Proteger a más de 100 millones de mexicanos de una catástrofe natural, no es un tema prioritario para los diputados federales. Aun cuando en la sesión del martes 15 de marzo guardaron un minuto de silencio por las víctimas mortales del terremoto y tsunami de Japón y exhortaron al gobierno de México a brindar su apoyo solidario con los damnificados, por más de un año han mantenido olvidada una propuesta de ley que de aprobarse permitiría a las autoridades de Protección Civil en el país aminorar los riesgos de una tragedia natural como la ocurrida el viernes 11 de marzo.
Esa iniciativa propone protocolos como la instalación de sistemas de alarmas, habilitación y organización de refugios, aplicación de medidas de salvamento, primeros auxilios y provisión de abastecimientos de urgencia, entre otras cosas; fue presentada y opinada por legisladores que integran las comisiones de Protección Civil y Presupuesto, pero desde que se turnó a la Comisión de Gobernación, hace más de un año, se encuentra archivada.
“No es posible que a pesar de estar presenciando desastres naturales de manera continua, no se cuente con una ley que atienda la realidad que vivimos”, declaró el diputado panista Enrique Torres Delgado, integrante de la Comisión Especial de Protección Civil, quien desde su curul ha sido uno de los 4 legisladores que han impulsado una nueva ley en la materia. Los otros tres legisladores son Fernando Morales Martínez (PRI), Onésimo Mariscales Delgadillo (PRI) y Avelino Méndez Rangel (PRD).
Las ventajas de la iniciativa
Presentada a la Comisión de Gobernación el 9 de marzo de 2010, la iniciativa para reformar la Ley General de Protección Civil contempla una serie de mecanismos que, a consideración de los 4 diputados que la impulsan, ayudarían a mitigar los riesgos de cualquier catástrofe natural.
Los legisladores consideran que muchas de las afectaciones humanas y económicas que se han tenido en el país durante los desastres naturales se debe a la falta de una adecuada cultura de la Protección Civil, de ahí que resulte imperioso reformar la ley con el fin de mitigar los daños.
La iniciativa contempla aumentar las atribuciones del Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con el fin de que sea esa dependencia que supervise que las 32 entidades y 3 mil 440 municipios del país pongan en marcha protocolos de Protección Civil en sus respectivas regiones.
También prevé la implementación de programas específicos de protección civil en eventos públicos y espacios de concentración masiva, la elaboración de un Atlas Nacional de Riesgos y la creación de un Comité Nacional de Emergencias, órgano que fungiría como el mecanismo encargado de coordinar las acciones en situaciones extremas.
Otro de los beneficios es que se le da mayor claridad y eficiencia a los instrumentos financieros en caso de presentarse una declaratoria de desastre, además de contemplar y regular las donaciones.
La Incongruencia legislativa
En la sesión del martes 15 de marzo, los diputados federales guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas mortales del terremoto y tsunami de Japón. El presidente de la Cámara, el diputado Carlos Ramírez Marín, ofreció, a nombre de sus compañeros, condolencias al pueblo japonés e hizo un llamado al Gobierno de México para solidarse y prestar ayuda a Japón.
Minutos más tarde, durante la sesión del pleno, Ramírez Marín informó sobre el envío de un oficio a la Comisión de Energía, en el que invitaba a los legisladores a organizar una reunión con expertos con el fin de conocer la operación de la planta nuclear mexicana Laguna Verde en Veracruz –la única en su tipo-. Según el diputado, la medida era para prevenir desgracias como la ocurrida en Japón con sus plantas nucleares, que tras el terremoto están a punto de colapsarse.
Antes que Ramírez Marín informara sobre el envío del oficio, el diputado presidente de la Comisión Especial de Protección Civil, Fernando Morales Martínez, así como el diputado del Partido Verde Ecologista, Eduardo Ledesma, lanzaron un exhorto a las autoridades de la Comisión Federal de Electricidad para tomar medidas que garantizar la seguridad en las instalaciones de la planta nuclear y de esa manera prevenir desgracias.
“Me parece una incongruencia y una falta de responsabilidad que la Cámara de Diputados no le esté dando la importancia que se merece a la protección civil”, asegura el diputado panista Enrique Torres, sobre el hecho que el presidente de la Cámara y otros dos legisladores pidan una revisión a la planta nuclear de Laguna Verde, cuando la Auditoría Superior de la Federación advirtió que no estamos preparados para afrontar un terremoto o tsunami.
Señaló que en México cada vez es más recurrente que los estados que sufren de algún desastre natural vuelvan a vivir, con el paso de un año o dos, fenómenos parecidos con igual o mayor magnitud, y nadie está haciendo algo para implementar acciones que permitan amortiguar los daños materiales y humanos.
“No hemos sido capaces de manejar acciones de prevención”, asegura Torres, quien además es integrante de la Comisión Especial de Protección Civil.
De la iniciativa presentada en la Comisión de Gobernación para reformar la Ley de Protección Civil, Torres dijo desconocer el por qué se encuentra congelada; sin embargo, urgió en la necesidad de otorgarle atribuciones legislativas a la Comisión Especial de Protección Civil, pues sus conclusiones son meras recomendaciones: “Es una comisión que si bien existe, haz de cuenta que no la tenemos”.
Entrevistado por separado, el Diputado del PRI e integrante de la Comisión de Gobernación, Arturo Zamora, ofreció las razones del por qué la iniciativa de Ley de Protección Civil se encuentra detenida.
“La Comisión ha sesionado poco, y cuando lo hace es para dictaminar permisos constitucionales, que son simples trámites…Los únicos dos asuntos relevantes fueron la consulta a los candidatos de consejeros ciudadanos (del IFE) y un tema de transparencia. De tal manera que tenemos un rezago muy grande”.