PGR no investiga filtración ilícita <br>a Televisa sobre Proceso
La Procuraduría General de la República (PGR) no ha iniciado alguna investigación interna contra quien resulte responsable por la filtración del testimonio a El Noticiero de Televisa del testigo protegido Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, en el cual acusó al reportero de la revista Proceso, Ricardo Ravelo, de recibir 50 mil dólares a cambio de no mencionarlo en sus reportajes.
De acuerdo con el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, a las investigaciones ministeriales sólo tendrán acceso el inculpado, su defensor, así como la víctima u ofendido y, en su caso, su representante legal.
“La averiguación previa, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, y los objetos, registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados”, señala el Código Federal
“Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, únicamente deberá proporcionarse una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal, sin que pueda ser menor de tres ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha resolución haya quedado firme”, se agrega en la misma norma en su artículo 16.
A siete días de esta filtración, la PGR aún no abre una investigación interna por la violación a la secrecía de las investigaciones. Hasta el momento, tampoco ha abierto un expediente contra Ricardo Ravelo por supuestamente haber recibido dinero del narcotráfico.
De acuerdo con el citado Código Federal de Procedimientos Penales será hasta que la resolución de no ejercicio de acción penal sea un hecho, cuando el ministerio público podrá proporcionar la información de acuerdo con las disposiciones aplicables, siempre y cuando no se ponga en riesgo alguna otra indagatoria.
El pasado miércoles 1 de diciembre, Televisa difundió en su noticiario estelar conducido por Joaquín López Dóriga un video que forma parte de una averiguación previa, en el que el presunto narcotraficante hace los señalamientos en contra del periodista de Proceso. El Grande, de acuerdo con las investigaciones policiacas, era uno de los operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La PGR continuará por el momento desahogando las pesquisas en torno a esta organización criminal, sobre la cual El Grande aporta dados sobre sus movimientos.
En declaraciones que ha efectuado previamente a diarios y revistas editados en la ciudad de México, Jacqueline Peschard, comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), ha denunciado que la PGR utiliza de manera discrecional e ilegal las averiguaciones previas.
Por ejemplo, la dependencia federal suele incluir en la mayoría de sus comunicados de prensa datos confidenciales recabados en sus operativos, como son los lugares y los nombres de los presuntos implicados.
Por otra parte, respecto al caso Proceso, la organización civil Article 19 hizo un pronunciamiento en el que destaca la violación del principio de presunción de inocencia en contra de Ricardo Ravelo por parte de las autoridades federales.
Señala que la difusión de los dichos de Sergio Villareal Barragán que implican a la revista Proceso y a su colaborador, “carece de todo sustento probatorio y, al mismo tiempo, viola los derechos de presunción de inocencia y debido proceso al promover un juicio mediático, lo cual expone a un serio riesgo la integridad física del comunicador y el resto de colaboradores del semanario”.
La protección de los medios de comunicación y voces críticas o disidentes, indica el organismo, resulta esencial para cualquier democracia, por lo que promover su estigmatización a través de juicios mediáticos contraviene los principios que la sustenta.
“En un contexto de violencia, el ejercicio de un periodismo crítico e independiente resulta crucial para la rendición de cuentas y construcción de una cultura de paz. La libertad de prensa se debe de ejercer respetando derechos fundamentales, principios legales nacionales e internacionales que deben de atender todos los medios de comunicación al momento de difundir información”, explica Article 19.
Añade que la validez informativa debe de salvaguardar la integridad física y dignidad de las personas involucradas y no promover agendas políticas de grupos específicos incluyendo a las autoridades.
“Article 19 rechaza de manera enérgica la promoción de juicios mediáticos y la estigmatización de medios de comunicación y periodistas críticos e incómodos. En este sentido, exigimos que el Estado mexicano adopte medidas inmediatas para proteger la integridad física de Ricardo Ravelo y el resto de los y las colaboradoras del semanario.
“Al mismo tiempo, exigimos que el Estado mexicano se abstenga de interferir en el libre flujo de ideas, información y opiniones a través de la filtración selectiva de información. De manera particular, hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República a establecer una política de comunicación acorde con los principios de legalidad, transparencia y apertura propios de un régimen democrático” indica el texto difundido por el organismo.
Finalmente, agrega, la filtración de información o documentos como una política de comunicación es incompatible con los principios democráticos, ya que contraviene los principios de transparencia, máxima publicidad y difusión proactiva de información.
