Francisco Alor Quesada, <br>investigado por corrupción</br>
Cancún, Q.R.- De principio a fin, la administración de Francisco Alor Quesada al frente del ayuntamiento de Benito Juárez (2005-2008) fue una cadena de hechos presumiblemente delictivos que ahora salen a la luz gracias a una investigación que la Procuraduría General de la República (PGR) sigue en su contra por el “probable desvío de recursos públicos”.
A esta indagatoria, se suma el resultado de una auditoría que su sucesor, Gregorio Sánchez Martínez, encubrió dolosamente.
Francisco Alor llamó la atención de las autoridades de la Secretaría de Hacienda desde finales del año 2007, en el tramo final de su gestión como alcalde de Cancún, cuando una serie de movimientos financieros en sus ingresos motivaron que la unidad de inteligencia financiera de la dependencia elaborara un informe que tiempo después quedó “archivado”.
La información fue retomada hace unos meses por la PGR debido a que se presume un desvío de recursos públicos cuya cantidad oscilaría entre 56 y 202 millones de pesos, cantidad que, según las investigaciones, pudo haber sido utilizada para la adquisición de bienes inmuebles a nombre de su esposa y familiares en el municipio de Valladolid, Yucatán.
De acuerdo con tres diferentes fuentes de la PGR consultadas en la Ciudad de México, el hoy procurador de justicia de Quintana Roo ha sido involucrado en diferentes investigaciones penales donde aún está por determinarse si incurrió en posibles actos ilegales, uno de los cuales, el desvío de recursos públicos, tendría mayor soporte jurídico en virtud del crecimiento de su patrimonio como funcionario de gobierno.
Documentos del Registro Público de la Propiedad de Cancún quedaron como huellas de la manera en cómo el procurador del estado adquirió bienes inmuebles que con dificultad pudo haberse hecho con su sueldo de alcalde del municipio de Benito Juárez (Luces del Siglo 366).
En una parte del reporte que las autoridades federales elaboraron se lee: “Alor adquirió tres propiedades en Valladolid, Yucatán, valuadas en aproximadamente seis millones de pesos. Dos predios están en el centro urbano de Valladolid, y el tercero es un rancho colindante con un domicilio a nombre de su esposa, Rubí Peniche, en el fraccionamiento Residencial Campestre del Pedregal, también en territorio vallisoletano, así como dos departamentos en el desarrollo Bay View Grand, así como cuatro terrenos en la supermanzana 17 y una vivienda en la Calle Beta, todo con valor de 2 millones 360 mil pesos, cuando el Procurador antes sólo tenía una vivienda en Avenida del Sol; invirtió un millón 840 mil pesos en la compra de un local comercial en la exclusiva Plaza Nichupté, mientras su cónyuge, Rubí Peniche, adquirió el lote 17 de la calle Punta de Piedra, por 750 mil pesos; compró el lote 18 de la calle Piedra de la manzana 4, supermanzana 17, a un precio de 620 mil pesos”.
El sigilo sobre las investigaciones que la dependencia federal lleva a cabo en Quintana Roo ha derivado en que toda la información haya sido catalogada como “confidencial” hasta que no se resuelva jurídicamente cuál será la decisión del ministerio público de la federación, confió una de las fuentes que está al tanto de las indagatorias.
El escenario de violencia que permea en el país debido a la disputa entre las diferentes organizaciones del narcotráfico por ciudades y regiones en el centro y norte de la República, es el contexto que rodea otras investigaciones con derivaciones en Cancún donde el procurador no es ajeno a lo que ocurre en el terreno.
¿DONACIÓN O EXTORSIÓN?
Al poco tiempo de sentarse en la silla, Alor comenzó a recibir del empresario Fernando García Zalvidea una serie de misteriosas “donaciones” en especie. Entre ellas destacan 14 camionetas marca Ford con un valor de 2.5 millones de pesos, 50 equipos de cómputo, 10 escáners y un servidor avanzado. Hasta ahora se desconoce el motivo de esas “donaciones”, pero se presume que fueron producto de la “extorsión” que el hotelero comenzó a recibir como parte de las reacciones contra su hermano, el exalcalde Juan Ignacio “El Chacho” García Zalvidea, por entonces preso en la cárcel municipal de Cancún.
En 2005, “El Chacho” fue el más fuerte contendiente opositor para la gubernatura del estado y durante su campaña desacreditó la imagen del candidato del PRI, Félix González Canto, quien finalmente obtuvo el triunfo por un pequeño margen.
Concluido el proceso electoral y ya renovado el gobierno estatal, la primera disposición que se tomó fue activarle una denuncia por peculado en agravio del patrimonio municipal, por el cual fue a prisión. A partir de ahí, se desencadenó una serie de presiones en contra de la familia del defenestrado político.
En ese marco, según las investigaciones que en su momento realizó inteligencia militar, Fernando García realizó varias donaciones que quedaron registradas en documentos oficiales. De ellas, destaca la copia del contrato MBJ-DGDU-152-2006, celebrado entre el hotelero y el presidente municipal, en el que aparece borrado el nombre del donante para dejar sólo a su empresa Promotora Playa Mar.
En el contrato se detallan las características de las camionetas: una camioneta Ford Lobo Fx4 4×4, cuyo valor de agencia es de alrededor de 263 mil pesos; dos camionetas Ford XLT 4×2, con valor aproximado de 180 mil pesos; una camioneta Ford F-250 XLT, cuyo precio comercial es de 170 mil pesos; y 10 camionetas Ford F-150 marcadas con un precio base de 164 mil pesos.
No obstante, en el listado de bienes donados que conserva la Dirección de Patrimonio Municipal, se establece que no fueron 14 sino 15 camionetas donadas por el empresario, lo que indica que falta o sobra una camioneta, según la óptica con que se mire el caso.
La investigación de inteligencia militar destaca que la empresa La Roca Country Club donó seis automóviles Stratus, modelo 2005, que no fueron registrados en el inventario de vehículos. Ahora, sólo Alor sabe el destino que tuvieron esos vehículos.
DESPOJO PATRIMONIAL
Ocho meses antes de dejar la silla, Francisco Alor consumó el mayor despojo que ha registrado el patrimonio público del municipio de Benito Juárez. Coludido con su grupo cercano de regidores, disfrazó la venta de un predio de 13 mil 466 metros cuadrados, considerado como vía pública dentro del Plan Director de Desarrollo Urbano (publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 12 de enero de 1993).
Se trata del predio ubicado en la supermanzana 37, manzana 01, de la Avenida Rodrígo Gómez (antes Kabah), que de acuerdo al Plan Director de Desarrollo Urbano estaba proyectada para la ampliación de carriles de esta importante arteria vehicular. Dicho predio fue otorgado bajo la figura de “dación en pago” para finiquitar adeudos atrasados con tres proveedores del Ayuntamiento.
Para ello, de manera ilegal, el Cabildo dispuso fraccionar, enajenar y cambiar el uso del suelo del predio en una sola operación, además de que a la hora de realizar la transacción no se ajustó al avalúo real que correspondía por convertirlos en terrenos para uso comercial. El predio fue subdividido de la siguiente manera: el primer lote de 6 mil 246.353 metros cuadrados, el segundo de 292.194 metros cuadrados y el tercero de 6 mil 928.189 metros cuadrados.
Los dos primeros fueron para las empresas Control Integral de Combustible SA de CV y Estación de Servicios SA de CV, cuyo accionista mayoritario es Emilio Alberto Loret de Mola Gomory. Precisamente sobre esa extensión hoy opera una gasolinera que doblegó la resistencia de los pobladores.
La fracción sobrante se empleó para cubrir una deuda de 2 millones 161 mil 997 pesos que el Ayuntamiento había adquirido con la empresa Motosureste SA de CV (antes Suzuki Motor del Sureste SA de CV).
En este último caso, el Ayuntamiento realizó una transacción que resultaba ilegal a todas luces, ya que el valor del predio era de 18 millones 850 mil pesos. De esta manera, se dispuso que dicha empresa pagaría la cantidad de 6 millones 688 mil pesos con motos para la Dirección de Tránsito Municipal y los restantes 10 millones lo haría en efectivo en una sola exhibición.
Las pruebas para desentrañar este laberíntico negocio resaltan que de los 10 millones de pesos jamás se supo nada, ni existe registro de su ingreso a las arcas municipales ¿Dónde quedaron? Sólo la empresa y Alor podrían responder a esta interrogante.
Toda esta investigación fue parte de una auditoría que en su momento realizó el gobierno de Gregorio Sánchez Martínez, quien amenazó que actuaría contra su antecesor, pero que al final no hizo nada.
