Ciudad de México.- Después de el evento de esta mañana en la residencia oficial de Los Pinos, denominado “Debilitando el poder económico de la delincuencia organizada”, queda aún por conocer a fondo el contenido del documento elaborado en conjunto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR), donde se presenta la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo”.
El documento presentado por el gobierno federal nos presenta cuatro ejes fundamentales para guiar esta lucha. El primero de ellos es la detección de las operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; el segundo eje toca al marco normativo, para el cual propone la serie de iniciativas que abordaremos más a fondo en este espacio; el tercer eje habla de la supervisión general con base en la información de inteligencia; y el cuarto y último habla de la transparencia y rendición de cuentas sobre la eficacia de la estrategia misma.
El documento define al lavado de dinero como “el procesamiento de las ganancias derivadas de la actividad criminal para disfrazar su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales gozar de ellas sin arriesgar su fuente”
Diagnóstico
“En México, la principal fuente de lavado de dinero está asociada con el tráfico y la producción de narcóticos”, se afirma por las autoridades y explican que lo anterior “significa que, al ser el estadounidense el mayor mercado de consumo de narcóticos en el mundo, gran parte del monto total de los recursos de procedencia ilícita que son lavados en la economía mexicana se encuentra en dólares en efectivo”.
En el diagnóstico que incluyen en la presentación de la nueva estrategia, el gobierno evade estimar un aproximado del tamaño del fenómeno del lavado de dinero en el país, debido a “insuficiente evidencia empírica confiable y la presencia de variables imposibles de aislar”.
La estrategia
Las dos metas principales de la estrategia según se expresa en el documento, son: “Impedir que las organizaciones criminales dispongan de sus ganancias”, y “judicializar oportuna y efectivamente casos de alta relevancia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.
El primer eje de la estrategia, (Información y Organización) “es la columna vertebral de la presente Estrategia, ya que los insumos más valiosos para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son la información financiera y criminal, y la estructura organizacional”, según afirman las autoridades.
El segundo eje rector “se concentra en revisar el marco normativo para permitir un mejor desempeño de las autoridades en el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”. En las iniciativas que acompañan esta estrategia, “se contempla el reconocimiento de nuevos tipos penales y ajustes a los vigentes; la implementación de un régimen de prevención de operaciones de lavado de dinero y financiamiento en sectores y personas vulnerables; y la regulación de actividades financieras susceptibles de ser empleadas para realizar operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita”.
El tercer eje, (Supervisión Basada en Riesgo y Procedimientos Eficaces), “plantea acciones para fortalecer las he-
rramientas de supervisión del gobierno mexicano, así como para asegurar eficazmente los activos detectados de procedencia ilícita”.
En el último eje rector (Transparencia y rendición de cuentas), “se plantean mecanismos de acceso a la información que permitan a la ciudadanía conocer los instrumentos y los resultados de las acciones emprendidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, sin comprometer la información de inteligencia ni dañar garantías constitucionales”.
Cada uno de las anteriores guías para la lucha contra el lavado de dinero genera una meta para el gobierno, en el primer caso la meta es “impactar en el volumen de transacciones nacionales e internacionales con recursos provenientes de actividades ilícitas”.
La segunda meta de la nueva estrategia es “recuperar, en forma efectiva, los activos vinculados con actividades ilícitas”.
La tercera meta es “debilitar la capacidad de los grupos criminales para controlar espacios territoriales y corrompera a las autoridades”.
La cuarta y última meta es “proteger a la economía formal y fomentar su desarrollo”.
Las iniciativas para “ajustar” el marco normativo
Encabezando la estrategia, se presenta una serie de iniciativas de ley con las que el gobierno se plantea fortalecer el combate al lavado de dinero y a la delincuencia organizada.
Las iniciativas son divididas en cuatro apartados por el gobierno federal: A) Regulación de operaciones con dinero en efectivo, instrumentos monetarios y equivalentes, B) Ajuste a tipos penales, C) Nuevos sujetos obligados a reportar operaciones y D) Medidas complementarias a enviar al Congreso de la Unión.
En cuanto a la restricción a las operaciones con dinero en efectivo, en primer lugar se prohibió la compra de cualquier bien inmueble con efectivos, divisas o metales preciosos; además “queda prohibido el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en la adquisición de “vehículos aéreos, marítimos o terrestres, relojes, joyería, boletos de apuestas y títulos accionarios. El castigo iría de 5 a 15 años de prisión y una multa de cinco mil días de salario mínimo.
La propuesta de reformar los tipos penales de lavado de dinero presenta algunas modificaciones como las siguientes: “Se sanciona penalmente a quien ocasione que una persona omita presentar alguno de los reportes a los que se refieren
las leyes financieras; se establecen sanciones penales a aquellas personas que presenten información falsa o alterada sobre su identidad a alguna de las personas sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero; se establece como delito el fomentar, prestar ayuda, auxilio o colaboración a aquellas personas que cometan el delito de lavado de dinero”, entre otras.
El tercer grupo de iniciativas presenta nuevas responsabilidades a algunas ‘sujetos’ que estarán obligados a reportar operaciones, entre otros, los siguientes: Centros de juegos y apuestas, oferentes de préstamos no financieros, emisores de tarjetas de pagos o servicios no bancarias, agencias inmobiliarias, automotrices y constructora, joyeros profesionales; empresas de blindaje; fedatarios públicos, abogados y contadores; y transportadores de valores.
El último paquete de iniciativas complementarias, comprende reformas a la Ley de Extinción de dominio facilitar el intercambio de información entre dependencias, eliminar lagunas jurídicas, y reformar el código penal federal.
Redacción Animal Político
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