Homex: La nueva esclavitud en Islas Marías

Trabajar de albañil en México condiciona a una vida dura, de esfuerzo físico, lesiones, quemaduras de piel; pero ejercer ese oficio en las Islas Marías es perder la dignidad.

Por sueldos que van de los 2 mil a los 3 mil 500 pesos semanales -según el cargo- son condicionados a soportar un trimestre de trabajos forzados. Mientras laboran, el salario se deposita en una tarjeta de débito otorgada a la familia. Ellos no sienten un peso en la bolsa.

Así lo han narrado cientos de trabajadores entrevistados en Mazatlán, sitio en que la constructora sinaloense Homex tiene su muelle de embarque a las Marías.  Incluso, han mencionado ante la prensa local que para poder salir les hacen firmar un documento de no adeudo.

También le encargó la remodelación del penal de mediana seguridad de Guasave, Sinaloa, cárcel que se anunció para el primer bimestre de este año pero que se ha retrasado sin que haya una explicación pública hasta el momento.

Homex es una empresa poderosa que igual construye viviendas en Culiacán, Cancún y Pachuca, como lo hace en Brasil, Egipto y la India. Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, en la de Nueva York, y tiene el distintivo de Empresa Socialmente Responsable.

El poder de la empresa es tan grande que le ha permitido tener presencia en 34 ciudades de 21 estados. En 2009, obtuvo recursos por 19 mil 418 millones de pesos, con una utilidad neta de 2 mil 234 millones, según el portal de la corporación, en la sección de inversionistas.

Es este poderío en dinero y en relaciones políticas lo que ha hecho que un amplio sector de inconformes escondan la voz, tanto trabajadores como proveedores: reclaman cuando no pueden más, cuando es su última alternativa.  El que se queja públicamente o demanda a Homex nunca vuelve a trabajar en esta compañía, es el comentario que prevalece entre los hombres de la construcción en Sinaloa.

“Esta gente es del gobierno y ya ve cómo está aquí la cosa en Sinaloa”, agregó apenas había desembarcado.

Los reclamos por las condiciones laborales y la falta de pago se han repetido todo el 2010.  La prensa local ha registrado la queja cada vez que los halla vagando en grupos por las calles, cuando se plantan afuera de las oficinas de la compañía, o cuando se les encuentra durmiendo en parques públicos.

La mayoría de los entrevistados ha acusado que la empresa los abandona en el puerto, sin pago y sin dinero para su regreso. Los que son de Sinaloa corren con suerte, pero la mayor parte de los trabajadores tienen su residencia en el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, entre otras entidades.

Los trabajadores son reclutados en sus estados, los trasladan en camión hacia Mazatlán, los embarcan y si no resisten, los regresan al puerto sin dinero, sin pasaje y sin alimentación. Esa es la historia repetida hasta octubre, cuando la compañía cambió la estrategia y determinó colocar camiones para trasladar a los exempleados directamente desde el muelle a sus estados, para así evitar que interpongan una queja ante la Procuraduría del Trabajo local, o que busquen a los medios de comunicación para expresar su inconformidad, reveló una fuente de la empresa a Animal Político.

Hasta ese mes de 2010, la Procuraduría local había recibido la queja de 230 trabajadores. Los testimonios son tan variados como ilustrativos.

El 29 de agosto, cinco tijuanenses barrían la calle de un vecino de la colonia Gabriel Leyva en Mazatlán a cambio de agua y comida. A ellos, como a cientos de trabajadores, los había dejado Homex “varados” en el puerto, sin dinero, sin comida, sin transporte de regreso a su tierra.

“Nos llevaron con engaños a las Islas Marías porque nos ofrecieron un sueldo de 3 mil 500 pesos por semana. Nosotros somos yeseros pero lamentablemente ahí no hubo el trabajo  y le entramos a la obra, pura obra negra, nos pusieron a hacer pozos para alcantarillas”, mencionó Heriberto Chagoya Cháirez.

“Esos pozos, según son como de 4 mil pesos, pero como hay muchos internos que hacen el trabajo por 100 pesos le quitan el trabajo a uno, y uno empieza el trabajo y ellos llegan en la noche y lo acaban”.

El 20 de septiembre el plomero Rodolfo Suárez también reclamó la falta de pago: “Estuve trabajando tres meses y me daban 300 pesos a la semana”, cuando el trato ascendía a 2 mil 500 pesos cada ocho días.

Apenas el 15 de noviembre pasado el albañil Fernando García Hernández acusó que trabajó ocho semanas para Homex en las Islas Marías bajo un contrato de 2 mil 500 pesos cada ocho días, pero la compañía únicamente le dio 2 mil 700 pesos por toda su estadía.

“Me contrataron para ir a las Islas Marías durante ocho semanas, me ofrecieron 2 mil 500 por semana y viáticos y comida. Llegando allá me dieron un cochinero de comida. Aparte de eso, unos colchones todos ‘miados’, feos, bañarme con agua tratada, creo, porque hasta traía lama y me salieron granos en la espalda”, afirmó.

Abuso en todo México

Basta escribir la palabra Homex en los buscadores de internet para conocer las quejas que en su contra han surgido en distintos puntos de la República.

El 28 de diciembre de 2009 el periódico veracruzano Imagen del Golfo citó un caso más de estos abusos:

“Alrededor de 90 trabajadores de Minatitlán, los cuales regresaron en fechas pasadas de Islas Marías, lugar al que fueron llevados por la empresa Homex para laborar y, donde debido a las malas condiciones laborales en las que estaban tuvieron que buscar la forma de retornar a su lugar de origen, se encuentran inconformes, ya que han solicitado a dicha empresa el pago correspondiente a dos meses de trabajo y ésta no les ha querido responder”, se consigna.

Según la publicación del 29 de octubre de 2009 del sitio web Dossier Político, de Sonora, el señor Ildefonso Alcántar Moreno denunció que la empresa los había encerrado mientras llegaban los materiales.

“Trabajamos tres días y después nos dijeron que ya no había materiales, que nos esperáramos hasta que llegaran, pero pasaron los días y nunca llegaron; nos dejaron encerrados en una bodega y no nos dejaron salir en ningún momento durante casi tres semanas, en pocas palabras, nos tenían secuestrados”.

Entrevistado en septiembre con el tema de los repetidos abusos de la compañía, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le sigue la pista a estas denuncias, y es que en opinión del ombudsman sinaloense, sí se están cometiendo actos atentatorios a las garantías individuales.

“De lo que los trabajadores deducen y dicen, nosotros sí encontramos violaciones particularmente a lo que implica, por un lado la relación laboral, y por otro las condiciones de trabajo”, aseguró.

Una dificultad para investigar el tema, explicó, es que además de que por ley las comisiones estatales no pueden conocer de conflictos laborales, en las Islas Marías es particularmente complicado aplicar la legalidad porque tiene diversas jurisdicciones: la federación construye las cárceles, en materia de justicia el DF tiene competencia, el IMSS brinda los servicios de salud, y Sinaloa tiene injerencia por colindancia. Es toda una trampa legal.

El testimonio de un trabajador del que se omitió su nombre, y registrado el 16 de septiembre de 2009 en el diario Noroeste, ayuda a entender las razones que podrían ser las que han llevado a la compañía a continuar con los excesos en el personal, sin dar siquiera una explicación pública.

“Lo más triste es que nosotros le dijimos a un señor que dijo ser de la constructora Homex que íbamos a denunciar los abusos, y él irrespetuosamente y carcajeándose, nos dijo que fuéramos con quien quisiéramos ya que muchas veces habían ido reporteros y cámaras y sólo les han dado publicidad, ya que a la empresa no le hacen nada porque cuenta con influencias dentro del gobierno”.

Proveedores en desespero

En un acto poco común en Sinaloa, ante el dominio y la relación política y de negocios entre el gobierno y los grandes empresarios como la familia Coppel, Jesús Vizcarra, y los De Nicolás, un proveedor solitario con ayuda de sus empleados inició una protesta para exigir que la empresa Homex le pagara el adeudo millonario que contrajo con él.

Para la compañía internacional, unos cuantos millones de deuda no representa problema mayor, pero para un pequeño o mediano empresario sí lo es, significa su ganancia, o el pago a sus acreedores y trabajadores.

Así, el domingo 14 de noviembre, José Alberto Soto Chin inició una manifestación pública en el muelle que utiliza Homex para el embarque de mercancía y trabajadores en demanda de cobertura de adeudo.

Planeó la queja por tiempo indefinido, pero el martes en la noche el empresario ya no regresó al lugar, y no lo hizo, según relató, por temor a las represalias. Afirmó que un vehículo de la Dirección de gobierno estatal lo siguió durante el día y la noche, al grado de que se vio en la necesidad de meterse en plazas comerciales para escabullirlo.

Como colocó una manta con consignas en la puerta del embarcadero, lo visitó la AFI y tres camionetas de la Policía Municipal, recordó.

El sábado levantó el plantón, tras la visita de un jefe de la empresa que le prometió agilizar los pagos.

En entrevista, Soto Chin solicitó públicamente una investigación federal para revisar el ejercicio de los recursos de la SSP en la penitenciaría.

“Hacer una invitación a la Secretaría de la Función Pública, a la Cámara de Diputados, para que hagan una investigación de dónde están quedando esos recursos que la SSP le otorgó a la empresa Homex, porque somos demasiadas las gentes afectadas, nosotros queremos únicamente recibir lo que nos corresponde, pero la verdad no vemos ni lejana la posibilidad de que así sea por la constante evasiva que hemos tenido de parte de la empresa”, exhortó un par de días antes de iniciar la manifestación.

El 19 de noviembre, y desde el DF, una proveedora de la empresa habló desesperada a Noroeste Mazatlán en busca de Soto Chín. Quería preguntarle qué hacer porque ella se encontraba en la misma situación, conocía a otros empresarios que también estaban nerviosos pero no se animaban a hablar por miedo a que la empresa optara por nunca pagarles el pasivo.

“En Homex no me contestan los teléfonos ni los mails, no me reconocen la deuda”, reclamó.

La mujer se puso en contacto con Soto Chín una sola vez, después ya no le respondió las llamadas.

Es una cárcel

A pesar de las continuas inconformidades públicas, conseguir la versión de la empresa no ha sido fácil. No se ha querido abrir a explicar lo que sucede en ese penal que hace décadas fue llamado “El infierno del Pacífico”, por los malos tratos y castigos a presos delincuenciales y políticos.

El jueves 25 de noviembre, en la recepción de un elegante restaurante de Mazatlán, el presidente del Consejo de Administración de Homex, Eustaquio De Nicolás Gutiérrez, compartía nueces y aceitunas con el Director de gobierno, Joel Hernández Niño, mientras esperaba a que el gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla concluyera una plática con el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo.

Si sucedieron los hechos como los narró Soto Chin, Hernández Niño fue el encargado del operativo de seguridad intimidatorio.

Me acerqué a De Nicolás y le pedí una entrevista pero no aceptó, aún así iniciamos una plática que asoma su versión de lo que sucede.

Aseguró que a los trabajadores sí se les paga, pero que por reglas no les pueden dar dinero en el interior, ni adelantos. Al cuestionarle que para que les retribuyeran su trabajo los obreros se veían obligados a acusarlos ante la Procuraduría del Trabajo y los medios de difusión, De Nicolás insistió en que no se les debía dinero, y si se les cubría después de la queja era “por un gesto amable”.

Al insistir en las condiciones infrahumanas en las que trabajan sus empleados, según las quejas recibidas, el empresario concluyó con esta oración: “No te puedo decir mucho, pero el problema es que allá es una cárcel”.