Expulsión y paramilitarización,<br>se siguen utilizando en Chiapas
Las familias de los hermanos Méndez Núñez, indígenas adherentes de la Otra Campaña del EZLN en el ejido Cintalapa del municipio de Ocosingo, han sufrido todo: detención arbitraria, tortura física y sicológica, violación sexual, expulsión, despojo y discriminación; hechos cometidos por los miembros de su misma comunidad.
Los abogados defensores de los derechos humanos, Miguel Ángel de los Santos Cruz y Martha Figueroa Mier –ambos con reconocimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en donde han representado varios casos- sostienen que contra esta familia se utilizó la misma estrategia de Acteal: la confrontación intercomunitaria a partir de la paramilitarización de un sector de la sociedad.
“Hoy los paramilitares ya no se llaman Paz y Justicia o Mascara Roja (reconocidos estos por la PGR como grupos de civiles armados), se llaman Opddic -Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos-, y son quienes acusaron, violaron y cometieron todos los atropellos contra la familia Méndez Núñez”, sostiene Martha Figueroa.
En marzo de 2009 líderes de la Opddic acusaron a Armando y Amílcar Méndez Nuñez del delito de homicidio. Los hermanos denunciaron que fueron torturados y obligados declararse culpables, y meses después sus esposas fueron violadas y junto con el resto de quienes simpatizaban con la causa zapatista, expulsadas de su comunidad y despojadas de sus tierras.
Martha Figueroa explica que los integrantes de la Opddic del ejido Cintalapa, forman parte de quienes entre 2003 y 2006 ayudaron a la desocupación de unos 50 poblados de la selva Lacandona, y los que con el apoyo de los gobiernos estatal y federal se han dedicado a confrontar a los grupos prozapatistas de estas regiones, al entablar procesos judiciales y agrarios para despojarlos de sus tierras.
La activista refiere que los testimonios de los hermanos y sus esposas Violeta y Agretina – quienes junto con una niña de 13 años y otro familiar, cumplen en el interior del hospital Regional de Chiapas 24 días de huelga de hambre- repiten la historia de paramilitarización y división interna de las comunidades, que en Chiapas provocó la masacre de Acteal.
“Sus victimarios, ahora militantes de la Opddic, son sus primos, sus tíos, sus examigos, los habitantes de su comunidad. La diferencia es que mientras unos decidieron mantener fieles a os ideales prozapatistas, los otros fueron persuadidos por el gobierno para aceptar sus programas y estrategias de control”.
Añadió que luego de 1994 al Estado le funcionó la maniobra de provocar la división y confrontación intercomunitaria para someter a los grupos que le son incómodos, “y ahora la sigue utilizando”.
El abogado Miguel Ángel de los Santos añade que desde el punto de vista jurídico, “la detención injusta de Amilcar y Armando, la tortura que le acompaña, la violación de sus esposas y el activismo de las mismas en busca de justicia para sus esposos y ellas mismas, sintetizan los males, deficiencia y desconfianza en el sistema de procuración y administración de justicia, además de la impunidad con que se cobija a quienes cometen estos delitos”.
De los Santos sostiene que este caso no aguantaría una revisión jurídica formal, que pudiera permitir la hipótesis de que detrás de la detención de los hermanos hay un acto simple de aplicación de la justicia, y no un trasfondo político.
“Porqué a Amilcar y Armando se les detiene de forma expedita por una acusación de homicidio, y no sucede lo mismo contra quienes violan y expulsan a sus esposas”, sostiene.
Hospitalizados mantienen la huelga de hambre
Agretina Gutiérrez Núñez, Violeta Cruz; la niña Orbelina Méndez de 13 años y Pedro Méndez Núñez, decidieron mantener la huelga de hambre iniciada desde el 25 de febrero pasado. Los cinco indígenas fueron hospitalizados esta semana, a consecuencia de la desnutrición y gastritis provocada por la falta de alimento.
Explicaron que decidieron mantener su movimiento, pese a que no se les ha permitido salir del hospital para reincorporarse al plantón que el resto de sus familiares mantiene afuera de la sede del Poder Ejecutivo de Chiapas, en donde se encuentran sus hijos y el resto de sus familiares.
Insistieron en que permanecerán en esta condición hasta que Amílcar Méndez Núñez sea liberado, Amando salió de prisión el 13 de marzo pasado, cuando el gobierno de Chiapas pagó una fianza por una cantidad que no reveló.
También exigieron la restitución de sus tierras, unas 100 hectáreas ubicadas en la zona norte de la selva Lacandona, y castigo a los responsables de la violación y los otros abusos que se cometieron en su contra.
La postura oficial
Desde el inicio de su movimiento los indígenas han sostenido cuatro reuniones con representantes del gobierno estatal, en dos de ellas fueron recibidos por el secretario general de Gobierno, Noé Castañón.
Según dio a conocer César Méndez Núñez, el hermano menor de los detenidos, en el último encuentro del 4 de mayo pasado, el funcionario les propuso liberar a Armando a cambio de que abandonaran la huelga de hambre y el plantón, y dejar que el juez sentenciara a Amílcar, “para no provocar a la Opddic”.
“El secretario Noé Castañón nos leyó una carta, dijo que se la había enviado la Opddic al gobierno. En la carta decía que si liberaban a nuestros hermanos ellos iban a levantarse en armas y hacer justicia ellos mismos. Entonces el secretario nos dijo que por eso no podía liberar a los dos sino solo a uno, para no ponernos en riesgo”, reseñó César.
“No aceptamos la propuesta de liberar sólo a uno, porque nuestros dos hermanos son inocentes, así que seguimos con el plantón y la huelga de hambre”, refirió. El 13 de marzo el gobierno pagó la fianza para que fuera liberado Armando, y enfrentara en libertad el proceso penal en su contra. Amílcar continúa preso. Desde entonces los indígenas no han sostenido ningún encuentro con las autoridades.
Sobre el plantón y la huelga de hambre el gobierno estatal no ha hecho ningún pronunciamiento público. Únicamente, en entrevista, Marina Patricia Jiménez, integrante del Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a quien los indígenas le pidieron su intervención, informó que basados en las facultades de este organismo solicitó al gobierno estatal la revisión del expediente penal de los detenidos. La consejera informó que el CEDH inició un procedimiento de queja, a fin de analizar si hubo violaciones
