Aprueba ALDF leyes contradictorias
Esta tarde, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó la nueva Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el DF, la de Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicoactivas e hizo modificaciones a Ley de Cultura Cívica.
Sin embargo, estas aprobaciones representan una contradicción que se genera en cadena: mientras se avaló la creación de un instituto para la prevención del consumo de drogas, también se aprobó el arresto inconmutable a aquellos que consuman estupefacientes en la vía pública, acción que afectaría directamente a las personas en situación de calle, generando, así, discriminación.
Contra la discriminación
El dictamen de la nueva Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el DF está avalado por diputados del PRD, PRI, PT y PVEM. Establece la creación del Consejo contra la Discriminación y armoniza los ordenamientos en esa materia con los estándares internacionales.
Al presentar el dictamen en el pleno, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, David Razú, dijo que esta nueva norma retoma buena parte de los artículos de la ley anterior y se le agregan nuevas figuras o políticas públicas.
Así, por ejemplo, dijo que se amplía el catálogo de las razones por las cuales alguna persona puede ser discriminada, con la intención de brindar certeza jurídica a los diversos grupos y comunidades en esa situación, tal es el caso de los grupos de poblaciones callejeras, las personas migrantes, refugiadas y las solicitantes de asilo.
Las principales formas de discriminación en el DF son las que se ejercen contra las y los indígenas, por el color de piel, lenguas, tradiciones, hacia las y los migrantes y hacia la preferencia sexual.
Ley de Cultura Cívica mutable
Las modificaciones a la Ley de Cultura Cívica imponen un arresto inconmutable de 20 a 36 horas a las personas que consuman, ingieran, inhalen, aspiren psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos, falta que motivaría una multa de 21 a 30 dias de salario mínimo. También plantea imponer un arresto de 20 a 36 horas a los franeleros que impidan o estorben de cualquier forma el uso de la vía pública.
La reforma está aprobada, pero queda pendiente la fecha y términos de publicación.
Y contra los psicoactivos
Los legisladores avalaron por 46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones el nuevo ordenamiento que establece la forma en que el gobierno del DF implementará políticas públicas para atender el problema de las adicciones a través del nuevo Instituto contra las Adicciones, que será un organismo descentralizado.
La ley establece que cualquier persona que sea detenida bajo los influjos de alguna droga deberá acudir a rehabilitación como parte de su sanción y en el caso de jóvenes que delincan bajo los influjos de una droga se establece que se debe crear un tratamiento de rehabilitación y seguimiento a través del juzgado.
La ley para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas en el DF, establece como prioritaria la detección temprana, canalización y atención de personas con adicciones.
La atención médica en el Instituto de las Adicciones deberá ser gratuita; el nuevo organismo, dependiente del gobierno capitalino, tiene un presupuesto autorizado de 500 millones de pesos.
Aprueban entre sinsentidos
Ante las modificaciones propuestas a la Ley de Cultura Cívica, Animal Político cuestionó a tres asambleistas sobre cómo debe leerse la aprobación de leyes que parecen tropezarse entre ellas.
Maricela Contreras Julián, presidenta de la Comisión de Salud en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: “Es un sinsentido, la mera verdad, para mí fue sorprendente porque además no estamos hablando de cualquier población o grupo social del Distrito Federal, estamos hablando que el consumo que se hace en la calle de solventes es por personas que viven en la calle y ya tiene una connotación de discriminación en sí mismo, si no se les ha resuelto algo ni se les ha ofrecido una propuesta que logre atraerlos para sacarlos de la calle.
“Obviamente para mí ése es un problema, es decir, que en un mismo día, tengamos una Ley de Discriminación y una Ley de Adicciones desde la perspectiva de los Derechos Humanos, de la perspectiva de género y desde la perspectiva de prevención pues se esté haciendo algo que tiene que ver con el conculcamiento de los derechos de las personas”.
Carlo Pizano (@carlopizano), diputado en la ALDF por GAM:
La Ley de Cultura Cívica protege la convivencia de la ciudadanía en un ambiente urbano. Antes de la reforma sancionaba como infracción en contra de la seguridad ciudadana a aquellas personas que estuvieran bebiendo bebidas alcohólicas en la vía pública o consumiendo estupefacientes. Esa misma ley que ahorita está vigente antes de la reforma, sancionaba esas conductas con dos modos: multa o arresto.
La reforma lo que hace es separar estas sanciones y ahora consumir estupefacientes en la vía pública no será sancionado con la pena alternativa de multa o arresto, sino que ahora será de arresto inconmutable. Esto no busca resolver como objetivo el problema del consumo de narcóticos, eso le toca a otras políticas, como la que se aprobó hoy de la Ley de Salud.
No podemos hablar de que todas las personas que consumen narcóticos en la calle son adictos. Los niños en situación de calle no significa que sean consumidores de narcóticos. Cuando hablamos generalmente tendríamos que tener cifras, y no hay cifras de niños que viven en la calle y que sean adictos a las drogas.
Hablemos de los que sí son adictos. Tiene que haber una política pública que esté antes atendiéndolos y previniendo el tema; una coordinación entre la policía del Distrito Federal y las nuevas instancias, para que tengamos capacidad de entender este fenómeno.
David Razú Aznar (@drazua), presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa DF: “La Ley de Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicoactivas es una ley completamente orientada al tema de salud pública. Además, se aprobaron reformas a la Ley de Cultura Cívica que plantean que el consumo de estupefacientes en la vía pública puede conducir a un arresto inconmutable, una pena corporal, es decir, al torito, como el alcoholímetro. Ahí es donde varios compañeros mostramos nuestra oposición.
“La pena corporal iría de 20 a 36 horas. Antes era una multa. Lo que queremos conocer, comprender, es la preocupación del grupo de poblaciones que pueden estar consumiendo algún tipo de solvente, por ejemplo, y desde luego que eso no nos parece que sea una motivación para una visita al torito“.
