Exfuncionarios de Oaxaca<br>¿Por qué los busca la SIEDO?
Oaxaca, Oax.- El exsecretario de Gobierno en Oaxaca y actual diputado federal Jorge Fernando Franco Vargas, “El Chuky”, es uno de los personajes ligados al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, que es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR).
Su caso es muy particular. No es la primera vez que el también exdirigente priista en Oaxaca es señalado dentro de una pesquisa oficial. Según lo publicado en periódicos locales y nacionales –entre ellos Milenio-, el legislador encabezó a un grupo político que, durante los primeros años de la administración de Ulises Ruiz, se dedicó a perseguir a opositores así como a miembros de cárteles del narcotráfico.
Las notas refieren que un testigo protegido de la PGR -quien fungió como funcionario estatal- declaró dentro de las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/057/08 y PGR/SIEDO/UEITA/047-08, que como líder de este grupo, el legislador ordenó la desaparición de integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), que participaban en las protestas de 2006 que a su vez encabezaban los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
También se le mencionó como la persona que en abril de 2007, ordenó el secuestro de Jesús Eugenio Díaz Parada, hermano del narcotraficante Pedro Díaz Parada, detenido por la PGR en enero de 2007 y quien por más de tres décadas fuera considerado Jefe del Cártel del Istmo.
En marzo de 2010, Franco Vargas fue denunciado de nueva cuenta ante la PGR. La acusación se dio luego que el corresponsal del periódico Reforma en Oaxaca, Virgilio Sánchez, publicara que el exsecretario de Gobierno, se había ostentado como licenciado en derecho sin haberse titulado.
Tras darse a conocer que el exdirigente del PRI firmó documentos oficiales como licenciando durante los diferentes cargos que ocupó, Legisladores Federales del PRD, así como de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), presentaron una denuncia ante la PGR, por el delito de “usurpación de profesión”, indagatoria que aún continua vigente.
A estas tres averiguaciones previas, se suma una cuarta investigación por el delito de lavado de dinero, en poder de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la PGR.
Se la trata de la Averiguación Previa 052/2009, en la que también se encuentra incluida Julieta Tarasco Sainz, esposa del diputado, quien constantemente aparece fotografiada en las diferentes páginas de sociales de periódicos y revistas de Oaxaca, considerado uno de los cinco estados más pobres del país.
El 8 abril de 2010 incluso, Víctor Vieyra Gallegos, agente del Ministerio Público de la UEIORPIFAM, le solicitó al entonces procurador estatal, Evencio Martínez Ramírez, que verificara si entre los archivos de la dependencia a su cargo, existían investigaciones u órdenes de aprehensión contra la pareja. Tres semanas más tarde, el 30 de abril, el funcionario respondió que no, de acuerdo con la investigación de Animal Político.
Un consulta hecha al Registro Público de la Propiedad de Oaxaca, revela que tanto el diputado y su esposa, tienen a su nombre tres propiedades. En el caso del Legislador, cuenta con un “lote” ubicado en la colonia Emiliano Zapata, de la agencia municipal de San Martín Mexicapam; mientras que Tarasco Sainz tiene bajo su nombre un “predio rústico” en San Agustín Yaterina, además de una “fracción de predio” en la colonia Lomas del Crestón.
Exgobernadores bajo la lupa.
“URO a la cárcel”; “Ulises regresa lo que te llevaste”; “Ulisito, Ulisito ¿dónde estás? ¿dónde estás?”; son algunas de las pintas que tanto turistas y los propios oaxaqueños pueden observar en las diferentes calles del Centro Histórico de esta capital.
Las pintas las hicieron miembros del EPR y en la mayoría de los casos, las elaboraron en el 2006, luego del conflicto que se dio entre la APPO y la administración que encabezara Ulises Ruiz Ortiz, (URO) quien es investigado por la Unidad Especializada en Delito contra la Salud de la SIEDO, dentro del Acta Circunstanciada 1562/04, en la que también se encuentran relacionados otros exfuncionarios, así como su antecesor en el cargo, el exgobernador José Murat Casab.
A decir de reconocidos panistas oaxaqueños consultados por Animal Político, quienes solicitaron anonimato por temor a represalias, URO y sus más cercanos colaboradores, se cuidaron “muy bien las espaladas” para no verse involucrados en las actividades ilícitas que practicaron, utilizando a prestanombres para montar negocios, adquirir bienes o desviar recursos públicos, sin embargo, hubo operaciones que desde su punto de vista, demuestran la “corrupción” priista.
El caso más sonado, fue el del exsecretario de finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, cuya hermana y sobrino, fueron detenidos en septiembre de 2010 en Jalisco, “por su probable responsabilidad en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la hipótesis de depositar dentro del territorio nacional recursos procedentes o que representan el producto de una actividad ilícita”.
La PGR reveló que mientras la hermana realizó depósitos por 191 millones de pesos, el sobrino hizo movimientos bancarios por 800 millones. En la acción también fue detenida la empleada doméstica Rosa Elvia Orozco Santiago, tía de la exsubsecretaria de Finanzas en Oaxaca, Magnolia Cano, quien hizo transacciones por 139 millones de pesos.
En su momento, diputados locales del PAN y PRD denunciaron que el gobernador Ulises Ruiz se encontraba involucrado con las ilícitas operaciones del sobrino de Ortega Habib, adelantando que interpondrían una denuncia penal ante la procuraduría estatal.
Tras el escándalo, el periódico La Jornada reveló que el entonces encargado de Finanzas en Oaxaca también era investigado por la PGR. La información nunca fue desmentida por la dependencia.
La supuesta relación de negocios ilícitos entre el exgobernador y Ortega Habib no es la única operación irregular que se cometió bajo el mandato de Ulises Ruiz. Entre el 2008 y el 2009, las revistas Milenio y Proceso publicaron que el mandatario había adquirido una casa en Miami, valuada en 255 mil dólares, mientras que su esposa María de Lourdes Salinas, era socia en la ciudad de México, de un moderno hospital especializado en atención a la mujer.
De acuerdo con funcionarios de la administración de Gabino Cué, estas propiedades no fueron incluidas dentro de la declaración patrimonial que presentó Ulises Ruiz, antes de concluir su periodo como gobernador.
En el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC) de Oaxaca tampoco aparecen propiedades o negocios bajo su nombre.
Al igual que URO, el exgobernador José Murat Casab es otro de los indiciados en la averiguación previa iniciada en la SIEDO. En su caso, la única investigación de la que se tenía referencia en la PGR se abrió en marzo de 2004, tras el supuesto atentado que sufrió cuando se dirigía a una reunión de trabajo.
Tres meses más tarde, la PGR llegó a la conclusión de que no se cometió ningún atentado contra Murat, motivo por el cual solicitó a la procuraduría estatal que girara diferentes órdenes de aprehensión contra los funcionarios locales que supuestamente incurrieron en el delito de falsedad de declaraciones. Nunca hubo aprehendidos.
Según el RPPC de Oaxaca, José Murat es dueño de un predio que se localiza en el antiguo pueblo de San Felipe del Agua, zona conurbada con la ciudad de Oaxaca.
También indagan a excolaboradores.
Los exgobernadores oaxaqueños no son los únicos exfuncionarios relacionados en el Acta Circunstanciada de la SIEDO por la presunta comisión de delitos contra la salud. En la lista aparecen los nombres de Bulmaro Rito Salinas o Raúl Rito Salinas, quien se desempeñó como director del Comité de Planeación para el Desarrollo (Coplade) en la administración de URO, así como Juan Díaz Pimentel, exsecretario de Salud con José Murat y Ulises Ruiz.
Bulmaro fue señalado en múltiples ocasiones por columnistas locales y políticos opositores del PRI de enriquecerse a través de los contratos que entregaba a constructoras de su propiedad, pero que eran manejadas por prestanombres.
Uno de los casos más sonados fue la construcción de la llamada Ciudad Administrativa, cuyo contrato fue entregado a Neftalí García Arango, compadre del que también fuera Secretario de Administración con José Murat, Presidente Estatal del PRI y diputado federal y local.
Juan Díaz Pimentel, exsecretario de Salud con Murat y Ulises Ruiz, es otro de los señalados en el Acta Circunstanciada 1562/04 de la SIEDO. No es la primera ocasión que el también exdiputado local es involucrado en una investigación federal.
En los primeros meses de 2010, la PGR dio a conocer que Díaz Pimentel estaba acusado de haber ejercido indebidamente 6.5 millones de pesos para la construcción del área de oncología del Hospital de Especialidades de Oaxaca cuando fungía como Secretario de Salud.
A finales de mayo, sin embargo, fue absuelto por el represente de Tribunal Unitario Penal en el Distrito Federal, quien revocó el auto de formal prisión que un juez giró en su contra.
Empresario del año señalado por la SIEDO.
Fundadas en 1972 en la ciudad de Oaxaca, tiendas Piticó es uno de los negocios investigados por la Unidad Especializada en Delito contra la Salud de la SIEDO, dentro del Acta Circunstanciada que se le sigue a los exgobernadores Ulises Ruiz Ortiz y José Murat Casab.
Según el sitio de internet del negocio que se autodenomina una empresa “100 % oaxaqueña”, actualmente cuenta con al menos 80 sucursales en los estados de Oaxaca y Chiapas, brindándole empleo a más de mil 800 personas.
Fue en 1992 que los dueños de la próspera empresa decidieron cambiar la razón social. De llamarse “Centro Comercial Piticó S.A de C.V”, operarían como “Víveres y Licores S.A de C.V”.
Actualmente, el dueño y director general de Piticó es José De la Cajiga Pérez, hijo de los fundadores del negocio, quien en 2009 fue galardonado como el “empresario del año” en Oaxaca.
Con motivo de este reconocimiento, De la Cajiga Pérez ofreció una serie de entrevistas a diferentes medios de comunicación. En esa ocasión, hizo un llamado a todos los empresarios para no lamentarse por los efectos de la crisis económica, además de exhortarlos a seguir generando empleos y ganancias al Estado.
Tres hoteles y empresario en la lista.
Las tiendas Piticó no son los únicos negocios vinculados en el acta que la SIEDO inicio contra los exgobernadores priistas y varios de sus excolaboradores. En la lista también aparecen los nombres de tres hoteles que en Oaxaca son muy reconocidos.
Se trata del Hotel Victoria, con domicilio en Lomas del Fortín número uno, de la ciudad de Oaxaca; Hotel Fortín Plaza, ubicado en Avenida Venus número 118, colonia Estrella; así como el Hotel Cali, localizado en la carretera Cristóbal Colón kilómetro 790, en el municipio de Tehuantepec, Oaxaca.
Los dos primeros hoteles incluso estuvieron relacionados con la investigación que inició la PGR en marzo de 2004, tras el supuesto atentado que sufrió José Murat Casab, en el cual un policía municipal murió y su jefe de escoltas, salió lesionado de un balazo en la pierna.
En esa ocasión, el entonces director general de Seguridad Pública del Estado, José Manuel Vera, indicó que el día del ataque, el gobernador se dirigía a una reunión en el Hotel Victoria, sin embargo, por encontrarse tan cerca del Fortín, el mandatario se equivocó y llegó a este último punto.
Fue su jefe de escoltas quien le avisó de la confusión porque lo que volvieron a retomar el camino al Hotel Victoria, en cuyas inmediaciones un grupo de hombres armados los esperaban para asesinarlo.
Según Vera, esa equivocación fue lo que salvó a José Murat de la muerte. “El gobernador se equivocó y vino hacia acá, eso causó desconcierto entre la gente que tenía planeada la emboscada”.
Para conocer el nombre de los propietarios de los hoteles, Animal Político consultó sin mucho éxito el RPPC de Oaxaca. La revisión arrojó que no se cuenta con la documentación de los tres establecimientos. Sólo se pudo establecer que en el caso del Hotel Fortín, opera con la razón social “Operadora Hotelera Fortín Plaza S.A de C.V” y cuenta con una sucursal en la ciudad de México, localizada en la calle Liverpool de la colonia Juárez.
Otro de los señalados en el Acta Circunstanciada de la SIEDO, es el empresario oaxaqueño Samuel Gurrión Matías, dueño de varios periódicos en Oaxaca y Quintana Roo, así como del Grupo Gurrión, consorcio automotriz y de la construcción originaria de Juchitán, cuya propiedad comparte con sus hermanos: David y Daniel, este último exdiputado local por el PRI.
En su caso, son múltiples las notas periodistas a nivel estatal que señalan que las empresas de la familia Gurrión fueron de las más favorecidas con contratos de construcción durante la administración de Ulises Ruiz Ortiz.
