Se modificaron 32 artículos y se eliminaron los dos más polémicos, el 26 y el 151, que daban facultades a la Policía Federal (PF) para detener a migrantes en cualquier punto del territorio y multar a quien empleara a extranjeros indocumentados.
Se suprimieron las facultades que se daban a autoridades para hacer detenciones con base en denuncias anónimas y perseguir a defensores de migrantes.
Se estableció que la política del Estado mexicano en la materia debe sustentarse en el respeto irrestricto a los derechos humanos de nacionales y extranjeros que transiten hacia Estados Unidos.
Otro principio es que en forma alguna una situación migratoria irregular configurará un delito
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Desde muy temprano, el sacerdote Alejandro Solalinde, titular del albergue Hermanos en el Camino, se presentó en el recinto senatorial y se entrevistó con los coordinadores de las bancadas, entre ellos el priísta Manlio Fabio Beltrones, para pedirles que se modificara el dictamen previo.
Le informaron que en la madrugada los integrantes de las comisiones dictaminadoras habían concluido las modificaciones para borrar de esa legislación los aspectos que hacían que fuera equiparada con la ley Arizona.
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