El Congreso de Arizona vuelve<br>a las andadas contra migrantes
Probablemente el que sea el comité más poderoso del Senado de Arizona –el Comité de Apropiaciones– votó a favor una serie de iniciativas antiinmigrantes que, de ser aprobadas por el pleno, podrían impactar significativamente la vida de los inmigrantes ilegales en esa zona.
Con esta votación, el Senado estatal de Arizona se convirtió en la primera legislatura de Estados Unidos en pasar una disposición que negaría el derecho de todo niño nacido en ese país a tener la ciudadanía.
La segunda iniciativa aprobada negaría a los niños indocumentados la posibilidad de ir a la escuela, a los adultos ilegales a comprar o manejar cualquier vehículo y, por si fuera poco, les prohibiría casarse en ese estado. Bajo esta nueva legislación, los hospitales estarían obligados a preguntarles el estatus migratorio a cualquier persona antes de otorgarles cualquier tipo de cuidado médico.
El diario The Arizona Republic reportó que un fuerte debate y nuevas protestas de grupos pro y antiinmigrantes se desarrollaron en el Congreso estatal, mientras que el Presidente del Senado, el republicano Russell Pearce -que fue el que introdujo ambas iniciativas- declaró: “si tu estás en el país ilegalmente no tienes derecho a ningún beneficio público, punto final”.
Según el sitio Politico.com, otra de las jugadoras clave en este debate, la gobernadora Jan Brewer quie en abril de 2010 promulgó la llamada Ley Arizona (SB1070) dijo que “aún no había leído las iniciativas pero que estaría observando y escuchando mientras recorren el proceso dentro del Congreso”. Politico.com afirma que: “Lo que Brewer sí dijo es que ella apoya bloquear el ingreso de estudiantes indocumentados a universidades estatales cuando hay residentes legales a lo largo y ancho del país que quieren un lugar en las escuelas de Arizona”.
Las dos iniciativas serán votadas en el pleno del Senado y, de acuerdo con Politico.com, su futuro es todavía incierto: para volverse ley necesitan aprobarse en el pleno, en un comité del Congreso, en el pleno del Congreso y ser promulgadas por la gobernadora.
