Salud de Calderón, a debate

El tema de la salud física y mental de los gobernantes ha sido ampliamente discutido en algunas de las democracias durante los últimos 35 años. En México, nunca había sido así hasta ayer , 9 de febrero de 2011, cuando Roberto Gil Zuarth, secretario particular del Presidente dio un mensaje en el cual advirtió que Felipe Calderón goza de cabal salud para cumplir con sus obligaciones hecho que resulta  “incompatible con los infundios, los rumores y aun las dudas que dolosamente se propagan con interés de dañar al Presidente y a su familia”.

Este personaje que forma parte del estrecho círculo de colaboradores del Presidente apareció repentinamente en Los Pinos para lanzar este mensaje ante los rumores en el sentido de que Felipe Calderón tiene problemas con su forma de beber alcohol, situación que durante los últimos días desencadenó una crisis política que ha dejado como saldo el despido de Carmen Aristegui –una de las periodistas más reconocidas y afamadas de la radio en México-; el cuestionamiento contra la familia Vargas dueña de la empresa MVS –que cuenta con estaciones de radio y televisión por cable- y señalamientos contra la Presidencia por coartar la libertad de expresión.

El 9 de diciembre del año 2008 –hace dos años y dos meses antes de esta crisis- en los momentos en que la Sacra Rota Romana impidió que el expresidente Vicente Fox se volviera a casar por la Iglesia por padecer serios trastornos sicológicos de personalidad, el senador del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de reforma constitucional para garantizar que los mandatarios sean sometidos a diversos exámenes, entre ellos uno de salud mental, para saber si pueden desempeñar el cargo.

La propuesta de Monreal obligaría no sólo al  Presidente, sino también a los secretarios de Estado, al titular de la Procuraduría General de la República, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los legisladores a presentar tres exámenes antes de asumir sus cargos: uno de aptitudes, otro de salud física (que incorpore el antidoping y el de adicción al alcohol), así como un examen de salud mental.

Y cuestionó: “¿Será válido que un ciudadano conozca el expediente clínico de su representante, que le permita saber su situación mental? Me parece que sí. Un dato clínico que permita evaluar la personalidad del gobernante es una información relevante para determinar libremente si escoges o no a una persona que no esté apta para tomar decisiones públicas trascendentales, por sus problemas de estabilidad mental”.

Monreal dijo entonces que el comportamiento de Fox hacía recordar la situación por la que pasó Antonio López de Santa Anna, a quien después de haber sido 11 veces mandatario y haber dejado el cargo, su esposa tenía que reunirle gente del pueblo y simular reuniones de gobierno con gente que hacía pasar por secretarios de despacho, pues se resistía a reconocer que ya era un mexicano más, de carne y hueso, y no “Su Alteza Serenísima”.

“No hay ánimo ni siquiera para debatir este tema. Y, precisamente,  esto pudo ahorrar muchas horas de crisis y lamentables hechos ¿Es o no necesario que una autoridad, de cualquier nivel  haga público su estado de salud físico y mental antes de asumir el cargo?  Los mexicanos debemos responder esta pregunta”, comentó.

Para el senador petista –antes del Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, se trata de un asunto de salud pública y, al propósito de los señalamientos contra Calderón por su supuesta manera de beber, comentó que no debe existir temor a discutir el tema. “Este es el momento”, sentenció.

En 1973, en Argentina, dos médicos llegaron a la conclusión que el candidato presidencial padecía arterioesclerosis y pericarditis. El pronóstico era que si asumía el poder no viviría un año. El 61% lo eligió Presidente, pero murió al año siguiente. Su esposa asumió el poder y fue un hecho que desencadenó una de las mayores tragedias de la historia de la Argentina. Los protagonistas eran Juan e Isabel Perón. ¿Pueden darse a conocer esos datos personales?,  cuestionó Monreal en su iniciativa.

Este 9 de febrero, en Los Pinos,  Roberto Gil,  el secretario particular del Presidente detalló que ritmo de actividades públicas y privadas que sostiene Felipe Calderón. Aquí algunos datos:

– 261 actos en la Ciudad de México.

– 108 giras nacionales.

– 17 internacionales.

– 49 entrevistas a medios de comunicación.

– 198 audiencias.

– 63 reuniones de Gabinete.

–  201 acuerdos con su equipo.

– 135 reuniones para preparar discursos.

– 67 reuniones para revisión de firmas y documentos

– 680 reuniones temáticas.

Esta es la primera vez en que la Presidencia enfrenta un rumor que venía manejándose, prácticamente, desde la precampaña a la Presidencia del propio Felipe Calderón y que alcanzó su punto más álgido la semana pasada, cuatro años más tarde,  cuando el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, desplegó una manta en la que cuestionaba lo siguiente: “¿Tu dejarías a un borracho conducir tu auto? ¿No verdad? ¿Por qué lo dejas conducir al país?”

El despido de Arstegui de MVS y la velocidad con que este tema trepó en las redes sociales forzó a que en Los Pinos se enfrentara por vez primera este tema. Pero esto fue un acto voluntario del mandatario hecho público a través de uno de sus colaboradores y no una obligación legal.

En este momento, la salud con que los altos funcionarios mexicanos han desempeñado sus encargos no podrá conocerse. Cualquiera de ellos tiene garantizado que los datos sobre el perfil psicológico que tenían al momento de tomar decisiones trascendentes serán siempre confidenciales, sin importar si estuvieron incapacitados por alguna enfermedad, según consta en dos resoluciones elaboradas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

En un expediente redactado por la comisionada Jacqueline Peschard Mariscal se constata que los servidores públicos están protegidos, ya se trate del presidente de la República o de quien ocupe los escalafones más bajos en la burocracia. Una coraza legal forjada desde el régimen priista y que ha prevalecido en los gobiernos panistas protege a los funcionarios bajo cualquier circunstancia, aun cuando ya existe la Ley Federal de Transparencia.

Los comisionados del IFAI llegaron a esa resolución tras analizar una solicitud de acceso a la información planteada por este reportero, mediante la cual se pretendió conocer el expediente médico del presidente Felipe Calderón después de que se fracturó el hombro izquierdo en una caída de bicicleta en Los Pinos, la mañana del 30 de agosto de 2008.

La investigación  versó sobre cómo y por qué la Presidencia tardó más de 24 horas en informar del percance. De acuerdo con la versión oficial, Calderón perdió el equilibrio porque el suelo estaba húmedo y resbaloso. El comunicado se envió a la prensa poco después del mediodía del 31 de agosto. En un boletín de tres párrafos se detalló que el presidente fue atendido en las instalaciones del Centro Hospitalario del Estado Mayor Presidencial (EMP) y se encontraba en buen estado de salud. El diagnóstico era conservador y su recuperación demoraría alrededor de ocho semanas. Nada más.

Al responder a la solicitud de acceso al expediente médico, el EMP rechazó ir más allá de lo que ya habían plasmado en el comunicado del último domingo de agosto de 2008. A los altos mandos castrenses les bastó mencionar que los datos sobre la salud física y sicológica están clasificados como confidenciales. Aún más, argumentaron que las evaluaciones hechas a Calderón durante su gobierno permanecen bajo resguardo desde el momento en que se practican, por lo que –a diferencia de otros casos de datos reservados– no es necesario esperar a que alguien solicite esos datos para impedir su difusión. En el caso del expediente médico del presidente, la confidencialidad es automática.

Esa confidencialidad se vio trastocada ayer, dos años y seis meses después, cuando en Los Pinos se informó que el mandatario goza de buena salud en medio de una fuerte crisis política y de amenazas hechas por los cibernautas en el sentido de que su próximo objetivo podría ser precisamente el portal de la Presidencia.

–¿El expediente médico es confidencial desde el momento en que se genera? –se le preguntó hace dos años a la comisionada del IFAI, Jaqueline Peschard

“Así es; tanto en lo físico como en lo mental. No hay nada que pudiera permitir invocar un tema de interés público para abrir los expedientes. Si se abrieran sólo por interés público al tratarse de un gobernante, podríamos caer en un acto ilegal. No hay algo que diga en qué casos sí y en qué casos no se permite. En los expedientes clínicos, las leyes mexicanas establecen claramente la confidencialidad”.

En 2005, el IFAI ya había rechazado  que la Presidencia estuviera obligada a entregar un desglose de las medicinas compradas con recursos públicos para el entonces mandatario Vicente Fox. Hacia el final del gobierno foxista, la prensa había difundido información en el sentido de que al mandatario le estaban suministrando Prozac, un antidepresivo. Al responder a una solicitud de acceso a la información de este reportero, la Presidencia sólo entregó datos sobre un pequeño botiquín a disposición de los empleados para un caso de emergencia.

Pero desde entonces del debate estaba vivo.  El 24 de mayo de ese año la entonces senadora priista Dulce María Sauri pidió a la Presidencia que informara sobre la salud mental de Fox, sobre todo ante las versiones en el sentido de que estaba tomando antidepresivos. La Presidencia nunca se refirió al tema. Tres años después, en noviembre de 2008, la revista electrónica Reporte Índigo difundió un dictamen proveniente de la Sacra Rota Romana en el sentido de que Vicente Fox padecía “serios trastornos psicológicos” que le impedían volverse a casar por la Iglesia sin un permiso de la jerarquía católica.

En su libro Cuando el líder se enferma, Robins Post escribió que si un mandatario es incompetente para tomar decisiones, por ejemplo, en caso de atravesar por un desorden psiquiátrico como la depresión, está obligado a dar a conocer su estado de salud. Otro especialista, el español José Cabrera Forneiro –autor del libro La salud mental y los políticos–, apuntó que todos los ciudadanos tienen derecho a exigir un mínimo de salud mental a los gobernantes. En una entrevista publicada en el diario argentino La Nación, señaló que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, es un “esquizoide”. Sobre el líder de la oposición, Mariano Rajoy, dijo que está entre la obsesión y la esquizofrenia, y del juez Baltasar Garzón, que es “un mesiánico de libro”, pero que gracias a eso se juega la piel. Cabrera, médico especializado en siquiatría, indicó que los políticos no quieren que se sepa cómo son de verdad, ya que viven de la cosmética y de la imagen pública.

En Francia, por ejemplo, cuando François Mitterrand fue elegido presidente en 1981, anunció que pediría a sus doctores que hicieran públicos sus registros médicos dos veces por año. Según escribió el columnista Raymundo Rivapalacio, aún no se ha documentado que las enfermedades de los presidentes franceses hayan afectado su conducción del gobierno, a diferencia de los estadounidenses, como Woodrow Wilson, quien ocultó un padecimiento circulatorio crónico y una alta presión arterial que finalmente le provocaron un paro cardiaco mientras dirigía la Casa Blanca. Nunca se dijo nada en público pero su esposa y sus asesores comenzaron a dirigir los destinos de ese país. En Estados Unidos, la divulgación de la salud de los candidatos data de 1972, cuando el demócrata George MacGovern retiró como compañero de fórmula a Thomas Eagleton, luego de que la prensa reveló que sufría de depresión y había estado en terapia. Alrededor de 20 años después, el demócrata Paul Tsongas se convirtió en el primer precandidato en admitir que le habían diagnosticado cáncer. Bill Clinton siempre quiso ocultar sus expedientes médicos hasta que la prensa lo calificó como el candidato más opaco en la materia en dos décadas.

“Que se abra el debate”, sentenció Ricardo Monreal.

Iniciativa Monreal