En México no se investigan crímenes contra activistas: HRW
Apenas 72 horas antes de encontrar sin vida a los hermanos de la activista asesinada en Ciudad Juárez, Josefina Reyes Salazar, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, advirtió desde Washington DC, que el gobierno mexicano no estaba cumpliendo con su responsabilidad de investigar los crímenes cometidos contra los defensores de los derechos humanos en Chihuahua.
El anuncio lo hizo el mismo día en que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en México, presentara a Julián Zapata Espinoza, alias “el Piolín”, supuesto integrante de Los Zetas, brazo armado de la mafia responsable de asesinar en San Luis Potosí al agente de inmigración de Estados Unidos, Jaime Zapata, el martes 15 de febrero.
Esa “rapidez” con la que actuaron al momento de capturar al asesino del agente norteamericano, fue lo que exigieron las hermanas de las víctimas al gobierno federal, quienes en conferencia de prensa realizada en el plantón que mantenían en las inmediaciones del Senado de la República, pidieron la captura de los responsables de asesinar a su hermanos Malena y Elías y a su cuñada Luisa –esposa de Elías-.
La solicitud de las hermanas Reyes sin embargo, representanta un reto directo a los encargados de procurar justicia en el país, que apenas el miércoles 23 de febrero anunciaron la captura del supuesto asesino del agente estadounidense. Lo hicieron a los ocho días de cometido el acto, mientras que en el caso de los asesinatos de activistas y sus familiares según la HRW, no han capturado a ningún de los responsables.
Tampoco hay protección
La falta de resultados en las investigaciones de los activistas asesinados y amenazados, no fue la única irregularidad denunciada por HRW en su reporte. Informaron que las autoridades tampoco protegen la integridad de los familiares de activistas amenazados de muerte. Citaron el caso de la familia Reyes Salazar, que a pesar del asesinato de dos de sus integrantes en el 2010, tres más fueron secuestrados la primera semana de febrero de 2011.
“Human Rights Watch ha documentado en reiteradas oportunidades que las autoridades no han adoptado las medidas necesarias para proteger a defensores de derechos humanos que están en riesgo”.
Lo más grave de todo, expone HRW, es que los integrantes de la familia Reyes Salazar fueron secuestrados aun cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que el gobierno mexicano implementara medidas de protección a su favor.
Panorama incierto
HWR señala además que Chihuahua no es el único estado en el que “no se está” protegiendo a los activistas.
Citan el caso de las activistas tijuanenses Blanca Mesina y Silvia Vázquez, que han denunciado amenazas de muerte en su contra por la defensa legal que realizan a favor de 25 policías detenidos, los cuales sostienen fueron torturados en el cuartel militar de esa localidad para sacarles confesiones incriminatorias. Los agentes detenidos acusan al exsecretario de seguridad pública de Tijuana, el teniente coronel Julián Leyzaola de participar en las torturas.
“Al igual que otros tantos defensores de derechos humanos de Chihuahua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también les había concedido medidas de protección –a las tijuanenses-, pero su implementación fue deficiente”.
Otro punto que se recalca es la falta de voluntad del gobierno de Felipe Calderón para poner en marcha un mecanismo de protección para los activistas o sus familias, cuando éstos se ven amenazados.
“Si bien el gobierno de Calderón afirma que trabaja actualmente en la formulación de un plan para el mecanismo de protección, aún no ha presentado ninguna propuesta ni ha convocado debidamente a las organizaciones de la sociedad civil a un proceso de consulta y diseño del mismo”.
Agresiones sistemáticas
En octubre de 2010, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos dio a conocer en su informe 2010 que México era uno de los 10 países del mundo que registraban “agresiones sistemáticas” contra activistas.
“La opción de la militarización para combatir el narcotráfico ha tenido como consecuencia serias violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, lo que ha puesto en peligro a los defensores que denuncian las violaciones de derechos humanos cometidas en este contexto (Brasil, Colombia, Guatemala, México)”, advierte el documento.
