Crean Fiscalía <br>para investigar a Ulises Ruiz

“URO asesino. Cárcel a Ulises. ¡Heriberto Pazos vive en el corazón del pueblo. Castigo a los asesinos. Libertad a los presos políticos!”, son algunas de las expresiones de inconformidad que se pueden ver en el Centro Histórico de Oaxaca a dos semanas de que Gabino Cué, asumiera la gubernatura del Estado que por 80 años, fue ocupada por un representante del PRI.

“Gabino no es mesías”, señala otra de las pintas que cualquier ciudadano o visitante que camina por las céntricas calles oaxaqueñas, puede observar y leer por su estratégica ubicación. La frase sin embargo, encierra una incógnita para un gran número de familias e integrantes de grupos sociales y políticos, que por décadas ha sufrido la desaparición, tortura, encarcelamiento o asesinato, de alguno de sus amigos o familiares, por parte de las administraciones priistas en el Estado.

Esa represión precisamente, aunada a la cero negociación política con el magisterio, fue lo que en el 2006 prendió la mecha para que los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), iniciaran un plantón permanente en el Centro Histórico de la ciudad, que después detonó en una de las rebeliones populares más fuertes del país, contra lo que consideraron el “mal gobierno” de Ulises Ruiz y de sus antecesores priistas en el cargo.

Informes de organismos como Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos, cuyos miembros visitaron Oaxaca para investigar las diferentes violaciones que se dieron entre mayo de 2006 y enero de 2007, revelaron en su momento que alrededor de 20 personas desaparecieron y fueron asesinadas, mientras que cientos más fueron torturadas física y psicológicamente, tras los enfrentamientos registrados entre las fuerzas policiacas y los maestros y miembros de la APPO.

El 14 de diciembre de 2009 por ejemplo, fue asesinado el maestro de primaria, Eleazar Martínez Almaraz. Los hechos  ocurrieron en la ranchería El Miramar, en San Agustín Loxicha, municipio presidido por el priista Jesús Martínez Mendoza, a quien públicamente URO llamaba su “hijo preferido2, no sólo por militar en el mismo partido, sino porque  el edil cumplía todo lo que le ordenara. “Mi hijo preferido obedece órdenes”, sonreía el Mandatario cada vez que repetía la frase cuando visitaba la región.

Señalaron incluso, que el maestro y Valencia, pretendían formar una planilla y participar en las elecciones municipales de San Agustín Loxicha, por lo que de ocupar el cargo destinarían los recursos oficiales al EPR. Con esa postura se bañaron en salud, deteniendo por completo las investigaciones.

“Mi esposo era una de las personas que no se callaba las cosas. Lo único que pedía era justicia para los niños. Mejores condiciones para la escuela y la educación… Desde la primera movilización que se hizo, comenzaron las amenazas en su contra por parte de las autoridades municipales… Pero nosotros bien sabemos que la orden vino desde arriba. Solamente asesinándolo lo pudieron callar”, señala la también maestra Flor Salgado, que acompañada de su pequeño hijo y un retrato de su fallecido esposo, se manifestó el martes 14 de diciembre en el Zócalo de Oaxaca,  con motivo del primer aniversario del crimen de  Eleazar, a manos de un grupo de hombres encapuchados y armados, con rifles AK-47.

Lo que pide la viuda, así como un contingente de más de 150 maestros y miembros de la comunidad de San Agustín Loxicha, es que Gabino Cué cumpla con su palabra de campaña de resolver los crímenes cometidos por Ulises Ruiz y sus colaboradores,  para lo cual el gobernador emanado de la coalición entre PAN, PRD, Convergencia y PT, anunció la creación de una “Fiscalía Especial para Asuntos de gran Impacto”.

A decir de Manuel de Jesús López, procurador de Justicia del Estado, la nueva Fiscalía no sólo investigará los crímenes cometidos durante las movilizaciones del 2006, sino que también atenderá los asuntos que trascendieron socialmente durante el pasado sexenio. “No se trata de una cacería de brujas, sino, con elementos probatorios, determinar lo conducente. Obviamente los juzgados determinarán si los elementos que el Ministerio Público aporta, son suficientes o no”.

Del perfil que debe tener el nuevo Fiscal, adelanta que necesariamente tendrá que ser alguien en quien la ciudadanía y los familiares de las víctimas, puedan confiar. Por lo pronto se encuentran en el proceso de analizar nombres, características y propuestas del abogado o ciudadano que tendrá la responsabilidad  de analizar los crímenes, torturas y delitos que se le atribuyen a URO y los miembros de su gabinete.

“Se está jugando el boleto de su sexenio (con la Fiscalía), porque para mí no hay democracia si no hay justicia”, sostiene Flavio Sosa, quien fuera integrante de la APPO y estuviera encarcelado varios meses por su participación en el conflicto de 2006, y quien actualmente es diputado plurinominal por el PT en Oaxaca.

“Nosotros hemos insistido en conformar una comisión de la verdad, sin embargo, Gabino Cué tiene toda la legitimidad que le dan los votos. Él asume el compromiso de investigar los crímenes con esta fiscalía, por lo que debe responder a la sociedad”. Para Sosa sin embargo, este nuevo órgano de justicia debe tener “dientes”, una ley para actuar, presupuesto, independencia del Ejecutivo y un represente “cuya honorabilidad no se encuentre en discusión”.

Por lo pronto, advierte por su parte el Procurador Manuel de Jesús López, cuando se le cuestiona sobre las voces ciudadanas que exigen justicia por los crímenes atribuidos al exgobernador Ulises Ruíz, “tengan la certeza que haremos las averiguaciones previas correspondientes. Nosotros no somos una instancia que juzga y mucho menos vamos a prejuzgar. Nos vamos a basar en elementos probatorios. No incriminamos por incriminar”.