Alcalde californiano intimida a cónsul mexicano con “La Migra”

El alcalde de Santa María, California, de 100 mil habitantes —en su mayoría hispanos— amenazó al cónsul mexicano con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y a la Policía si continúa expidiendo un documento de identificación que les permite a los indocumentados hacer ciertos trámites, incluida la apertura de cuentas bancarias.

“Cuando me entregó la carta el alcalde Lavagnino en su despacho quedé casi sin palabras. Luego pensé en cómo él está prohibiendo a un gobierno hacer su trabajo“, dijo Flores.

No está claro qué tipo de intervención espera el alcalde Lavagnino, quien no respondió a dos llamadas telefónicas y a tres visitas que la AP le hizo a su despacho. Su portavoz Mark Van De Kamp afirmó no saber nada de la carta.

Tampoco está claro cuál es el motivo del alcalde para haber escrito esa carta. Pero, aparentemente, las causas del malestar se remontan al pasado 4 de abril. Ese día, en la sede de la organización sin ánimo de lucro United Way de Santa María, el consulado mexicano estaba repartiendo las fichas que asignan turnos para el consulado móvil.

Estos eventos son muy populares porque el consulado se desplaza a zonas rurales y localidades remotas a prestar sus servicios de expedición de pasaportes, matrículas consulares, registro de niños nacidos y notarización de documentos, entre otros.

“No pasó nada, sólo que había mucha gente, las colas daban la vuelta por todo el estacionamiento y los negocios vecinos se molestaron. Pero no hubo ningún incidente”, dijo Edward Taylor, director de la United Way en Santa María.

Al día siguiente, se cambió de lugar para entregar las fichas y el cónsul fue a hablar con el alcalde. Fue entonces cuando Lavagnino le entregó la carta. Ese fin de semana —9 y 10 de abril— se iba a celebrar el consulado móvil y Flores le pidió al alcalde respetar la fecha por la cercanía y así ocurrió.

El cónsul Flores se encuentra a la espera de instrucciones de la cancillería mexicana y dijo que el gobierno mexicano hizo una solicitud al Departamento de Estado, cuyos detalles se desconocen.

“Vamos a continuar con nuestra labor, tendremos prudencia de no hacer nada allí hasta que no tengamos la carta de la Cancillería con las directrices y ellos —a su vez— están esperando la respuesta del Departamento de Estado por ser una situación que involucra la relación de dos países”, dijo Flores.

El gobierno mexicano no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

“Espero que (el alcalde) reconsidere las cosas antes de que sea demasiado tarde. Los trabajadores de este valle van a estar en peligro, los campos estarán vacíos” si se comienza a perseguir a los indocumentados, dijo Raúl Ceja, director de la organización League of United Latin American Citizens (LULAC).

La matrícula consular es un documento expedido por el gobierno mexicano a quienes viven fuera de sus fronteras, con una validez de cinco años y que los inmigrantes utilizan, entre otras cosas, como identificación para abrir cuentas bancarias.

En California, la matrícula también sirve a quienes caen presos por manejar sin licencia porque pueden inscribirse en un programa que les permite cumplir su condena por la contravención fuera de la cárcel, haciendo trabajo comunitario.

Como documento oficial, además, está consagrado en la Convención de Viena de 1963, pero su aceptación como forma de identificación depende del criterio individual de bancos, dependencias oficiales, condados y la policía.

Flores indicó que en los tres condados que sirve su consulado —Oxnard, Santa Bárbara y San Luis Obispo— cinco bancos aceptan esas identificaciones.

La vocera del ICE en la zona oeste de California, Lory Haley, dijo no estar al tanto de la carta y destacó que ese organismo “le da prioridad” a la captura “de extranjeros delincuentes, que representan un riesgo para la seguridad de las comunidades”.

Añadió que las matrículas consulares “no le dan a las personas un status migratorio legal ni el derecho a residir en Estados Unidos” y “no deben ser vistas como documentos válidos con esos fines”.

Con esta carta, el alcalde se sumó al esfuerzo de algunos estados para impedir que la matrícula consular sea expedida o tenida como documento válido de identificación.

A finales de marzo, la Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobó el proyecto de ley HB-33 que establece que ningún documento expedido por embajada o consulado del extranjero pueda ser tenido como forma de identificación válida. El proyecto está siendo considerado ahora por el Senado estatal.

En California, en junio de 2010, la representante federal Dana Rohrabacher viajó en helicóptero a la isla de Santa Catalina para confrontar al cónsul adjunto de México en Los Angeles, Juan Carlos Mendoza, quien se aprestaba a emitir las matrículas en dicho lugar. La acción generó controversia entre la comunidad del lugar, que la interpretó como una actuación de parte de la representante para mostrar a la isla como un refugio para indocumentados.

Por ser Santa María —ubicada en el condado de Santa Bárbara, al sur de California— una comunidad principalmente inmigrante con 57,328 hispanos que representan un 67% de la población, la carta de Lavagnino ha sido considerada como una bofetada y una afrenta para la comunidad inmigrante.

“Cada vez los ataques a la población inmigrante son más despiadados”, dijo Antonio Rivera, de la organización El Pueblo, quien asegura que la carta es una encerrona.

“Esta carta contradice totalmente lo que dijimos el año pasado en reuniones del Concejo, es irrespetuosa al decirle a un consulado lo que puede o no puede hacer y no ve más allá,” expresó Hilda Zacarías, quien fue concejal de Santa María por cuatro años.

Zacarías recordó que en una reunión de noviembre del año pasado Lavagnino dijo que la ciudad no gastaría sus recursos en acciones que corresponden al gobierno federal.

“El ICE fue invitado a la reunión y dijo que ellos no arrestan personas que están en el país para trabajar, sino que invierten sus recursos en tráfico de humanos, tráfico de drogas y en combatir actividades ilícitas”, dijo Zacarías.

El cónsul Flores señaló que en el condado de Santa Bárbara hay 600.000 mexicanos que solicitaron matrículas consulares, a los que se sumarían otros 400.000 que no han pedido matrículas. De ellos, el 65% trabaja en el campo, 15% en la industria de servicios, y el 20% restante son comerciantes y profesionales. El gobierno mexicano ha expedido más de 7 millones de matrículas en Estados Unidos desde 2002 a través de sus 50 consulados.

En Santa María, en sus dos avenidas principales —Broadway y Main— hay varios negocios hispanos por cuadra, incluidos el supermercado y carnicería Vallarta, la taquería Carmelita, el restaurante El Campesino y el supermercado La Princesa.

“El montallantas de la esquina, por ejemplo, no es hispano, pero vende o da servicio a un carro de un inmigrante. El dinero de la venta se consigna en un banco. Todos en esta ciudad de una u otra forma vivimos de los inmigrantes”, dijo Taylor, de United Way.

“Conozco al alcalde Lavagnino por muchos años y no puedo creer que haya escrito una carta como esta. Es como encender un cerillo y comenzar un incendio”, dijo Ceja, cuya familia tiene cinco generaciones en Santa María. “No es que nosotros apenas hayamos llegado a esta ciudad como para que el alcalde, en época de elecciones, se ponga a hacerle caso a los pocos que a diario se quejan de que somos una ciudad santuario para los inmigrantes. Nosotros los mexicanos hemos estado aquí desde siempre y sin nosotros no hubiera sido elegido”.

AP