Urge ley para regular<br>el cabildeo en México
Cuando el entonces diputado panista Miguel Ángel Toscano denunció públicamente que un grupo de legisladores federales fueron invitados con todos los gastos pagados por la British American Tobacco al gran premio de la Fórmula 1, como parte de una estrategia de la multinacional para que en la Cámara de Diputados no se aprobara el cobro de un impuesto a los cigarros en la miscelánea fiscal de 2005, el tema causó múltiples señalamientos y una acalorada discusión a favor y contra esta práctica conocida como “cabildeo”. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 5 años para que los diputados federales regularan esta actividad.
El auge de esta actividad que se dio cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dejó de ser mayoría en el Congreso, aunada a los intereses económicos que están en juego, ha propiciado que algunas voces como la de Jaime Cárdenas, diputado por el Partido del Trabajo (PT), propongan la creación de una ley que permita regular los límites y sancionar las malas prácticas acarreadas por esta labor en la que no sólo están inmersos los representantes de las grandes empresas nacionales y trasnacionales, sino que también es una actividad a la que recurren ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gobernantes y representantes de organizaciones ciudadanas cuando buscan mejorar leyes o beneficios sociales y económicos para sus respectivas comunidades.
Por lo pronto la Cámara de Diputados cuenta con un nuevo reglamento que entre otras cosas, busca crear un padrón público de todos los cabilderos que tienen base en el Congreso y los que sólo acuden frecuentemente, además de conocer el tipo de asuntos que representan y tratan con los funcionarios y legisladores del Congreso.
Historia
A pesar que el cabildeo o lobying es una estrategia de relaciones públicas ampliamente utilizada desde mediados del siglo XX con el fortalecimiento de los grandes capitales industriales, en México la alternancia política a la que se llegó en 1997 fue la principal razón para que surgieran nuevas compañías de relacionamiento público y asesoría legislativa. En ese año, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no obtuvo mayoría absoluta en el poder legislativo, y varios exdiputados priistas recién desempleados, vieron una oportunidad de negocio asesorando en estrategias que produjeran acercamientos y decisiones favorables para diferentes grupos de interés.
Conocedores de la vida parlamentaria en el Congreso de la Unión, fueron estos exdiputados los que tomaron la iniciativa de conformar despachos de abogados, economistas o politólogos especializados en temas de la agenda pública, que lo mismo ofrecían sus servicios a empresas farmacéuticas, automotrices o tabacaleras, así cdomo a los recién estrenados diputados o senadores del país.
Por más de 5 años los cabilderos actuaron con un bajo perfil y sin causar polémica entre los legisladores federales, que lejos de cuestionar esta labor, parecían avalarla por los beneficios que esto les acarreaba. Fue en abril de 2002 que el tema fue tratado por primera vez por el entonces diputado priista Efrén Leyva, quien a través de una iniciativa de ley exigió regular la actividad profesional del cabildeo y la promoción de causas.
Con la propuesta, el Diputado buscaba definir las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos y los cabilderos, además de diferenciar entre el tipo de cabildeo económico que realizan las empresas nacionales y multinacionales, hasta el que hacen representantes de organismos públicos, autónomos y de la sociedad civil para impulsar nueves leyes o gestionar recursos.
Aun cuando la iniciativa no prosperó, ésta generó eco entre algunos diputados de esa legislatura quienes a través de exhortos pidieron que la propuesta de Leyva fuera discutida y analizada por el pleno de la cámara.
Cómo operan
Fue en septiembre de 2005, apenas 3 meses antes de las acusaciones que lanzara el entonces diputado Miguel Ángel Toscano contra varios de sus compañeros, que un informe elaborado por la Red de Responsabilidades de las Transnacionales del Tabaco (NATT), advirtió sobre los mecanismos de operación que estaban utilizando las empresas internacionales del tabaco en América Latina para cabildear las propuestas legislativas que más les convenían.
En conjunto con la organización Corporate Accountability International, la NATT señaló que entre los métodos que estaban utilizando la British American Tobacco y la Philip Morris -las empresas tabacaleras más importantes a nivel mundial- para lograr que los legisladores de los diferentes países latinoamericanos pusieran en marcha sus propuestas, se encontraba la entrega de donaciones a sus respectivos gobiernos para la puesta en marcha de campañas a favor de la salud, viajes pagados a diferentes destinos, así como recursos para sus campañas políticas.
En esa ocasión incluso, los representantes de ambas organizaciones señalaron que en el caso mexicano habían detectado cómo las dos tabacaleras trasnacionales firmaron en junio de 2004 un convenio con las autoridades del país, “apenas tres semanas después” de que México ratificara con la Organización Mundial de la Salud el convenio para el control del tabaco.
En ese convenio las trasnacionales se comprometieron con el gobierno mexicano a entregar 1 peso de sus ganancias por cada cajetilla de cigarros vendida a cambio de lanzar campañas de advertencia sobre el consumo de tabaco. El beneficio obtenido fue inmediato. El 30 de julio de 2004, las autoridades en el país publicaron un decreto en el que se eximía del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IPES), a las empresas tabacaleras.
Los más visibles
Lo que en su momento denunció Miguel Ángel Toscano, actual titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), no es el único caso que demuestra cómo las grandes empresas multinacionales o nacionales mueven sus hilos a través de cabilderos y diputados para tratar de obtener beneficios fiscales.
Empresas como Teléfonos de México (TELMEX), Televisa, TV Azteca, además de los representantes de la industria farmacéutica y automotriz, así como las diferentes cámaras industriales y del comercio en México, pagan los servicios de personajes que cabildean sus asuntos con los legisladores.
Si bien no existen casos de diputados que hayan sido sancionados por recibir regalos o viajes a cambio de favorecer con leyes a los representantes de los grandes consorcios en México, existen casos que han levantado sospechas de que en San Lázaro pudieran existir diputados cabilderos.
Uno de estos casos se registró en el 2009 cuando se aprobó el presupuesto 2010. La polémica la iniciaron los diputados del PT y uno del PAN (Javier Corral), cuando se negaron a avalar la modificación que hiciera el legislador sonorense Alberto Cano Vélez a uno de los artículos de la Ley Federal de Derechos, el cual beneficiaba a las principales televisoras del país al otorgarles una exención del pago de derechos por la utilización de la banda del espacio radio eléctrico.
A los ojos del diputado del PT, Jaime Cárdenas, se trató de un “claro cabildeo de las televisoras con el PRI y seguramente con el PAN”. Finalmente la iniciativa fue aprobada con el consenso de las dos principales fuerzas políticas en el Congreso de la Unión. El PRI y el PAN.
Entre los cabilderos más visibles en el Congreso de la Unión y que sin duda tienen una vida bastante activa al interior del Congreso según corroboró Cárdenas, se encuentran la exdiputada priista de la LIII Legislatura, e hija de un exgobernador en Nuevo León, María Emilia Farías; el exdiputado del PRI en la LVI legislatura, Marco Antonio Michel Díaz; el varias veces diputado priista y ex irigente nacional de su partido, Fernando Ortiz Arana, así como un hermano del actual diputado federal del PRI, Sebastián Lerdo de Tejada.
El debate que vendrá
En diciembre de 2010, los diputados federales aprobaron el nuevo reglamento que a partir del 1 de septiembre de 2011, regirá por completo la actividad parlamentaria en San Lázaro. Uno de los puntos que más llamó la atención del documento, fue el relacionado con el tema del cabildeo.
En el reglamento, los diputados definieron el concepto de cabildeo como aquella actividad que se hace ante “cualquier diputado…órgano o autoridad de la Cámara, en lo individual o en conjunto, para obtener una resolución o acuerdo favorable a los interés propios o de terceros”. Además, establecieron que el cabildero es la persona que representando los intereses de un particular o un organismo privado o social, realiza gestiones para sus jefes o clientes.
Se precisó también que todas aquellas personas que realizan cabildeo “por más de una vez”, están obligados a inscribirse en un registro público que semestralmente será difundido en la gaceta parlamentaria, a la par de pedirles la relación de las áreas y comisiones que visitan durante su estancia en a Cámara de Diputados.
Doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el diputado Jaime Cárdenas es de los que piensa que aun cuando el reglamento aprobado en la Cámara es un paso importante, porque por primera vez se busca regular el trabajo de los cabilderos, lo mejor alternativa siempre será la de contar con una ley que regule esta actividad.
El Diputado asegura que el cabildeo no es una labor exclusiva de la Cámara de Diputados, sino que se da en todos los ámbitos, desde el poder Ejecutivo al Judicial y en los tres niveles de gobierno, de ahí la necesidad de legislar en la materia.
Aseguró que con esta nueva ley se podría distinguir claramente entre el cabildeo que realizan los grandes consorcios económicos del país y el cabildeo ciudadano que se hace a favor de causas justas o de mejores leyes. Para el diputado sin embargo, este primer paso que se dio es una prueba importante, porque el nuevo reglamento sólo regula la vida interna del Congreso y no los actos de terceros como es la actividad de los cabilderos.
“Este es un elemento que podrían utilizar si los cabilderos se amparan cuando el reglamento entre en vigor”. El asunto cobraría mayor atención en caso de llegar a los tribunales o la SCJN, porque serán los ministros los que decidan si los diputados tuvieron razón o se excedieron en sus funciones al regular las actividades de terceros. “Todo eso será parte del análisis jurídico y político, pero bienvenida la discusión”, comenta el diputado Cárdenas.
