El Universal publica en primera plana los “avances” que ha tenido la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual entró en vigor en febrero de 2007.
Esta normatividad fue promovida por el gobierno federal y aprobada por la Cámara de Diputados con el propósito de prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra la mujer.
El diario destaca que a 48 meses de distancia, los niveles de violencia, según organismos civiles, son los mismos y los feminicidios han aumentado en algunos estados de la República.
Adicionalmente, el gobierno federal ha violado algunas disposiciones de dicha ley al publicar con nueve meses de retraso el reglamento respectivo, y al no haber elaborado hasta ahora el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, instrumento a partir del cual debían elaborarse una serie de políticas públicas en la materia.
Desde que entró en vigor la ley, cada año se asignan 30 millones de pesos, de los cuales la mitad debería ser destinada para la elaboración de dicho banco, y otro tanto para el Fondo Nacional para la Alerta de Género, mecanismo que tampoco se ha puesto en marcha y que tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación (Segob).
El caso del Estado de México
El 12 de enero de 2011, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, lamentó que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres desechara el procedimiento para declarar una “alerta de género” en la entidad, ante el número de asesinatos cometidos en el estado.
Aunque según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009 el Estado de México estaba en el lugar número 11 de las cifras nacionales de feminicidios, con una incidencia de 3.67 asesinatos por cada 100 mil mujeres.
En contraste, el estado de Baja California, en el cual Blake Mora fue secretario de Gobierno, ocupa el segundo lugar con una incidencia de 10.11 homicidios por cada 100 mil mujeres.
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