¿Servidor público, corrupto y puedes probarlo? Habrá <i>premio</i> para ti
El Senado aprobó la entrega de estímulos y beneficios económicos a los particulares que denuncien actos de corrupción de servidores públicos, así como el establecimiento de la denuncia anónima en estos casos.
Las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos establecen que de comprobarse infracciones graves, los servidores públicos involucrados serán inhabilitados de 10 a 20 años y destituidos del cargo.
Los cambios establecen la obligación del gobierno federal de proteger a los ciudadanos y servidores públicos que presenten estas denuncias, para evitar que sean hostigados en sus centros de trabajo, y que los particulares reciban atención adecuada.
Los estímulos económicos serán entregados por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que fijará los montos, sólo a particulares que denuncien actos de corrupción, mientras que los servidores públicos que lo hagan recibirán un reconocimiento no económico.
Las quejas y denuncias deberán ser presentadas por escrito o a través del sistema de recepción de quejas y denuncias, y deberá incluir elementos de identificación del servidor público involucrado y las pruebas con las que se cuente.
Si el servidor público no resulta responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que estuvo suspendido.
Por su parte, la SFP será la encargada de otorgar los beneficios económicos en favor de las personas que proporcionen información cierta, suficiente y relevante.
De igual manera, formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público si de la investigación se desprende el incremento sustancial del patrimonio del servidor público sin justificación de su procedencia lícita.
Sin embargo, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo García Cervantes, dijo que no bastan sanciones administrativas, pues es necesario consignar penalmente a los servidores públicos corruptos para acabar con esas prácticas y evitar la impunidad.
Por su parte, el legislador del PT, Ricardo Monreal, manifestó su preocupación por el establecimiento de las denuncias anónimas “motivadas por una dádiva, una recompensa o estímulo económico que pagará la Secretaría de la Función Pública de su presupuesto”.
El senador del Partido del Trabajo (PT) destacó que las reformas no precisan el monto que se otorgará a los denunciantes de irregularidades de los funcionarios públicos, y exigió castigar penalmente a los servidores públicos que cometan actos de corrupción.
Con información de Notimex.
