ASF detecta anomalías por 140 mdp en finanzas de Moreira
Presidente electo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, fue uno de los personajes a los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizó como parte de la revisión que hizo a las finanzas públicas 2009. En las observaciones, el órgano dependiente de la Cámara de Diputados estableció que como gobernador de Coahuila, el próximo dirigente nacional del PRI no fue transparente en el manejo de los recursos que le otorgó la federación para la implementación de programas sociales, educativos y de seguridad, además que detectó anomalías por más de 140 millones de pesos en sus cuentas.
En suma, fueron revisados 8 programas implementados con recursos federales, de los cuales 4 se dictaminaron como “limpios” pero con consideraciones; 2 fueron negativos y 2 más resultaron con salvedades.
De las 148 observaciones iniciadas, 98 se solventaron total y parcialmente, mientras que otras 37 arrojaron recomendaciones que deben ser atendidas. Además, la Auditoría pidió a las autoridades estatales iniciar 9 acciones de responsabilidad administrativa contra servidores públicos que pudieron haber incurrido en las anomalías detectadas durante la revisión practicada a las cuentas del exgobernador Moreira.
Sin transparencia
En 5 de los dictámenes elaborados, la ASF determinó que el Gobierno de Coahuila no implementó los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de las normas que permitan un adecuado manejo de los gastos y la transparencia en la operación de los recursos, de ahí que determinara que el control interno de los fondos se dio de manera “regular”.
En sus conclusiones, la Auditoría estableció que aún cuando se implementaron “estrategias y mecanismos” sobre el comportamiento de algunas actividades, estos no fueron suficientes para establecer el adecuado uso de las finanzas destinadas para el fortalecimiento de programas dirigidos a los sectores más vulnerables de la población.
En esa situación se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), donde se detectaron anomalías por más de 100 millones de pesos aún cuando se calificó como “limpio” el dictamen. Dos de las irregularidades detectadas fueron el pago “indebido” por más de 74 millones de pesos a 252 empleados de la educación comisionados al sindicato, así como el pago de 65 millones para el pago de arrendamiento de inmuebles en los que no se pudo comprobar su beneficio a la educación básica.
Otro caso son los apoyos destinados al Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), cuya cuenta fue negada al detectar que hubo recursos por más de 4 millones de pesos utilizados en acciones que no beneficiaron a los sectores de la “población que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema”.
Aparte, concluyeron que no se contó con los mecanismos de control para asegurar que los recursos del fondo se destinaran exclusivamente “al financiamiento de obras, que cumplan con los objetivos del fondo”.
No ejerce recursos en seguridad
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que tiene como objetivo dotar de mayores recursos a los estados con problemas de seguridad, fue otra de las cuentas que presentó inconsistencias en el 2009.
Según el órgano fiscalizador, las autoridades de Coahuila no ejercieron los recursos al 100%, lo que provocó que no se cumplieran las metas “físico-financieras” para el ejercicio fiscal 2009.
Al 31 de diciembre de 2009, Coahuila sólo había ejercido “el 51.21% del total de los recursos”. Esa situación además de generar el incumplimiento de las metas, generó que el 88% de los elementos de seguridad pública en el estado no realizaran de forma integral la capacitación y evaluación que aplica el Centro de Control y Confianza.
Esto implicó que Coahuila no contara con “personal calificado, confiable, competente y cuyos valores y principios sean acordes a los requerimientos de la sociedad para fortalecer y eficientar los sistemas de seguridad y procuración de justica, con el fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública”, concluyó el órgano legislativo.
Reprobado en salud
En el tema de los apoyos financieros entregados al área de salud, la ASF determinó no aprobar la cuenta del Seguro Popular y dictaminar con “salvedad” el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Entre los dos programas, se detectaron posibles anomalías por cerca de 30 millones de pesos.
En el caso de FASSA, se llegó a la conclusión que debido a la falta de planeación y organización para la adquisición de insumos médicos se encendió un “semáforo amarillo”, lo que originó insatisfacción en los usuarios del servicio. Mientras que los índices de tiempo de espera en los hospitales, registraron un nivel crítico o “semáforo rojo”, lo cual significa que Coahuila no cuenta “con la infraestructura y (los) recursos humanos suficientes para la atención oportuna” de los pacientes.
De los apoyos destinados para la puesta en marcha del Seguro Popular, se menciona que las autoridades estatales no sólo destinaron recursos de este programa para el pago de prestaciones de fin de año al personal regularizado en las instituciones de salud y el reembolso de servicios de consulta externa y de urgencias–lo que administrativamente es incorrecto-, sino que también adquirieron medicamentos a precios superiores a los que ha establecido la Secretaría de Salud en el país.
Estas son sólo algunas de las observaciones que la ASF detectó en las cuentas públicas del exgobernador Humberto Moreira, quien tendrá que responder a las anomalías detectadas en sus finanzas antes de tomar protesta el próximo 4 de marzo, como el trigésimo tercer (33) presidente nacional del PRI.
