Las opiniones se dividen respecto al reciente decreto del presidente Felipe Calderón para que los padres de familia puedan deducir el pago de colegiaturas. Algunas lo aplauden por reconocer el esfuerzo de quienes pagan por la educación de sus hijos, otros lo critican por desviar el verdadero debate de la educación en México. Y algunos se confiesan desilusionados, pues temen que la medida les incremente su carga fiscal.
El dueño de una escuela primaria ubicada en la colonia Clavería, en la delegación Azcapotzalco, confiesa que la medida le afectará, pues no declara el monto total de sus ingresos, algo que era posible hacer gracias a que gran cantidad de pagos los recibe en efectivo y sólo expedía recibos fiscales a 10% de sus 600 alumnos. “La carga fiscal hacia nosotros es muy pesada, más de 30% de los ingresos, unos 14 mil pesos al mes se me va en impuestos. Yo no reporto el número total de alumnos”, justifica el director resignado ante la medida.
El monto máximo a deducir en el caso de colegiaturas de nivel preescolar es de 14 mil 200 pesos, 12 mil 900 en primaria, 19 mil 900 en secundaria y 24 mil 900 en preparatoria, pero el requisito es que los padres presenten un comprobante fiscal por el pago, expedido por la escuela y pagar la colegiatura por transferencia electrónica o cheque, lo cual reducirá el margen de maniobra para la evasión.
Jesús Rubio, contador público que tiene entre sus clientes a tres escuelas, dice que la deducción no debería afectar a los planteles educativos, aunque para aquellas que están bajo un régimen de personas morales con fines lucrativos les dificultará la evasión. “Podrían estar haciendo mecanismos para no declarar a todos los alumnos”, dice
Pero la situación cambia para escuelas que son Asociación Civil, es decir aquellas que no tienen fines de lucro. En el caso de éstas, la medida no les afecta y por el contrario, es positiva pues aumentará la matrícula. “Con esta deducción, padres que no alcanzaban a pagar una colegiatura podrán hacerlo”, dice José Manuel Velasco Arzac, presidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).
No está de acuerdo en que se vea esta medida como un beneficio “para ricos”, pues, señala, las escuelas particulares también son para niveles socioeconómicos medios y bajos. Las 4 mil 270 escuelas primarias, secundarias y preparatorias afiliadas a esta agrupación cobran una colegiatura promedio de mil 700 pesos mensuales. Hay entre ellas, 500 escuelas particulares para familias de escasos recursos que cobran entre cinco y tres pesos mensuales , y se sostienen con el apoyo de otras escuelas de la confederación.
“Es una medida justa y equitativa. Los padres que se esfuerzan por educar bien a sus hijos, pagan una colegiatura y además su impuestos, teniendo derecho a la educación gratuita y sin embargo dejan un lugar en una escuela pública para otro niño”, dice Velasco.
Opiniones encontradas
Estudiar un año más incrementa los ingresos posibles de las personas en más de 10%, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). De ahí que, hacer deducibles las colegiaturas puede permitir a algunas familias a extender la educación de sus hijos y contribuir así a tener una mayor calidad de vida.
Según el IMCO alguien que estudia la secundaria tiene posibilidades de ganar 30% más que alguien quien sólo hizo la primaria; si completa la preparatoria, 30% más, y si la universidad, otro porcentaje igual. “Si liberas ingreso a las familias a través de una deducción fiscal, permites que incrementen su inversión en educación. Puede permitir que más personas accedan a mejor calidad educativa”, dice Armando Chacón, director de Asuntos Económicos del IMCO.
Lamentó, sin embargo, que la medida no se extienda hasta la educación superior, pues es donde la erogación en educación que hacen las familias es mayor y la que puede traer mayores diferencias en las capacidades de los alumnos para lograr un mejor nivel de vida.
Para otros, el verdadero debate de la calidad educativa se desvía con esta medida. El anuncio presidencial se hizo días antes de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), diera a conocer su reporte sobre la Cuenta Pública de 2009 en el que le solicita a la Secretaría de Educación Pública fincar responsabilidades administrativas en el ejercicio de más de mil 495 millones de pesos, entre ellos el pago de 117 millones a 537 maestros comisionados a tareas gremiales.
Si la deducción de las colegiaturas es una decisión para coadyuvar al gasto de las familias, sería mejor que el gobierno rindiera buenas cuentas del dinero que todos los mexicanos destinan a la educación, dice Norma Lorena Loeza, secretaria técnica de la Red por la Inclusión y la calidad en la Educación, en alusión al reporte de la ASF.
El debate, dice, debe centrarse en por qué aún cuando se gasta más en educación no hay una mayor calidad. Pese a que México invierte casi una cuarta parte del gasto público en educación, uno de los mayores entre los países de la OCDE y el presupuesto se ha incrementado 70% en los últimos tres lustros, dice, no se observa una evolución en los resultados de las diversas pruebas estandarizadas de aprovechamiento escolar aplicadas a nivel nacional e internacional.
“Uno de los factores que influyen en la calidad educativa es la formación y condición laboral de los profesores. El sindicato no ha contribuido a su profesionalización”, señala Loeza.