Exigir respeto a derechos humanos a Calderón pidieron diplomáticos a Obama en 2009

La Jornada resalta hoy información trascendida en un cable filtrado por Wikileaks, identificado con el número 09México2264, en el que trasciende que antes de que el presidente Barack Obama viajara a Guadalajara para asistir a la cumbre de jefes de Estado de Norteamérica el 9 y 10 de agosto de 2009, la embajada de Estados Unidos le aconsejó que exigiera a su homólogo Felipe Calderón un manejo más transparente ante las acusaciones de violación a los derechos humanos, especialmente en los tribunales del fuero militar.

Ese año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido 14 recomendaciones relacionadas con abusos cometidos por miembros del Ejército, entre otros la muerte de cinco civiles, abatidos por soldados en Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2008. Calderón, por su parte, pensaba insistir frente a su homólogo que Washington agilizara el desembolso de fondos de la Iniciativa Mérida y que sus autoridades frenaran el flujo de armas de asalto, en venta libre en Estados Unidos.

Según La Jornada, el documento diplomático propone a Obama “exigir que la Oficina de Control de Armas de Fuego y Explosivos tenga pleno acceso a los arsenales de armamento confiscado, y demandar que, en materia de extradición de presos, sean entregados los jefes de alto rango de los cárteles del narcotráfico, no solamente sus lugartenientes”. Y citan específicamente a Benjamín Arellano Félix y Sandra Ávila Beltrán.

Se trata de una guía –los llamados scenesetter que se suelen preparar como carpetas informativas para altos funcionarios en sus viajes de Estado– en la que la embajada previno a Obama:Calderón tratará de abordar una amplia e imposible serie de temas e intentará presionarlo para que asuma un compromiso público y explícito para financiar los programas de la Iniciativa Mérida más allá del plazo de tres años establecido originalmente, y también para que Estados Unidos haga un esfuerzo mayor para detener el flujo de armas a México.

El cable explica un aparente exabrupto del presidente mexicano en la conferencia de prensa tripartita con la que culminó la reunión tapatía entre Obama, Calderón y el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, hace año y medio: Aquel mediodía, fuera del guión y sin que mediara una pregunta específica, Calderón arremetió contra los sectores que denunciaban los atropellos a las garantías individuales en los que incurría el Ejército en sus operativos contra el crimen organizado.

“Ha habido un escrupuloso esfuerzo por proteger los derechos humanos. Y quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso –¡un solo caso!– en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales”.

No puede descartarse que, en la reunión privada, Obama haya reflejado la luz roja que encendieron sus diplomáticos. De manera poco usual, la embajada –en este documento que supervisó el encargado de negocios John Feeley, ya que Carlos Pascual aún no había sido confirmado como embajador– ubicó el tema de los derechos humanos en un lugar preponderante en la agenda.Las denuncias de abusos de derechos humanos por parte de los soldados desplegados en misiones antidrogas están minando el apoyo a sus políticas de seguridad, señala el texto.

El cable revela que en el Hospicio Cabañas, en 2009, bajo la aparente tersura de los discursos diplomáticos, había un trasfondo crispado. El texto está clasificado como confidencial y no forn(para uso interno exclusivamente) y presenta el perfil de un presidente mexicano acosado: la violencia del crimen organizado al alza, crisis en las finanzas, problemas internos en el PAN, un margen de maniobra disminuido en el Congreso, pobreza y desigualdad crecientes y un cuestionamiento público cada vez mayor sobre su estrategia contra el narcotráfico. Y para colmo, desde junio de ese año Washington retenía los fondos para financiar la Iniciativa Mérida, condicionados a un proceso de certificación de derechos humanos.

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