Gobierno de Jalisco confía en librar pleito por <i>spots</i>
Las pruebas que demuestran que el Gobierno de Jalisco pidió a TV Azteca que no transmitiera su propaganda en los estados de Baja California y Guerrero le dan la tranquilidad a las autoridades locales para considerar que el IFE no emitirá fallos en su contra, indicó el Director de Comunicación Social, Rubén Alonso González.
Incluso, debido a que se trata de un proceso expedito, las autoridades estatales confían en que entre el jueves por la tarde y el viernes por la madrugada se tenga ya una resolución del Instituto Federal Electoral que les sea favorables.
“Se volvió a presentar, como parte de los elementos de prueba, que estábamos dentro del margen de la ley”, indicó Alonso González, “se entregó una correspondencia electrónica que hubo con otra de las empresas televisiva, certificada, de que no hubiera transmisiones ni en guerrero ni en Baja California, donde se desarrollaban procesos electorales”.
El funcionario explicó que el Gobierno del Estado se ha estado moviendo al margen de la ley, por lo que considera que el Consejo General del IFE resolverá a su favor.
“Estimamos que aportamos elementos fehacientes de que estábamos dentro del margen de la ley en el sentido de no intervenir en procesos electorales que estaban en curso”, explicó Alonso González.
Ayer se realizó la junta de alegatos en los que participaron el PRD y dos organizaciones sociales de Jalisco, que son quienes presentaron quejas en contra de los anuncios televisivos que se difundieron con motivo del informe de actividades de Emilio González Márquez y que se pudieron ver en todo el país.
Este proceso pretende determinar si hay elementos para comprobar que con estos anuncios de González Márquez se viola la fracción III, apartado C del artículo 41, de la Constitución General de la República, ya que en Guerrero había elecciones el domingo 30 de enero y en Baja California el 6 de febrero.
“Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los Municipios, órganos de Gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público”, dice la Constitución, además hay una prohibición similar se encuentra en el artículo 2 de Cofipe.
Aunque la Constitución señala que las campañas de publicidad gubernamental no deben incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, el Artículo 228 del Cofipe concede la excepción de los informes de gobierno, señalando que sí puede aparecer la imagen siempre que se limite a una vez por año y sólo siete días antes y cinco días después de la fecha del informe.
Uno de los argumentos para poder evitar ser sancionados, es el que las campañas de publicidad deben estar acotadas geográficamente al ámbito de responsabilidad del servidor público, pero éstas responsabilidades no están delimitadas por el territorio del estado, pues puede ejercer el cargo independientemente de la zona donde se encuentre.
“El informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral”, dice el Código.
