El precio de impugnar una ley en Chiapas: la prisión
Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Cuando en 1989 Horacio Culebro Borrayas, un maestro en derecho constitucional, trabajó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Chiapas -en pleno apogeo del régimen priista que dominó a México por más de 70 años-, nunca imaginó que en el momento en que finalmente la izquierda controlara todos los hilos del poder en su tierra, él estaría encarcelado por motivos, paradójicamente, políticos.
Horacio Culebro, un chiapaneco robusto, bajo de estatura y bigotón, vive el sexenio del primer gobierno perredista de Chiapas en la prisión de Copainalá. A esta cárcel sólo llegan personas sentenciadas, pero él fue enviado ahí aún sin haber escuchado de la boca de un juez cuál será su pena, luego de haberse atrevido –según él mismo- a impugnar una reforma electoral mediante la cual el gobernador Juan Sabines pretendió hacerse por completo del control político del estado hasta el año 2012.
En 2009, este profesor denunció que Juan Sabines –su compañero de partido-, junto con los diputados locales, mantenían en secreto una reforma política para cancelar las elecciones intermedias que renovarían a los propios legisladores y los alcaldes, hecho que además implicaba que, para el grupo en el poder, quedarían a su disposición alrededor de 800 millones de pesos.
La reforma se mantuvo en secreto durante un mes para evitar que alguien la impugnara. Pero en septiembre de ese año, Horacio Culebro denunció públicamente esta maniobra y presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el propio gobernador y los 40 legisladores locales de entonces, a quienes acusó de los delitos de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, asociación delictuosa y coalición de servidores públicos.
A esta denuncia se fueron sumando otros, como el priista Walter León Montoya, quien ahora también está encarcelado. Pero la maniobra política del gobernador chiapaneco sí era real. En junio del 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sólo confirmó las intenciones que tuvo en algún momento este mandatario de suspender las elecciones intermedias, sino que además los ministros las calificaron de inconstitucionales. Sabines y los legisladores perdieron y hubo elecciones en el 2010.
El golpe propinado por el mazo de los ministros al gobernador chiapaneco, provocó que Horacio Culebro fuera detenido. Los agentes judiciales lo aprehendieron el 17de enero del 2010, apenas dos días después del fallo de la Suprema Corte. A la fecha permanece en una prisión ubicada a unos 100 kilómetros de la capital del estado, acusado de ecocidio y falsedad de declaraciones, delitos que no están relacionados con la reforma electoral, pero que él asegura son prefabricados, como parte de una venganza.
Horacio Culebro, un preso político
A casi un año de su encierro, Horacio Culebro se asume como un preso político. Dice estar decepcionado de las instituciones y los personajes políticos que se vieron beneficiados por su impugnación. A ellos les ha solicitado ayuda para obtener su libertad sin que al momento lleguen las respuestas. Como abogado litigante que fue, lleva su propia defensa jurídica., pero asegura que lo obstaculizan para mantenerlo en prisión.
A mediados de septiembre de 2009, entre la clase política de Chiapas empezó a conocerse, a manera de rumor, que los 40 congresistas locales habían aprobado diversas reformas a la Constitución para cancelar los comicios para renovar las presidencias municipales y las 40 diputaciones, programados para celebrarse el 1 de julio de 2010.
En entrevistas durante septiembre del 2009, los diputados y el secretario de Gobierno, Noé Castañón, negaron la existencia de las reformas. Según la legislación estatal, para que esos cambios entraran en vigor primero deberían publicarse en el Periódico Oficial y luego tendrían que transcurrir 30 días naturales para cualquier impugnación. Pero las reformas no se publicaron, según constataron suscriptores y personal de la Oficina de Publicaciones Oficiales del gobierno de Chiapas.
Aún así, Horacio Culebro primero, y posteriormente Walter León Montoya -exdiputado federal del PRI-, denunciaron que dichas reformas sí existían y que con ellas se pensaba perpetuar en el poder a las autoridades municipales y legislativas que habían entrado en funciones desde 2007, quienes, a su decir, eran incondicionales del gobernador Juan Sabines.
Desde el penal del municipio de Copainalá, Horacio Culebro ha enviado diversas cartas donde explica lo que sucedió en esas fechas. En una de ellas detalla:
“El 29 de septiembre de 2009 le pedí al gobernador (a través de un oficio entregado en la Oficialía de Partes del Palacio de Gobierno) que con facultad en el artículo 8° Constitucional me proporcionara copia del decreto donde se cancelaban las elecciones, se prorrogaba el mandato de los diputados y se iban a nombrar 118 presidentes municipales de dedazo, en los cuales Juan Sabines sería el gran elector”.
A través de la Consejería Jurídica -agrega- , el 8 de octubre de 2009 se negó la existencia de tal reforma. Esto se hizo a través del consejero jurídico Carlos Octavio Castellanos Mijares, quien rindió a nombre del gobernador Juan Sabines un informe ante Juzgado Séptimo de Distrito en Tuxtla Gutiérrez.
En dicho informe se señala: “(…) el Ejecutivo Estatal en ningún momento ha expedido decreto alguno por el que se ordene la cancelación de las elecciones a que hace alusión el hoy quejoso, menos aún que exista publicación oficial del mismo”.
Sin embargo, en la segunda semana de octubre, en la Oficina de Publicaciones Oficiales del gobierno estatal se empezó a vender el Tomo III del Periódico Oficial No. 186, con fecha del 11 de septiembre. En dicho ejemplar se publicaron las reformas.
En la publicación se indica que fue a iniciativa del Congreso local que se reformaron los artículos 14 y 16 de la Constitución Política local, con lo que se aprobó la cancelación de los comicios locales de julio de 2010 para renovar el Congreso estatal y las 118 presidencias municipales.
La reforma electoral argumenta en sus propósitos que el objetivo era homologar las elecciones locales con las federales de 2012, y con ello “optimizar al máximo” los recursos asignados a la organización de los comicios. Se trataba de 800 millones de pesos, según declaró después el secretario de Gobierno, Noé Castañón.
Culebro Borrayas explica en su carta que, ante la nueva evidencia, decidió denunciar penalmente ante la PGR. A la par de la demanda, solicitó iniciar ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra las reformas.
Por su parte, el 26 de octubre del 2009, el priista Walter León Montoya exigió públicamente juicio político para el gobernador Juan Sabines y los diputados, así como la expulsión de 14 de legisladores de su partido que aprobaron las reformas.
Ante las denuncias públicas y judiciales hechas por Culebro Borrayas y León Montoya, en noviembre de 2009 Juan Sabines Guerrero envió una nueva propuesta de reforma electoral al Congreso de Chiapas.
En la propuesta, que fue aprobada ese mismo mes para sustituir a la reforma electoral anterior, se mandataba efectuar los comicios únicamente para renovar el Congreso local y ordenaba que luego de ser electos, los diputados nombrarían concejos en las 118 presidencias municipales.
Contra esta nueva reforma electoral, las dirigencias nacionales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI), interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. Éstas se sumaron a la que interpuso la PGR.
La Suprema Corte dio entrada a la controversia, y el 15 de febrero de 2010, cuatro meses y medio antes de la fecha programada para los comicios, declaró inconstitucional la reforma electoral propuesta por Juan Sabines. Así, ordenó la reposición del proceso, de manera tal que las elecciones de presidentes municipales y legisladores se llevaron a cabo el 1 de julio de ese año.
Horacio Culebro refiere que el 17 de febrero de 2010, dos días después de que la SCJN declarara inconstitucional la reforma electoral de Sabines, fue detenido por policías de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y llevado a declarar en contra de Walter León Montoya, quien había sido detenido el 14 de enero.
Walter León y Horacio Culebro tenían algo en común: ambos habían trabajado para la minera canadience Blackfire Exploratión, empresa que en esa fecha se encontraba en la palestra pública por el homicidio del campesino Mariano Abarca Roblero, ocurrido el 27 de noviembre de 2009.
Abarca Roblero era un líder del municipio de Chicomuselo que se oponía a las acciones de Blackfire Exploratión en su región, donde la empresa explotaba una mina de barita. Walter León prestaba sus servicios como transportista a la minera, y Culebro Borrayas había sido consultor jurídico de esa empresa durante los meses de junio a agosto.
La PGJE acusó a Culebro Borrayas y Walter León de participar “en la autoría intelectual” del homicidio de Abarca Robledo. En un comunicado de prensa que difundió la dependencia a través de diversos medios de comunicación señala:
“En torno a las investigaciones por el homicidio del luchador social Mariano Abarca Roblero, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que del resultado de las diligencias practicadas por el Ministerio Público se desprende la probable participación de Horacio Culebro Borrayas en la autoría intelectual de los hechos que se investigan.
“Destaca la estrecha relación de Horacio Culebro Borrayas con los directivos de la empresa minera Black Fire Exploration México, así como con Walter Antonio León Montoya, quien actualmente se encuentra detenido como probable responsable del homicidio de Abarca Roblero”, sostiene el comunicado de prensa.
Durante su detención, Culebro Borrayas negó conocer a León Montoya. En ese momento se le dejó en libertad, sin embargo, el 25 de febrero fue nuevamente detenido y sometido a un arraigo judicial, acusado del homicidio de Mariano Abarca.
Culebro Borrayas refiere en sus escritos elaborados desde la prisión, que el 16 de marzo le levantaron el arraigo y lo exoneraron del delito de homicidio. Antes de que saliera de la casa de arraigo, recibió una nueva notificación judicial mediante la cual se le acusaba del delito de ecocidio, por presuntamente haber ordenado la tala de más de mil 700 árboles que estaban en una extensión de terreno que serviría para el paso del material extraído de la mina de barita de Blackfire Exploration.
Sobre este delito, en sus declaraciones ante el juez dijo que no se sostienen, ya que su trabajo con la minera fue de asesor jurídico, y aseguró que nunca acudió al lugar donde se asienta la mina y donde habrían sido talados los árboles. Sin embargo, el delito de ecocidio es considerado grave, y por tanto no alcanza fianza y debe ser juzgado en prisión.
También se le inculpó de falsedad de declaraciones por haber negado que conocía a León Montoya, lo que a la fecha sigue sosteniendo. Culebro Borrayas refiere en sus declaraciones ministeriales que él y León Montoya trabajaban en áreas distintas y que nunca tuvo trato ni contacto con él. Culebro Borrayas fue trasladado entonces de la casa de arraigo al penal de Copainalá.
Al otro acusado, Walter Léon, se le mantuvo la acusación de homicidio, y fue remitido a otro penal ubicado en el municipio de Cintalapa; sin embargo, unos meses después, con el argumento de que se encontraba enfermo, Walter León fue llevado a su casa en la capital de Chiapas, en donde se le dictaminó un arraigo domiciliario en tanto se dirime su proceso penal.
Sobre la muerte de Mariano Abarca, en una carta que dirigió el 26 de abril de 2010 al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, Culebro Borrayas expuso que cuando fungió como asesor de la minera Blackfire Exploration, sostuvo una reunión con gerentes de esta empresa y el subsecretario del Gobierno del Estado de Chiapas, Nemesio Ponce Sánchez.
En la carta, Culebro detalla que el objetivo de la reunión fue tratar lo relacionado a las protestas que en ese momento sostenían pobladores de las comunidades donde está ubicada la mina, y que se oponían a la explotación del yacimiento. Durante el encuentro, relata Culebro Borrayas, Nemesio Ponce ubicó a Mariano Abarca como el instigador de las protestas, y que para solucionarlas dijo que lo iba a mandar arraigar, “y si no se acalambra lo elimino”.
“Para mi sorpresa Mariano Abarca fue arraigado el 17 de agosto de 2009 y asesinado el 29 (sic) de noviembre del mismo año”, refiere Culebro Borrayas en la misiva que fue receptuada en la Secretaría de Gobernación con el número de entrada 069123.
.A casi un año de su detención, mientras aún dirime su proceso penal, Culebro Borrayas expone que el verdadero motivo de su detención es la venganza política del gobernador Juan Sabines en su contra.
En una de sus más recientes cartas dirigidas a los medios de comunicación, Culebro Borrayas reitera: “(…) lo que ha quedado plenamente demostrado es que soy un perseguido político por haber interpuesto juicios en contra de la Ley Sabines, que quería que no hubiesen elecciones en Chiapas, y como esto se vino abajo, su furia y enojo están en contra mía”.
Artemio Culebro Borrayas, hermano del detenido, advierte que en este contexto su familiar podría permanecer en prisión hasta que el gobernador Juan Sabines Guerrero termine su mandato, en diciembre de 2012.
Refiere que las autoridades judiciales que llevan el proceso penal contra su hermano, intencionalmente lo han obstaculizado y dilatado: “Se han negado a entregar las notificaciones del juez para citar a comparecencias, careos y presentación de pruebas; o le citan para las audiencias hasta tres o cuatro meses después de haberlas solicitado. Es claro que el gobernador lo quiere en la cárcel”, explica Artemio.
