El millonario gasto de Mario Marín por el caso Lydia Cacho
Puebla, Pue.- Mario Marín se va de Casa Puebla sin dejar en claro cómo gastó 184.5 millones de pesos en 2006 para contener el sismo político que le significó el affaire Cacho-Marín. A pesar de los ríos de tinta que han corrido al respecto, sólo explicó cómo distribuyó 121 millones de pesos, del resto –63 millones— nada se sabe.
Parte de la estrategia fue inyectar 12 millones de pesos al grupo informativo que comanda Olegario Vázquez Raña –Imagen—, pagos de espacios publicitarios radiofónicos por 2.3 millones en el noticiario de Joaquín López Dóriga y una fuerte inversión de 25.6 millones en las dos cadenas televisivas nacionales. Todo esto con recursos públicos.
En ese mismo año, la administración estatal también utilizó el erario para apoyar a empresas periodísticas locales que, durante los momentos más álgidos de la crisis política, abrieron sus páginas para difundir información a favor del mandatario como los diarios Intolerancia y El Sol de Puebla, propiedad del empresario Mario Vázquez Raña.
O las empresas radiofónicas de la familia Cañedo Benítez: Grupo Acir, que luego habría de cambiar de nombre a Cinco Radio, a cargo de Coral Cañedo, así como de Marconi Comunicaciones, propiedad de Rafael Cañedo, y Radio Oro, de la familia Grajales.
Al menos esa es la distribución que reconoce la administración marinista de los 121 millones de pesos que reportó haber gastado en ese año en materia de publicidad a una solicitud de información que presentó Animal Político.
Casi el mismo monto oficial que reportó el gobierno del Estado de México, uno de los que más recursos ha destinado para promocionar la imagen de Enrique Peña Nieto para el mismo año, pero 60 millones menos de los que reconoció el titular de la Secretaría de Finanzas del estado, Gerardo Pérez Salazar, en febrero de 2007 ante los diputados locales.
Esa información, proveniente de los archivos que la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas y que el gobierno marinista se vio obligada a entregar a una solicitud presentada al amparo de la Ley de Transparencia en 2008, desapareció un par de años después.
Ante una solicitud idéntica, letra a letra, la administración estatal calificó de “inexistente” la misma información sobre gastos en medios de comunicación; lo diferente, fue una actualización en fechas para conocer los movimientos y montos en la segunda parte de su sexenio.
No “engordaremos” medios
El 7 de febrero de 2005, con tan sólo unos días de iniciado el sexenio, La Jornada de Oriente publicó en sus páginas una entrevista con Mario Marín Torres. Eran los primeros días de su sexenio.
Las palabras que quedaron registradas no dejaban lugar a dudas. El mensaje del recién nombrado mandatario era: “Yo no voy a engordar los bolsillos de un medio –de comunicación– nada más en aras de que proteja mi imagen”.
Pero el tiempo y un problema de magnitudes insospechadas diluyó aquellas palabras un año y meses después.
Los documentos entregados revelan que el aciago 2006 –año del affaire Cacho-Marín—, el gobierno del estado entregó 11.2 millones de pesos a la empresa radiofónica de Olegario Vázquez Raña, casi el 70% de lo que se destinó en ese periodo a las compañías radiofónicas nacionales.
Ese año, el presupuesto etiquetado para pagar espacios en la radio nacional se cuadriplicó, pasando de 4.01 millones de pesos en 2005 a 16.7 en 2006.
Pero no fue lo único. El diario Excélsior, parte del emporio mediático de Olegario, también sumó a sus ingresos 800 mil pesos provenientes del erario poblano para cerrar la cifra en 12 millones de pesos.
Ese mismo año, TV Azteca –facturado a nombre de Antena Azteca SA de CV y TV Azteca México— le vendió al gobierno marinista espacios publicitarios por 14.1 millones de pesos. Por su parte, Televisa Puebla logró contratos por 11.5 millones de pesos. Las dos televisoras abiertas se quedaron con el 96% de los recursos públicos destinado a ese rubro.
Ese año, La Jornada, diario que detonara el escándalo al publicar la conversaciones entre Marín y Kamel Nacif, le facturó a la administración estatal 4.9 millones, mientras que El Universal reportaba 4.7 millones por publicidad a nombre del gobierno local.
De aquel tiempo es la entrevista telefónica que Joaquín López Dóriga le hiciera a Mario Marín la noche del 14 de febrero de 2006:
Lo que pocos saben es que ese mismo año, Astrón Publicidad, empresa que a decir de la revista Etcétera es “la agencia que comercializa el espacio que López Dóriga conduce en Radio Fórmula”, le vendió 2 millones 300 mil pesos en espacios publicitarios.
En tierra de ciegos
En Puebla, el pastel publicitario, sin contar a la televisión, se lo repartieron El Sol de Puebla, una de las empresas más rentables en el conglomerado de medios propiedad de Mario Vázquez Raña, que reportó facturas por 3.7 millones de pesos; Grupo Acir, a quien se le pagaron 3.3 millones y Radio Oro, que obtuvo ganancias por 3.06 millones.
El diario Síntesis, que hace unos meses acusó haber sido excluido de las reuniones del gobernador, obtuvo ese año 2.4 millones de pesos, cifra superior a los 2.3 millones que se le entregaron a la empresa radiofónica Marconi Comunicaciones.
Mención especial merece el caso del diario Intolerancia, que bajo la razón social Editorial Periodística SA de CV, logró contratos publicitarios por 2.3 millones de pesos.
En tanto que Versus Editores SA de CV, empresa que en el padrón de proveedores del gobierno del estado se reconoce como representante legal a Enrique Núñez Quiroz, también director Intolerancia, logró 1.1 millones de pesos en el mismo año.
Por si fuera poco, la empresa Gráfica Total, propiedad de la familia López Sainz, facturó ese año 1.3 millones de pesos. En total, casi cinco millones de pesos se destinaron a personajes vinculados a ese diario.
Los nuevos convidados
Para 2007, el último periodo reportado por la oficina del vocero gubernamental, otros medios entraron al círculo de los “consentidos” de la administración: El Heraldo de Puebla, una vez que el diario dejó de ser parte de la cadena que encabezaba Gutiérrez Vivó y pasó a manos de uno de los empresarios consentidos del marinismo, Ricardo Henaine, y XEPA, Punto 10 AM.
En ese año, El Heraldo de Puebla, que en los años precedentes no aparece registrado dentro de los medios impresos que el gobierno del estado contrató, logró vender casi 2 millones de pesos en publicidad a la administración marinista. Nada mal para un periódico que durante la dirección de Pablo Ruiz permaneció vetado por su insistencia de llevar el conteo de los “días de impunidad”.
Veamos el caso de la XEPA. Aunque la empresa ya participaba de la publicidad gubernamental con un promedio de facturación anual de 1 millón de pesos en los dos primeros años, en 2007 brincó a 2.1 millones sólo para el periodo enero-octubre de ese año.
Ese mismo año, la empresa cambió de arrendatarios quedando en manos de la familia Hannan. Atrás quedaban los días en que Alberto Ventosa Coghlan llevara las riendas de esa estación.
La opacidad poblana
La honestidad no es un valor de alta estima en la secretaría de Finanzas y Administración, sobre todo cuando se trata de mantener fuera del ojo público el monto del gasto que se destina a la publicidad gubernamental.
Y es que entre 2007 y 2008, Gerardo Pérez Salazar y la dependencia a su cargo ofrecieron respuestas distintas a una misma pregunta. Primero, a los diputados locales en la comparecencia del funcionario público. Meses más tarde a una solicitud de información.
No queda claro a quién de los dos mintió, pero la cifra del gasto en publicidad del gobierno marinista para el 2006, el año más álgido que enfrentó la administración estatal por la divulgación de la conversaciones entre Mario Marín y el empresario textilero Kamel Nacif, bajó sorpresivamente de 184.6 millones de pesos, “como venía dentro del presupuesto 2006”, a 121.5 millones, cuando se entregó la documentación solicitada.
La actitud del secretario de Finanzas, sancionada además en el Código de Ética de los Servidores Públicos que rige el actuar de los funcionarios desde el inicio de la actual administración, no es exclusiva de esa dependencia.
Cuando se trata de evitar que se conozcan las tripas de la estrategia mediática que le permitió librar la presión social que significó el affaire Cacho-Marín, y los llevó incluso a negar la existencia de contratos para la compra de espacios publicitarios en los medios de comunicación, la dirección de Comunicación Social marinista niega la existencia de contratos y facturas, situación que viola la Ley de Adquisiciones.
Esa es la respuesta que se ha esgrimido una y otra vez, pese a que se probó, gracias al trabajo mediador de la Comisión de Acceso a la Información Pública, que el gobierno estatal sí contrata y factura espacios de promoción.
Y aunque entregó a regañadientes la información de uno de sus vehículos de promoción -el sistema de información Avances- ha bloqueado de manera sistemática cualquier otro intento por transparentar sus relaciones comerciales con empresas mediáticas, estatales y nacionales.
El gobierno no limpia imágenes
Es 3 de febrero de 2007. Gerardo Pérez Salazar, secretario de Finanzas en el estado, está contrariado, enfadado. Los diputados acaban de lanzarle por varios frentes una pregunta que rondaba en el ambiente desde meses antes, cuando se puso en marcha desde la administración estatal un bombardeo mediático para posicionar la figura del gobernador.
La pregunta, de tan inevitable, le llegó no sólo desde la oposición, pues incluso los legisladores de su partido, el Revolucionario Institucional, sumaron dardos en esa dirección.
Juan Antonio Martínez Martínez, entonces presidente de la Comisión de Hacienda dejó caer las palabras: “Por último, señor secretario, quisiéramos saber todos los que estamos aquí presentes, ¿cuántos recursos fueron destinados para limpiar la imagen del gobernador después del caso Lydia Cacho? Ya que incluso existieron entrevistas y comentarios a nivel nacional en desagravio y se desactivaron los comentarios (negativos) en Televisa y en Tv Azteca, así como el costo de operadores en medios a nivel nacional”.
No sería la única pregunta o comentario sobre el tema que tuvo que enfrentar el funcionario al comparecer ante 41 diputados como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.
Rodolfo Huerta, líder de la bancada perredista en la pasada Legislatura local, también habría de abonar al tema: “Más allá de si es publicidad o desagravio, que es una simple formulación, yo sólo le diría ¿de dónde salen los recursos y a cuánto ascienden para la defensa del caso Cacho-Marín?”.
Víctor León Castañeda, entonces legislador panista también abonó sobre el particular, al solicitar el monto del “gasto realizado por el Ejecutivo del estado en el área de comunicación social, la imagen y la defensa jurídica”.
Pérez Salazar miró al techo, sabía que el tema sería reiterativo, pero buscaba hacer patente su molestia. Tomó un trago de agua y comenzó su perorata llena de números.
En alguna parte de su intervención abordó el tema, mientras por sus mejillas subía el color.
“El diputado Juan Antonio Martínez pregunta cuántos recursos se destinaron para limpiar la imagen del gobernador después del caso Lydia Cacho. Que cuánto costó ese asunto, ¿no? Quiero comentarle señor diputado que solamente se ejercieron los… el presupuesto para comunicación social que venía dentro del presupuesto 2006, que fueron 184.6 millones de pesos, mismos recursos que son utilizados para la difusión de la totalidad de las acciones que gobierno, y que tenemos convenios concertados con diversos medios de comunicación y el pactado de los mismos corresponde a la transmisión de los programas del gobierno del estado, no para limpiar la imagen de nadie.
“Al diputado Rodolfo Huerta yo quisiera comentarle que se tiene un presupuesto que ejerce la asesoría jurídica del Ejecutivo, y que se presenta en el presupuesto de egresos, y si en su caso el señor gobernador contrató algunos abogados es de su propio ingreso, él que pague esos abogados”.
Por último, y luego de una larga sesión declamatoria de cifras, Pérez Salazar volvió a mencionar el monto del gasto en publicidad: “Fueron de 186 millones de pesos en 2005; en el 2006 fueron 184 millones 661 mil pesos, un decremento de 2 millones 331 mil pesos”.
La magia de los números
Pero esos 184.6 millones de 2007 se transformaron un año y tres meses después en 121.5 millones de pesos, al responder a una solicitud de información interpuesta a través de la Ley de Transparencia estatal.
La Secretaría de Finanzas entregó un documento con los montos del gasto ejercido en 2004, 2005, 2006 y hasta octubre de 2007.
En el papel, la dependencia sostiene que el gasto en 2006, el año del Maringate fue menor en un 34% a lo afirmado por Pérez Salazar ante los diputados.
También se reconoce que en 2005 no fueron 186 millones, como también aseguró el secretario de Finanzas ante los diputados, sino 114 millones de pesos lo que se destinó a la publicidad gubernamental.
Y como los números bailan, y al parecer no tienen memoria, se solicitó a la oficina del vocero y responsable de la comunicación social, encabezada por Javier Sánchez Galicia, copias de los contratos para confirmar el gasto, aun cuando las facturas ya habían sido negadas en solicitudes previas argumentando su inexistencia.
La respuesta sólo siembra más dudas: “Me permito informarle que no existen convenios publicitarios signados, ya que se trabaja con ellos a través del pago por publicación en el caso de los medios impresos y por difusión para radio y televisión; ya sean locales, nacionales o internacionales”.
Esta no es la primera vez que el gobierno asegura no tener la documentación al respecto, pero en esta ocasión fue posible que el solicitante probara la existencia de dicha información, como lo exige la CAIP para poder intervenir.
Una solicitud previa en otra dependencia permitió obtener copias de un contrato y su correspondiente factura por la publicación de un número dedicado a promocionar la actividad económica y comercial del estado en la revista Desarrollo Económico.
Pero ello no impidió ni inhibió al vocero para asegurar, en el documento que fue entregado a manera de respuesta, la inexistencia de la información. En otras solicitudes el funcionario también negó la existencia de facturas y convenios.
