La PGJDF defiende la pesquisa que se exhibe en <i>Presunto Culpable</i>
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) salió en defensa de la indagatoria que el Ministerio Público y la Policía Investigadora siguieron en contra de José Antonio Zúñiga -a quien se acusó de un homicidio cometido en 2005-, y reiteró que las pruebas reunidas para imputarle el delito fueron ideales y suficientes, a pesar de que el indiciado fue finalmente exonerado de los cargos tras permanecer más de dos años en prisión, proceso documentado en el largometraje Presunto Culpable.
Martha Laura Almaraz, subprocuradora de Procesos de la PGJDF, aseguró en entrevista con Animal Político que “tan fueron suficientes las pruebas recabadas, que a José Antonio Zúñiga se le dictó un auto de formal prisión, ratificado luego por una segunda instancia, además de que esas pruebas llevaron a una sentencia condenatoria confirmada incluso en un segundo juicio, repuesto después de que se comprobara que el acusado no tuvo una defensa adecuada en el primero, ya que su abogado resultó no contar con cédula profesional”.
Dicha sentencia condenatoria fue echada abajo por el mismo Poder Judicial, al considerar que había una “duda razonada” acerca de la culpabilidad del indiciado. Sin embargo, añadió Almaraz, la mejor prueba de que la indagatoria se realizó de forma adecuada es que, aunque los magistrados determinaron que “existe una corriente probatoria que indica la inocencia del acusado, también determinaron que existe otra, igual de confiable, que señala su responsabilidad en el delito.”
Zúñiga “no dijo que fuese inocente”
La subprocuradora Almaraz concedió la entrevista en la Agencia 50 del Ministerio Público, el también llamado “Bunker de la PGJDF”, ubicado en la colonia Doctores.
La funcionaria aprovechó la conversación, que fue grabada lo mismo en video que en audio análogo por dos subalternas, para deslindar a los tres agentes judiciales y al Ministerio Público que presentaron al acusado ante el juez, de la responsabilidad de verificar si eran ciertas las imputaciones vertidas en su contra por el único testigo del homicidio, quien señaló a Zúñiga como partícipe en el ataque.
“No se investigó la inocencia de Zúñiga”, afirmó la funcionaria, “porque él no quiso decir que era inocente, aunque tuvo cuatro oportunidades, no quiso declarar. Y entonces, ¿de dónde saca pruebas de su inocencia la Policía Investigadora? El MP no recabó los testimonios de la gente que vio al acusado en un lugar distinto al del ataque. ¿Por qué? Pues porque el MP ni siquiera sabía dónde estuvo (José Antonio Zúñiga el día de los hechos)”.
–Entonces, ¿a alguien que ejerce su derecho a no declarar se le puede castigar, dándolo en automático por culpable, sin verificar su inocencia?
–Claro que no se le puede castigar por reservarse su derecho a declarar, es una garantía del acusado el no incriminarse a sí mismo. Pero, entonces, ¿la Policía Investigadora de dónde saca pruebas en su favor?
–Más allá de la imputación directa de una persona, ¿la Procuraduría reunió pruebas físicas que incriminaran a Zúñiga? ¿Se detectaron rastros de Zúñiga en la víctima o, viceversa, rastros de la víctima en el acusado?
La funcionaria meditó su respuesta un instante, pero al final no contestó si tales pruebas físicas existieron.
– La ley reconoce como medios de prueba todo aquello que no sea contrario a la ley –explica la subprocuradora– y el testimonio de alguien es una prueba fehaciente, con todo el valor. Un testimonio es una prueba válida.
–¿Es decir que en el DF cualquiera puede ser condenado a vivir un proceso penal tras las rejas sólo por la imputación de otra persona y sin que la Procuraduría se allegue pruebas físicas que confirmen dicha imputación?
–Depende si el delito es considerado grave. Pero hay que aclarar también que el valor de un testimonio no se lo otorga el MP o la Policía Investigadora, sino un juez, quien valora el contenido del testimonio, cómo se formula, cuándo, si el testigo es casado o soltero, a qué se dedica, cuál es su nivel de conocimiento. Y en el caso del testigo que señala a Zúñiga como copartícipe en el homicidio, el juez consideró que su testimonio era válido.
–Pero, entonces, ¿la investigación de la Procuraduría sólo consistió en recabar ese testimonio?
–Yo no quisiera decir que fue la única prueba, hubo un cúmulo de indicios. Realmente podría decirse que el testimonio es un elemento de prueba importante.
–¿Refrenda usted los términos en los que se realizó esa investigación?
–El MP realizó una investigación con apego a la normatividad vigente, fue una indagatoria realizada conforme a derecho.
–¿Calificaría de ejemplar esa investigación?
–No, la excelencia es la lucha permanente. Pero falta mucho, por eso creo que este documental es un material didáctico excelente.
Por ello, aclaró la subprocuradora Almaraz, la agente del MP, Marisela Miranda Galván, quien en el documental asegura que procedió en contra de Zúñiga sólo porque “es mi chamba”, no fue enviada a un curso de capacitación a raíz de las presuntas anomalías en su desempeño exhibidas en Presunto Culpable, tal como anunció en días pasados el procurador Miguel Ángel Mancera, sino como parte de un proceso formativo que calificó como “permanente”.
“Ella está tomando el curso ‘Investigación del delito’ en el Instituto de Formación Policial, que dura tres meses, y no dudo que cuando termine sea enviada a un curso de ética, eso es muy necesario –reconoció la subprocuradora–; sin embargo, no porque está el documental rápido se va la agente del MP a un curso. No.”
Asimismo, reveló que la PGJDF no tomó ninguna medida contra los tres agentes judiciales que participaron en la investigación, y a quienes Zúñiga acusa de haberlo detenido sin orden de aprehensión, sin informarle el delito que se le imputaba, además de haberlo golpeado, ya que uno de ellos falleció en 2006 (Mario Arrona Salmerón), otro renunció a la corporación en el mismo año (Alejandro Garibay Cabello) y su jefe, el comandante José Manuel Ortega Saavedra, se jubiló en 2010.
–¿Es verdad que, como dice el documental, el comandante Ortega Saavedra fue ascendido?
–No, él renunció por jubilación –dijo la funcionaria.
Dos días de indagatoria, seis años sin resultados
A pesar de que José Antonio Zúñiga fue exonerado del delito de homicidio, prevalece la interrogante sobre quién mató a Juan Carlos Reyes aquel 11 de diciembre de 2005.
La subprocuradora aclaró que “hasta la fecha, el homicidio se sigue investigando, la indagatoria existe y continúa, pero no tengo detalles, porque eso corresponde al área de Averiguaciones Previas”.
Advirtió, no obstante, que las primeras 48 horas después del crimen fueron suficientes para recabar las pruebas con las que hasta ahora se cuenta. “Estamos hablando de que con Zúñiga, esas 48 horas fueron suficientes para que el MP recabara elementos para remitirlo a un juez”.
–Y luego, ¿ya no se investigó más, no se reunieron nuevas pruebas desde entonces?
–Si existen otros elementos a favor o contra los indiciados (no sólo de Zúñiga, sino también de los otros tres sujetos que menciona el testigo, y uno más del que no proporciona nombre ni apodo), ya no le corresponde investigarlo al MP, porque la averiguación previa fue turnada al juzgado, desde ese momento la autoridad es el juez.
Se multiplican los presuntos culpables
Aunque los juzgados Décimo y Décimo Segundo en Materia Administrativa difirieron para el lunes sus respectivas resoluciones sobre si se ordena la suspensión definitiva de la proyección de Presunto Culpable, mismas que habrían de presentarse este viernes, la sede de ambos recintos judiciales fue asediada este día por familias de diversas personas recluidas en penales locales y del Estado de México tras ser sometidos a juicios que calificaron de irregulares.
Tal es el caso de los hermanos Marco Antonio y Abraham Salas, procesados por el presunto homicidio de un vecino, ocurrido el 10 de septiembre pasado, y cuyos familiares y amigos imprimieron lonas con el retrato de ambos jóvenes, imitando el cartel del documental Presunto Culpable.El padre de los procesados denunció que ambos fueron detenidos sin orden de aprehensión y como prueba en su contra no se cuenta con indicios físicos, sino sólo con imputaciones de supuestos testigos.
También estaba ahí Luz María Sánchez, cargando una pancarta elaborada con plumón sobre cartulina verde, y cuyo hermano está recluido desde 2008 acusado de participar en un secuestro exprés. “El problema es que ni siquiera la víctima lo reconoce. El día de los hechos mi hermano fue asaltado poco antes y luego los rateros secuestraron a otra persona y la obligaron a ir a cajeros automáticos, para vaciar sus tarjetas de crédito. Luego los capturaron y entre sus pertenencias encontraron la cartera que horas antes le habían robado a mi hermano, ahí estaba su credencial de elector y ésta le es mostrada a la víctima, quien primeramente dijo que era uno de los atacantes pero, al final, al dictarse sentencia, reconoció ante el juez que no estaba seguro y que no quería que sentenciaran a alguien que podía ser inocente… aún así le dieron 26 años de cárcel.”
Más allá está Cinthya Vizcarra, que pide oportunidad de denunciar su caso, aunque no competa a las autoridades capitalinas, sino del Estado de México, donde su esposo fue arrestado el 10 de agosto de 2006, acusado de violación y robo de auto.
“Ese día”, narra Cinthya, “policías mexiquenses lo secuestraron, le tomaron fotos y luego se las mostraron a la víctima de violación, quien terminó acusándolo de ser su atacante; nunca le dijeron a mi esposo de qué lo acusaban e incluso los agentes que lo capturaron fueron luego procesados por abuso de autoridad.
“No hay más pruebas contra él que el señalamiento de la víctima, y para reforzar la imputación también lo acusó de robarle su auto y huir en él; sin embargo, Locatel confirma que ese auto fue reportado como desaparecido tres días antes del día en que ocurrió la supuesta violación, con esa prueba, ahora voy por el amparo de la justicia, aunque quién sabe si logre algo”, explicó Cynthia.
