Los gastos en Michoacán<br>por pensiones a víctimas
Casi 10 millones de pesos le ha costado al gobierno de Michoacán, encabezado por el perredista Leonel Godoy Rangel el apoyo a las familias y víctimas de los actos terroristas que se han registrado en la entidad a partir del 15 de septiembre del 2008, fecha en la que presuntos integrantes de los zetas arrojaron tres granadas de fragmentación en el centro histórico de Morelia.
Hasta la fecha, se han aprobado 31 pensiones vitalicias y temporales a las víctimas de atentados, fuegos cruzados entre autoridades y criminales o entre grupos delictivos, derivado de la creación de una Ley de víctimas de de terrorismo, la cual se busca reformar a poco más de un año de haber sido aprobada, en aras, señala el presidente de las comisiones legislativas de Seguridad Pública y de Atención a víctimas de atentados, el priista Juan Carlos Campos Ponce, de cerrar las puertas de este beneficio a familiares de personas involucradas en el crimen organizado.
Tras el primer ataque narcoterrorista que sufrió la población civil en México el 15 de septiembre del 2008 en el centro histórico de Morelia, el congreso local se vio obligado a legislar al respecto sin imaginar la creciente ola de violencia en el país derivada de la guerra contra el narcotráfico, podría llevar a una serie interminable de solicitudes.
Después de reformar el artículo 44 de la constitución de la entidad y su respectiva Ley Reglamentaria, el 29 de abril del 2010 se aprobaron 22 pensiones, cuatro de carácter vitalicio y 18 temporales que van desde los tres mil a los 13 mil pesos mensuales, dependiendo de las lesiones y consecuencias físicas de las mismas o, si perdieron algún familiar del que se dependía.
Los montos otorgados se establecen caso por caso considerando las afectaciones físicas y los ingresos mensuales que se tenían previa al suceso, señaló el diputado Campos Ponce, “no es lo mismo alguien ganaba 8 mil a alguien que ganaba 20 mil pesos mensuales”, dijo.
En comparación, la legislación española ha fijado montos específicos que el estado ha de otorgar a las víctimas de actos terroristas que van desde 500 euros, poco más de 8 mil pesos, en caso de fallecimiento; 750 euros, poco más de 12 mil pesos, por gran invalidez, 300, 200 y 125 euros por incapacidad absoluta, total y parcial respectivamente, es decir entre 4 mil 800, 3 mil 200 y 2 mil pesos de acuerdo a la incapacidad y finalmente cien euros, mil 600 pesos aproximadamente, a quien resulte con lesiones no invalidantes; estos montos son adicionales a las indemnizaciones que tienen que pagar los autores de los ataques.
En tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido fallos que valoran en un millón de dólares una vida humana en casos de terrorismo o genocidio.
La comisión especial de atención a víctimas de terrorismo presentará en próximos días, una iniciativa de reforma mediante al cual se elimine la posibilidad de indemnizar a personas afectadas por desastres naturales, lo cual es contemplado actualmente en la ley; a funcionarios públicos, toda vez que estos cuentan con seguros particulares y/o bonos de riesgo, tal es el caso del entonces subsecretario de seguridad, José Manuel Revueltas, asesinado el 2 de septiembre del año pasado en la capital del estado.
Asimismo, se busca evitar que presuntos integrantes de bandas delincuenciales se beneficien, por lo que se propondrá que sea el gobierno del estado, apoyado en las instancias procuradoras de justicia, quienes lleven a cabo el análisis de las solicitudes, siendo el legislativo sólo un validador de las mismas.
Según lo establecido en el artículo 44 en su fracción 17 bis de la constitución michoacana, se define ataque terrorista como toda aquella acción de violencia ejecutada en las personas o en las cosas, mediante: la utilización de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o incendio o inundación o cualquier otro medio violento, tendiente a producir en la población o sector de ella, el terror para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la misma para que tome una determinación y; como desastre natural, toda alteración intensa del medio ambiente causada por un suceso natural como sismo, erupción volcánica, alud, maremoto, deslave, tornado e incendio forestal, que provoque como consecuencia directa daños físicos en las personas.
Hasta el momento el Congreso de Michoacán ha dado entrada a la solicitud de un habitante del municipio de Angangueo, afectado por los deslaves e inundaciones del año pasado, pero también, asegura el diputado Campos Ponce, se han presentado solicitudes por parte de familiares de personas relacionadas con el narcotráfico, es decir, que sus cuerpos fueron hallados junto a mensajes del crimen organizado.
Lo entregado al 20 de enero de 2011
El gobierno del estado ha destinado, desde el 15 de septiembre de 2008 y hasta el 20 de enero de 2011, 9 millones 573 mil 148 pesos por hospitalización, medicamentos, gastos funerarios, hospedaje, alimentación, pasajes, tarjetas telefónicas, apoyos en efectivo, pensiones y becas a las víctimas de diversos ataques terroristas.
Por el ataque perpetrado el 15 de septiembre del 2008, se ha pagado por concepto de hospitalización y medicamentos en institutos públicos del estado, 1millón 29mil 38 pesos; en hospitales privados se pagaron 168 mil 500 pesos; los gastos funerarios ascendieron a 111 mil 408.78 pesos, mientras que por hospedaje, alimentación y pasajes a los familiares de los heridos se pagaron 495 mil 451 pesos.
En los primeros 30 días después del atentado, las autoridades pagaron por concepto de tarjetas telefónicas 20 mil 360 pesos; el monto que se ha entregado por concepto de becas a los huérfanos de las víctimas es de 334 mil 200 pesos.
Se han entregado apoyos económicos, como manutención para quienes no reciben pensiones y aún no están en condiciones de laborar, estos hacen un total de 924 mil 436 pesos; de igual forma, se han entregado en pensiones, por acuerdo administrativo del gobernador y las ya autorizadas por el congreso local, 3 millones 609 mil 77 pesos.
El señor Martín Rangel Pérez, quien resultó lesionado por los ataques con granadas en el hotel Villas del Sol de Morelia, el 9 de diciembre del 2009, recibió 17 mil 700 pesos como apoyo económico en lo que se reincorporó laboralmente, además se pagaron 4 mil 500 pesos por concepto de hospitalización y medicamentos.
La familia Guillén Méndez, resultó afectada por el ataque con granadas a las instalaciones del Centro de Protección Ciudadana el 15 de diciembre del 2009, hecho en el que la menor Anahí Guillen falleció tras varios días de hospitalización, los gastos funerarios tuvieron un costo de 9 mil pesos, en tanto los gastos de transporte y alimentación para llevar a su hijo recién nacido a recibir atención médica a la ciudad de Guadalajara fueron de 6 mil 200 pesos; de diciembre de 2009 a mayo de 2010 recibieron una pensión de 8 mil pesos mensuales, en tanto la pensión aprobada por el congreso local es de 6 mil 536 pesos con 40 centavos, la cual empezó a recibirse a partir del mes de junio del año pasado.
Se han destinado 2 millones 526 mil 837 pesos en apoyos a las víctimas del atentado contra la exsecretaria de Seguridad Pública del estado, Minerva Bautista, el pasado 24 de abril del 2010; por concepto de hospitalización y medicamentos se gastaron 2 millones 432 mil 338 pesos, 36 mil 500 en gastos funerarios y, 58 mil pesos en apoyos económicos para manutención de las familias afectadas.
Finalmente, el apoyo brindado a las familias de los 20 michoacanos desaparecidos y asesinados en el estado de Guerrero, en septiembre de 2010, asciende a 190 mil pesos, destinándose 90 mil de estos a los gastos funerarios de los 18 cuerpos encontrados.
