PGR hace investigación por corrupción

La Jornada publica esta mañana que según fuentes gubernamentales, la visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) investiga al subprocurador de Delitos Federales, Arturo Germán Rangel, así como a varios jefes de unidades especiales y directivos de diversas áreas de esa dependencia, por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión, cohecho y otras conductas que violan normas penales y administrativas, derivado del ejercicio de sus funciones.

La investigación se estaría realizando contra una presunta red de corrupción encabezada por funcionarios del círculo cercano al titular de la PGR desde 2009, Arturo Chávez Chávez, quien asumió el cargo entre críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y senadores de oposición.

Entre los delitos que se imputa a los fiscales de la dependencia destacan peculado y enriquecimiento ilícito, cohecho y extorsión, además de proporcionar información confidencial a despachos de abogados penalistas que litigan asuntos fiscales. También se les investiga por haber realizado robo hormiga de toneladas de papel y de los dispositivos conocidos como no-breaks y por el uso de vehículos oficiales para el servicio de sus familiares.

Además de Germán Rangel, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, las indagatorias incluyen a Mario Estuardo Bermúdez, director general de Control de Procesos Federales, área que depende de Francisco Molina Ruiz, subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. Estuardo Bermúdez es investigado por supuesto uso indebido de atribuciones y facultades y otras conductas administrativas que afectaron al patrimonio de la PGR, indicaron los informantes.

Las fuentes ministeriales consultadas indicaron que también están sujetos a investigación Juan Carlos Rincón y Samuel Hernández de Alba, ex titulares de las unidades especializadas en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, y en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, respectivamente. Ambos fueron dados de baja a principios de este mes por no haber acreditado los exámenes de control de confianza para ocupar esos puestos.