Montaje contra Cassez, un reflejo<br>de la policía y el MP mexicanos
El supuesto montaje contra la francesa Florence Cassez sentenciada a 60 años de cárcel por secuestro no fue tomado en cuenta por el tribunal que confirmó la acusación; sin embargo, es un ejemplo de cómo opera el sistema de justicia mexicano.
Arturo Acosta, abogado defensor de Cassez, refiere que si bien no le preocupa que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal haya considerado que lo del “show mediático” no debía valorarse porque los videos donde se demostraría dicho señalamiento están editados, sí habla de la gravedad de que nuestro sistema judicial construya una mentira.
El defensor revisa cuidadosamente la totalidad del texto de la sentencia pero advierte que el concentrado que adelantó el Consejo de la Judicatura Federal, no respondió a las preguntas que se hacían en el amparo para beneficiar a la señalada.
Acosta, como abogado mexicano, se dice respetuoso de la resolución judicial de un tribunal también mexicano al que él acudió para presentar su demanda de amparo.
También asegura estar consciente de que el tema del montaje no tuvo ningún valor para que el tribunal favoreciera a su cliente. Sin embargo, ha insistido en que es un reflejo de la actuación de la policía y el Ministerio Público en la presentación de casos ante la opinión pública.
Una primera revisión de la sentencia del tribunal, insiste, presenta argumentos superficiales y no responde a una serie de interrogantes que el defensor pone en la mesa.
“La sentencia ameritaba una discusión más profunda. En el tema del montaje no se basa la defensa pero hay contradicciones de los testigos que identifican a Florence”, comenta.
Parte de la defensa de la ciudadana francesa también se ha basado en el párrafo 1 del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la cual fue firmada por México desde 1963.
En estos párrafos se describen las obligaciones que tienen las autoridades de un país frente a los ciudadanos extranjeros aprehendidos en su territorio. Entre ellas se destaca que las primeras deben informar sin retraso de la captura a la oficina consular competente en el Estado de donde es la persona señalada.
Esto no se respetó en el caso de Florence Cassez, quien fue detenida en diciembre de 2005 por integrantes de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
Dos días después de la captura fue cuando oficialmente fue notificada la embajada de Francia, ya cuando Cassez había declarado y negado su participación con la banda de plagiarios identificada como “Los Zodiaco”.
No es la primera vez
La AFI fue la corporación que vino a sustituir a la corrompida Policía Judicial Federal, en 2005 a cargo de Genaro García Luna, quien hoy es el secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón.
A este funcionario se le han imputado otros casos de supuestos montajes mediáticos; uno de los más recientes, el rescate de tres reporteros presentados ante las cámaras de televisión el pasado mes de septiembre de 2010, después de su secuestro de manos de integrantes del crimen organizado.
Cuando fue atrapado por la Policía Federal el capo de la droga Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie” por esas mismas fechas, la corporación cuyo jefe máximo es el propio García Luna tampoco respondió a otro supuesto montaje a través del que fue presentada la aprehensión. No explicó, por ejemplo, que el presunto narcotraficante cayó “accidentalmente” tras cometer una infracción de tránsito.
Sobre el caso Florence, el abogado Acosta ha declarado también públicamente que más que un caso de presión política o de que se trate de cuidar el prestigio de un personaje importante en señalamientos como el del montaje en contra de la francesa, lo fundamental es que se estén violando los derechos humanos de una persona.
No sé hasta qué grado llega la presión política, a mí más que la autoría de quién participa en esto, lo importante es que se dé.
Si prestigio de servidor público va contra el respecto a los derechos humanos de una persona, es lo grave.
Hoy el abogado revisa la posibilidad de poner a disposición el caso de organismos internacionales para continuar presionando en favor de la francesa que ha generado un conflicto diplomático entre autoridades de México y Francia.
