso para que podamos hacer la evaluación”.

Aunque también existen casos en los que el gobierno estatal ha comenzado a abrir los archivos a temas polémicos y tabús de la administración pasada.

En respuesta a la solicitud de dar a conocer el gasto en comunicación de la administración pasada el gobierno de Moreno Valle primero respondió que dicha información no estaba en las actas de entrega-recepción, más tarde, y tras la presentación del recurso de revisión de este reportero el archivo fue abierto para su consulta.

Un candado a la transparencia

Antes de irse la legislatura pasada, dominada por el PRI y la que avaló las cuentas públicas de los últimos tres años del gobierno de Mario Marín, dejó un candando económico para evitar las miradas en la información sobre los recursos públicos y su distribución.

Con el voto de la mayoría priísta, pero también de los panistas, los diputados aprobaron una Ley de Ingresos (artículo 33) que ordena que “la información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público (…) sólo se entregará en forma impresa y certificada”, después tasaron en 75 pesos por folio las copias certificadas.

Pero además establecieron (artículo 36) que para la entrega de la información el solicitante está obligado a presentar copia de su RFC o de su CURP, situación que viola el artículo sexto constitucional y la ley de transparencia del estado.

Esto fue denunciado por la presidenta de la CAIP quien además pidió al Congreso del estado que reforme la Ley de Ingresos para que se elimine este candado y evitar que el gobierno utilice ese tipo de argumentos legales, como de hecho ya se hace.

Y hay ya cuatro recursos de revisión interpuestos ante la CAIP por esta razón, pues la respuesta de la administración morenovallista ha sido obligar a pagar copias certificadas a solicitudes de copias simples, pasando los costos de 20 pesos –a razón de dos pesos folio— a 750 pesos.

Ibarra Cadena también lanzó la petición para el Congreso del estado corrija esta situación, pero hasta el momento los legisladores no han hecho eco de la solicitud, lo que augura que esto podría mantenerse hasta la corrija al redactar la Ley de Ingresos para el próximo año.

“El balón –concluye la funcionaria— está del lado de los legisladores, si existe voluntad se puede reformar la ley de ingresos del estado”.