Funcionarios de la PGR gastan <i>de lo lindo</i>
La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso sanciones a tres servidores públicos de Tabasco adscritos a la Procuraduría General de la República (PGR), por disponer de más de 27 millones de pesos en gastos sin comprobar, como servicios funerarios, compra de artículos electrónicos y hasta ¡viajes a Las Vegas!
La SFP informó que el actual delegado de la PGR en Tabasco, su antecesor, el jefe del Departamento de Recursos Materiales y Financieros, y el subdelegado administrativo, no pudieron justificar gastos por más de 2.2 millones de dólares (unos 27 millones de pesos) por la compra de pasajes de avión a Las Vegas, Nevada, paquetes funerarios a favor de terceros hasta por 37 mil pesos, y manejo indebido del fondo revolvente en el primer trimestre de 2008 y de 2009.
La dependencia presentó una denuncia penal por peculado, que involucra a Bernardino Rico, delegado estatal de la PGR en Tabasco; a su antecesor, César Romero, titular de la delegación en 2007; al subdelegado administrativo Alberto Reyes, y al jefe del Departamento de Recursos Materiales y Financieros, Néstor Que Baños.
Los presuntos involucrados giraron 279 cheques, cuyos beneficiarios no están registrados, y presentaron facturas y tickets que amparan la compra de videojuegos, televisores, muebles, electrodomésticos, entre otros artículos.
Los responsables argumentaron, sin ofrecer pruebas, que una parte de la documentación comprobatoria desapareció con motivo del huracán Dean, que azotó a Tabasco en 2007.
Los sanciones
En lo relativo a las sanciones impuestas por la SFP, el delegado estatal de la PGR en Tabasco, Bernardino Rico, fue destituido e inhabilitado por 10 años para trabajar en el gobierno federal; se le aplicó una multa de 5.9 millones de pesos.
César Romero, titular de la delegación en 2007, y el jefe del Departamento de Recursos Materiales y Financieros, Néstor Que Baños, fueron destituidos de sus funciones, inhabilitados por diez años y multados, cada uno, con 5.9 millones de pesos.
El subdelegado administrativo Alberto Reyes fue inhabilitado por 11 años y recibió, también, una multa de 5.9 millones de pesos.
Aunque ya fueron sancionados, los cuatro exfuncionarios podrían recibir una pena de 14 años en prisión.
