Chiapas: Un <i>zoom</i> a los consejeros de los Derechos Humanos

En Chiapas con más de la mitad de la población en zonas rurales, con altos índices en pobreza extrema y con conflictos sociales entre las comunidades indígenas ¿quiénes son los consejeros de los derechos humanos? Animal Político presenta un perfil de ellos, en la segunda entrega de una investigación titulada Derechos Humanos, a modo para Sabines.

Un presidente inexperto y tímido

Tímido, visiblemente inseguro y nervioso, el Maestro en Ciencias Jurídicas Penales y Criminológicas, y doctorante en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), necesitó de la presencia del secretario técnico del CEDH y de dos asesores de prensa para sostener una entrevista con AnimalPolítico.com

“El consejero presidente apenas está iniciando en el cargo, vamos a acompañarlo por si surgen algunas dudas”, justificaron; y en seguida ante cada preguna, de forma grotesca empezaron a pasarle tarjetas donde le anotaban -posiblemente- respuestas o comentarios para sortear los cuestionamientos.

En seguida se enreda en una larga explicación para señalar que vigilará por la defensa, la divulgación y la promoción de los derechos humanos “y la legalidad”.

Auque es el consejero presidente de la CEDH, y en este organismo temático el jurista Pedro Raúl López Hernández es el titular de la Comisión de Atención a los Derechos de los Pueblos Indígenas, Lorenzo López insiste en que su prioridad es reforzar la capacitación en materia de derechos humanos en los municipios indígenas de Chiapas, en las lenguas maternas.

Organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en Chiapas señalan no tener referencias sobre él; la mención más directa que se tiene sobre el consejero presidente es porque fue el defensor de oficio que atendió el caso de los indígenas la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), detenidos en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacá entre octubre y noviembre de 2010, a quienes las autoridades de Chiapas trataron de involucrar a como un grupo dedicado a la delincuencia organizada. Los campesinos actualmente presos ubican al abogado como “defensor de consigna”, porque dicen que no abonó a su defensa.

Militante activo del PRI, cuestionado por grupos feministas

También suscitó polémica por la conferencia que en mayo de 2010 dio a abogados priístas de Guerrero, en donde según denuncias del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de esa entidad, recomendó a los militante de su partido utilizar “tácticas de miedo” para inhibir la votación en el proceso electoral de gobernador (que se llevó a cabo en enero), en las regiones donde no les favorecía el sufragio.

Antes de ser diputado Mendoza Castañeda fue Fiscal Especializado Juridico Normativo de la PGJE; luego de su periodo como legislador regresó a la Procuarduría; y a las pocas semanas fue nombrado por los actuales diputados como consejero del CEDH.

Quedó a cargo de la comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Migrantes, área que considera su especialidad porque dice que tienen familiares migrando en Estados Unidos, y eso lo sensibilizó.

Sin que mediara pregunta, su primera autoafirmación en la entrevista con AnimalPolítico.com fue que ocupaba el cargo de consejero, por invitación directa del gobernador Juan Sabines Guerrero.

“A mí cuando me invitaron clarito le dije: “señor gobernador, no vengo a aplaudir a los alcaldes ni a las autoridades y usted discúlpeme. Él me dijo que por eso me invitó, que no quería que los aplaudiera sino que les dijera donde estamos bien y donde estamos mal”.

Mauricio Castañeda reconoce que en su periodo de legislador tuvo un revés jurídico procesal porque a fin de “acompañar la inquietud del gobernador Sabines” en el tema migratorio -cuando se debatía a nivel nacional la masacre de los migrantes en Tamaulipas- propuso y logró que el Congreso aprobara diversas reformas constitucionales para crear una Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de los Migrantes y sus Familias

Estas reformas fueron impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), argumentando que se vulneró la estructura institucional por la existencia de dos organismos defensores de los derechos humanos en una misma entidad federativa, y porque es facultad exclusiva del Congreso de la Unión regular en materia migratoria.

El Congreso local recapituló, desechó la Comisión paralela, y en la iniciativa para la creación del CEDH se incluyó la subcomisión de Atención a los Derechos Humanos de los Migrantes, que preside Mendoza Castañeda. Ahora, como ombudsman estatal, dice que la migración de centroamericanos que cruzan por Chiapas es un “fenómeno de desarrollo económico”.

“Ya el gobernador Sabines lo conceptualizó en ese aspecto. Si atacamos al migrante y cerramos la frontera, simplemente Chiapas se queda sin trabajo agropecuario. En vez de atacar el tema mejor atendamos con una comisión u ombudsman especializado que vigile se respeten los derechos humanos de los migrantes, (porque) él sólo (el gobernador) no puede, le faltan recursos económicos para poder aterrizar verdaderos programas de atención integral al problema”, sostiene.

Mauricio Castañeda dice que no es “empleado del ejecutivo, sino corresponsable con el Legislativo”, que “el tema de los derechos humanos no es patrimonio de ningún partido político” y que sus crecencias políticas y religiosas no lo va a influir en su desempeño como ombudsman.

Ombudsman por “reivindicación personal”

Pedro Raúl López Hernández tiene una larga experiencia en el área de la administración y procuración de justicia. Fue durante una década delegado de la Defensoría Pública Federal, periodo en el que coadyuvó en la defensa de diez zapatistas detenidos en 1993, luego del enfrentamiento que sostuvieron con el Ejército Mexicano en la comunidad Corralchén; de 34 miembros del EZLN detenidos en 1994; de Javier Elorriaga, y otros presuntos integrantes del grupo insurgente aprehendidos durante la ofensiva de 1995. También fue el primer defensor de los más de cien indígenas detenidos por el caso Acteal.

Sin embargo se le recuerda en Chiapas porque a principios del sexenio del exgobernador Pablo Salazar (2000-2006), fue Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y al segundo año de ejercer en el cargo, fue destituido y exiliado.

El motivo, según denunció en su momento, fue porque Pablo Salazar y su procurador de Justicia, Mariano Herrán Salvatti, intentaron que avalara operativos policiacos contra grupos campesinos, magisteriales y estudiantiles, en donde se habrían cometido violaciones a los derechos humanos. En este periodo de confrontación con el gobierno en turno, sufrió dos atentados; culpó a las autoridades de estos hechos.

El exgobernador Pablo Salazar reviró las acusaciones señalando que los agravios habían sido autoatentados, que López Hernández estaba afectado de sus facutades mentales y que intentaba comprar equipo de espionaje con recursos de la Comisión de Derechos Humanos. En agosto de 2004 logra que el Congreso local lo destituya. López Hernández se exilia en la ciudad de México.

Dos años después regresó a Chiapas como asesor del gobierno de Juan Sabines Guerrero en el área de derechos humanos. En marzo de 2009 fue nombrado Fiscal Especializado en la Protección de los Organismos No Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos, dependiente de la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE), cargo que desempeñó hasta que en diciembre fue electo consejero del CEDH.

López Hernández argumenta que se integró en la terna de aspirantes a Consejeros de la CEDH electos mediante el voto ciudadano, por “una reivindicación personal”. “Cuando asumo el compromiso de inscribirme lo hago como un asunto personal, porque creo que puedo aportar algo acá. Es una especie de reivindicación, ahora vengo mejor preparado”, dice en alusión a su tortuoso pasado como ombudsman.

No deja de señalar que en su anterior estancia como defensor de los derechos humanos “hubo intentos de soborno, de coptación. Se redactaban las recomendaciones en Palacio de Gobierno e incluso pedían aplaudiéramos sus acciones”.

Ahora, dice, confía en que el gobernador Juan Sabines respete la autonomía de la Comisión, y que los consejeros “se corten el cordón umbilical”. Sin embargo reconoce que le guarda reconocimiento al gobenador, y que en trabajo como asesor del Ejecutivo fue coautor de las reformas constitucionales que permitieron la creación del CEDH, y de su propio cargo como actual consejero.

“Con la libertad con la que acepté, con esa libertad me puedo ir”

Marina Patricia Jiménez fue nombrada consejera del CEDH en la posición de quien debía ser propuesta por las organizaciones no gubernamentales dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos. Apenas dos días antes de la toma de protesta, Marina Patricia no figuraba entre quienes se mencionaba como candidata o candidato de alguna organización que hubiere llevado casos en la CIDH.

El nombramiento de un o una consejera propuesta por organizaciones de la sociedad civil fue polémico. En Chiapas sólo la activista Martha Figueroa Mier, del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem); Marcos Arana Cerdeño, del Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud; y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), contaban con el requisito para proponer o autoproponer a un consejero. Ninguno lo hizo, al menos de forma abierta.

El 6 de enero en que los cinco consejeros protestaron en el cargo, nadie supo dar cuenta de cuál organismo avalaba a la consejera Marina Patricia, aunque tampoco nadie la demeritaba en el cargo.

La consejera fue directora del Frayba entre 1996 a 2002, periodo álgido en Chiapas por el auge de los grupos de civiles armados (o paramilitares) que operaron como grupos de choque en las comunidades indígenas simpatizantes de la causa zapatista, lo que derivó en graves violaciones a los derechos humanos que fueron denunciados y documentados por el Frayba, con Marina Patricia a la cabeza.

A su salida del Frayba, luego de terminar su periodo como directora, Marina Patricia ocupó algunos cargos en diversas instituciones públicas y privadas. Antes de ser nombrada consejera del CEDH se desempeñaba como asesora de la Secretaría de Pueblos Indios del gobierno estatal.

Reconoce que hubieron algunos cuestionamientos sobre la legitimidad de su nombramiento, sin embargo argumenta que desde los diversos ámbitos donde ha laborado, ha mantenido el trabajo y vinculo con organizaciones de la sociedad civil.

“No es ético decir que represento a las organizaciones porque actualmente hay una agenda diversificada, pero si yo no hubiera tenido el respaldo de organizaciones locales o nacionales, no me hubiera planteado subirme a este tren”, sostiene.

Marina Patricia reconoce el reto para lograr la autonomía, legitimidad y operatividad del Consejo. Dice que la defensa de los derechos humanos es parte de su proyecto de vida, “y en ese sentido veo una oportunidad el construir una propuesta dentro de la pluralidad con la que esta constituido el Consejo (…) lo que nos va a juzgar son las cosas que hacemos y los resultados concretos que logremos”, añade.

Considera que si bien el escenario pareciera positivo para el logro de estos objetivos, tiene “muy claro que si en determinado momento hubiera circunstancias que pusiera en tensión mis principios, con esa libertad con la que acepté el cargo de consejera, también siento la libertad de que me puedo ir”.

Un consejero discreto

Jesús Ernesto Molina Ramos trabajó más de una década para la CNDH como coordinador de la oficina foránea en San Cristóbal de las Casas, fue jefe de departamento, subdirector y director de área. En este periodo mantuvo un perfil bajo, no se pronunció en ninguno de los casos que llevó esta dependencia.

Su nombre sale a la luz hasta que es nombrado ombudsman estatal a propuesta de los Rectores de las universidades públicas del estado. Encabeza la Comisión de Asuntos Generales, y tiene a su cargo sacar adelante 500 quejas que se acumularon en 2009 en el organismo.

Explica que su fortaleza personal es la experiencia en la integración de expedientes de quejas adquirido en la CNDH.

Dice estar seguro de que el CEDH tiene la autonomía y capacidad para cumplir “muy buen papel”. Sin embargo, a pesar de su extenso trabajo en el organismo defensor de los derechos humanos más importante del país, Molina Ramos no se aventura a hacer un dictamen sobre el estado que guardan los derechos humanos en el estado, se muestra reservado y prefiere manter un papel discreto dentro del Consejo.

El CEDH, una simulación: activistas

Martha Figueroa Mier, una activista defensora de los derechos humanos particularmente de los grupos de mujeres, quien ha logrado sentencias positivas en casos contra elementos del Ejército Mexicano, fue invitada por enviados del gobierno estatal para integrarse como consejera del CEDH.

“Mi respuesta siempre fue ¡no! Porque ese Consejo no es autónomo, porque la política del gobierno de Sabines respecto a las mujeres es de simulación, de fingimiento, de propaganda. Porque sus inicitivas sólo las usa para posicionarse políticamente a nivel nacional e internacional, y es muy triste que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le den el espaldarazo cuando en la práctica no se avanza en nada”, enfatiza la activista.

“Les dije que si yo estuviera en el Consejo lo primero que iba a hacer es interponer una acción de inconstitucionalidad por la ley antiaborto, mal llamada Ley de Paternidad Responsable. Por supuesto ya no me volvieron a invitar”.

Martha Figueroa dice que de los consejeros cinco consejeros, la única que está a la altura es Marina Patricia Jiménez, “y aún cuando es la más rescatable del Consejo, pareciera que la meten como para cubrir la cuota de género, aunque al final es la que legitima a este Consejo”.

La activista dice que la mayoria de los puestos de consejeros fueron dados como premios, y cita el caso del ex diputado Mauricio Mendoza, quien avaló las inicitivas de ley del gobernador Sabines. Le cuestiona al consejero la visión teológica que permeó en la ley que castigaba el aborto, y las irregularidades legislativas que se cometieron para aprobarla.

“Qué se puede esperar de sus desempeño en este cargo. Esos nombramientos deslegitiman y hablan muy mal del CEDH”. Sobre el consejero presidente, Martha Figueroa sostiene que no tiene un trabajo en el área de los derechos humanos, como marcan los requisitos.

Sin embargo reconoce el desempeño académico de Lorenzo López Méndez, “porque como indígena en una ciudad como San Cristóbal de las Casas, es dificil estudiar, hay un alto nivel de racismo y discriminación hacia este sector, argumenta.

Por su parte, el abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz, un reconocido jurista que coadyuvó a la formación de indígenas promotores y defensores de los derechos humanos, también cuestiona al CEDH.

De los Santos explica que el organismo nació “débil e ilegítimo”, porque varios de los consejeros inclumplen los requisitos marcados por la Ley de creación del Consejo. Por tanto, sostiene que “el nulo respeto que han mostrado por la ley anula también su autoridad moral para reclamar que se cumpla con la ley cuando se violan los derechos humanos”.

Argumenta que partiendo de este hecho, aun cuando en sus propósitos el CEDH pueda ser un organismo noble y de vanguardia, en la pŕactica esta construido sobre “una falsedad, la de la ilegitimidad”.