Función Pública destituye a 14 funcionarios por fraude en Pemex
Según publica en su primera plana La Jornada, la Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó, multó con más de 6 mil 600 millones de pesos e inhabilitó por diez años a 14 servidores públicos de Pemex Refinación por manipular procesos de licitación y contratar con un sobreprecio de hasta 35 por ciento (equivalente a más de 23.7 millones de dólares) el arrendamiento de cuatro buques-tanque a casco desnudo por cinco años.
En cuanto a las sanciones económicas, ocho de los implicados pagarán multas individuales por 500.9 millones de pesos; dos más pagarán cada uno 355 millones de pesos; otra multa asciende a 145 millones de pesos, y las tres restantes son de 90 millones 415 mil pesos.
El total de las multas mencionadas asciende a 6 mil 633 millones 485 mil 282 pesos y representa el daño causado al patrimonio de la Pemex Refinación.
Según La Jornada, contratos que causaron las multas concluyeron en 2010 y debido al daño causado, la filial de Pemex explora la posibilidad de adquirir los buques directamente con las compañías armadoras, en lugar de arrendarlos.
Una auditoria iniciada en 2006 en relación al arrendamiento de los cuatro buque-tanques a casco desnudo detectó una presunta manipulación de dos contratos adjudicados a las empresas Arrendadora Ocean Mexicana y TMM, de las que se presume que se coludieron para obtener los contratos y cobrar un sobreprecio de 23.5 millones de dólares.
En la indagatoria se detectaron manipulaciones a estudios de costo-beneficio creados en la Gerencia de Operaciones Marítimas y que eventualmente favorecieron a estas empresas para obtener los contratos. Otros tres funcionarios de la gerencia de administración autorizaron contratar y pagar las propuestas de las empresas, a pesar de ubicarse 18 por ciento por arriba del precio de mercado.
La Jornada reporta también que los contratos se adjudicaron sin que Pemex Refinación contara con suficiencia presupuestaria, ni con la autorización presupuestal multianual de la Secretaría de Hacienda. La auditoría de la SFP, que se llevó más dos años de investigación por lo complejo del tema, la documentación del caso y los medios de defensa de los inculpados, finalmente probó que los estudios de costo-beneficio no correspondían al servicio contratado ni establecido en la licitación.
Los sancionados, a quienes se les notificó legalmente en diciembre pasado, son: Guillermo González Lozano, Edith Eugenia Blancas, Juan Antonio Zapata, Pedro Gómez Flores, Alejandro Dorantes, Carlos A. Martínez de la Fuente, Antonio R. González Martínez, José Luis Ortiz, Augusto Guillermo Acosta González, Cruz Jaime Olvera Rico y Francisco Guillermo Cuneo Pérez.
Con información de La Jornada
