El director de <i>Presunto Culpable</i> levanta la voz
“Por supuesto que Víctor Manuel Reyes Bravo puede acudir a los tribunales y hacer valer su derecho a cuidar su imagen, pero a mí me parece que el joven está siendo manipulado por alguien con el fin de frenar la exhibición de Presunto Culpable”, dice categórico para Animal Político Roberto Hernández, uno de los directores del documental al que recientemente la juez federal Blanca Lobo Domínguez emitió una suspensión provisional de su exhibición en las salas de cine por considerar que daña el derecho a la privacidad del quejoso.
Sin embargo, Hernández reconoce que no tiene idea de quién pudiera estar detrás de esto pues hasta el momento en que se realizó esta entrevista desconocía los nombres de los abogados de Reyes Bravo que interpusieron el recurso de amparo ante el juzgado Décimo Segundo de Distrito, a fin que se suspendiera la exhibición de la película puesto que su cliente alegaba que nunca dio su consentimiento para ser filmado, mucho menos para aparecer en una película y tampoco autorizó a los creadores de la cinta para que su imagen fuera exhibida públicamente.
Hernández, quien atiende la entrevista vía telefónica desde Berkeley, señala que así como Víctor está en todo su derecho de manifestar su inconformidad ante la autoridad judicial, él también: “pero eso es lo que no hemos podido hacer porque la justicia federal utiliza unos métodos como medievales. No usaron el fax ni el teléfono ni el correo convencional ni el correo electrónico para notificarnos de su decisión y para invitarnos a expresar nuestros argumentos respecto a la decisión de la suspensión”.
Si bien es cierto que Víctor Manuel nunca firmó un documento en el que estuviera de acuerdo en que se utilizara su imagen en la película, tampoco lo prohibió. A decir de Hernández, en los dos años y medio que estuvieron filmando dentro del Reclusorio Oriente la historia de Antonio Zúñiga –un joven sentenciado por un crimen que no cometió y del que Víctor era el único testigo– el ahora quejoso “nunca nos pidió de ninguna manera que no lo filmáramos”.
Por lo tanto Hernández y su esposa Layda Negrete levantaron todas las imágenes posibles del juicio de Zúñiga, así como de los involucrados en el caso, con el fin de documentar en video las deficiencias del sistema jurídico en México.
Hernández señala: “la razón nos asiente porque no es relevante el consentimiento de ninguno de los participantes en un juicio para que pueda ser recabada su imagen. De hecho en Chihuahua y en Monterrey todos los juicios se videograban como una política pública de los tribunales de esos estados”. Para el también abogado esta una medida básica que lo que hace es suplantar lo que hoy usan los juzgados penales para registrar de manera poco afortunada las declaraciones de los testigos de los participantes en el juicio.
A pregunta expresa sobre los recursos legales que utilizarán para responder a la suspensión provisional de la exhibición de Presunto Culpable, Roberto Hernández prefiere que sean los abogados de Cinépolis, cadena de cines y distribuidora de la película, quienes fijen una postura al respecto.
