Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), leyó en la conferencia matutina una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) según la cual no puede reservarse información relacionada con actos de corrupción. Sin embargo, por ley, los datos personales siempre deben protegerse al ser confidenciales y no públicos.
Además, de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el propio Inai es el que determina si la información confidencial debe conservar ese carácter, y no el Gobierno federal, como ocurrió con la filtración de datos personales en el caso de María Amparo Casar.
El 3 de mayo, la Presidencia de la República compartió a medios de comunicación una carpeta titulada “Caso Márquez Padilla” que contiene, entre otros documentos con datos personales, dos expedientes de Pemex que suman más de 300 páginas. Además la difundió en canales de comunicación oficial, como el sitio www.gob.mx y en la cuenta de X @GobiernoMX.
En la conferencia matutina de ese día, Romero Oropeza acusó a María Amparo Casar de defraudar a Pemex por 31 millones de pesos tras la muerte de su esposo, entonces coordinador de asesores de la Dirección Corporativa de Administración, al supuestamente conseguir que la paraestatal considerara que Carlos Márquez Padilla tuvo una “muerte accidental en el trabajo” y no un “suicidio” y así poder cobrar su pensión.
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En El Sabueso te explicamos, a través de comisionadas y comisionados del Inai y especialistas en la protección de datos personales, por qué el director general de Pemex realizó una interpretación sesgada de esta resolución.
¿Qué dice la ley?
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que cualquier institución que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad es un sujeto obligado a garantizar el derecho de acceso a la información pública.
Estos sujetos obligados no pueden reservar la información, cuando “se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables”, según establece el artículo 112 de dicha ley.
Con base en dicho artículo, el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, justificó que no se habían violado los derechos en el caso de María Amparo Casar y su esposo Carlos Márquez Padilla durante la conferencia matutina del 6 de mayo. Pero esta interpretación es sesgada.
“Si bien es cierto la información relacionada con casos de corrupción en principio es pública, también hay deberes y principios que se deben de mantener, como son precisamente la información confidencial”, advirtió Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Inai, en conferencia de prensa.
Dicho artículo es aplicable cuando se trata de una solicitud de información por parte de la ciudadanía, no de la filtración de expedientes que hizo el Gobierno de México y la Presidencia de la República.
“Este artículo de la ley debe tenerse mucho cuidado en su interpretación, porque lo que está diciendo es que no se puede invocar la reserva o confidencialidad cuando se solicita información. Aquí no estamos viendo eso, aquí lo único que estamos viendo es la publicación de expedientes de personal finado que contienen los datos personales de su familia”, menciona en entrevista Diego García Ricci, doctor en Derecho por la Universidad de Toronto.
Este artículo puede aplicarse cuando, ante el Inai, se tramita un recurso de revisión en contra de la clasificación de la información, tal como lo establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“En el procedimiento de un recurso de revisión es cuando nosotros determinamos, a través de una prueba de interés público, cuándo existe o prevalece el interés público y que esos datos confidenciales venzan el interés público o se mantenga la confidencialidad. Pero eso lo hacemos nosotros únicamente, tampoco eso significa que un servidor público pueda, bajo el amparo de ese artículo, revelar datos personales sin el consentimiento del titular”, explicó Alcalá Méndez en alusión a lo que ocurrió con Pemex y la Presidencia de la República.
Datos personales son información confidencial, no pública, y se deben proteger
Al compartir la carpeta, Pemex y la Presidencia de la República difundieron el acta de defunción Carlos Márquez Padilla, copias de cheques, órdenes de pago, recibos de universidades, tiras de materias y hasta los nombres de los profesores de sus hijos.
Esto pese a que ambas instituciones son sujetos obligados a proteger datos personales, de acuerdo con el artículo 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
“Se considera información confidencial: I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable”, establece el artículo 113.
Josefina Román Vergara, comisionada del Inai, precisó que el derecho de acceso a la información pública se debe garantizar cuando se trata de casos de corrupción. Sin embargo, aclaró que, con base en este artículo, los datos personales son confidenciales, mas no información pública.
“Si no se tiene consentimiento, no se puede revelar información confidencial. Y, lo que bien decía el presidente, por actos de corrupción podemos superar la reserva de información pública pero los datos personales son clasificados como confidencialidad, no reserva. Entonces, aún en un procedimiento que involucre eventualmente actos de corrupción, podría superarse la reserva de información pública, pero no así para los datos personales”, dijo en conferencia.
La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados también obliga a dicha protección a la Presidencia de la República y a Pemex.
“La Presidencia de la República es responsable de proteger los datos personales que posee y trata en el ejercicio de sus atribuciones, y está obligada a cumplir con los principios, deberes y obligaciones, previstos en la normatividad”, indicó el Inai en comunicado.
En el comunicado, el Inai también advirtió que los documentos filtrados “contienen datos de personas relacionadas por vínculos de parentesco, que identifican o hacen identificables a diferentes personas físicas, por lo que presume la existencia de incumplimientos”.
Por eso, al ser responsable de garantizar la protección de datos personales, el Inai inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales contenidos en diversos documentos del expediente del caso “Márquez Padilla”.
¿Qué está investigando el Inai?
Sin más detalles, Octavio Romero Oropeza dio a conocer en la conferencia matutina del 6 de mayo que ya había una denuncia por corrupción ante las autoridades correspondientes contra exfuncionarios de Pemex. Al ser cuestionado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Dirección Jurídica de Pemex tendría que analizar si implicar a María Amparo Casar.
“Con mayor razón no debería de haberse publicado toda esta información, porque forma parte ahora de una supuesta carpeta de investigación que ellos han dicho que ha iniciado”, señala Diego García Ricci.
En lo que va de su sexenio, el presidente ha hablado de al menos otra denuncia por corrupción en el fraude de 9 mil 500 millones de pesos de Seguridad Alimentaria (Segalmex).
“Nos dolió mucho este fraude. Cuando me informaron, di la instrucción de inmediato que se presentara la denuncia en la fiscalía, desde el inicio”, dijo López Obrador sobre Segalmex en la conferencia matutina del 29 de junio de 2023.
Al respecto, Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del Inai, aclara que la investigación de oficio que inició el instituto es sobre la divulgación de datos personales, no acerca del presunto acto de corrupción.
“Una cosa es una denuncia, ya sea en el tema civil, penal, eso no es nuestro trabajo, claro, pero sí la exposición de datos personales porque se pueden testar estos datos”, dijo en conferencia de prensa.
Josefina Román Vergara, comisionada del Inai, agregó que a la fecha no hay una denuncia por parte de las personas afectadas ni se han comunicado con ellas porque eso no le corresponde al instituto. Pero sin que esto ocurra, el Inai detectó que había violación a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y comenzó la investigación de oficio contra quien resulte responsable.
No es la primera vez que desde la Presidencia de la República, en la conferencia matutina, se filtran datos personales. El 22 de febrero de 2024, el Inai informó que abriría una investigación de oficio ante la divulgación del número telefónico de la jefa de corresponsalía de The New York Times en México, Natalie Kitroeff.
Fotografía: @Nataliekitro
Hace dos años, en abril de 2022, el Inai también inició una investigación de oficio por la difusión de datos sensibles de Carlos Loret de Mola. El presidente hizo público un comprobante fiscal a nombre del periodista por la compra de un departamento.
Fotografía: Cuartoscuro
“La privacidad es un derecho fundamental no sólo para asegurar la dignidad de las personas, también para salvaguardar la democracia de un país. Entonces, si nosotros vemos que desde el poder van a usar la información relacionada a nuestra vida privada para afectarnos públicamente es un acto autoritario que resulta inaceptable. Resulta muy preocupante que desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, como lo es el Presidente de la República, se recurra a este tipo de prácticas porque uno esperaría que el Presidente cumpla con las leyes”, concluye García Ricci.
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Colombia fue por años el principal aliado de Israel en la región. El anuncio de Petro se produjo ante miles de simpatizantes en Bogotá durante los actos de conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles 1 de mayo que su país romperá relaciones diplomáticas con Israel.
“Aquí, delante de ustedes, el presidente de la república informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel”.
El anuncio de Petro se produjo ante miles de simpatizantes en Bogotá, la capital colombiana, durante los actos de conmemoración del Día Internacional del Trabajo.
Petro ya había criticado duramente las acciones de Israel en Gaza en su guerra contra el grupo militante islamista Hamás.
“Hoy la humanidad, en todas las calles, está de acuerdo con nosotros. No puede volver la época del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra humanidad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir”, añadió Petro en su discurso de este miércoles.
La ruptura de relaciones anunciada por el actual gobierno colombiano, el primero de izquierdas en la historia del país, supone un giro de 180 grados a las políticas de anteriores administraciones, que habían afianzado a Colombia como el principal aliado de Israel en la región.
Deterioro progresivo
Las relaciones entre Israel y Colombia se enfriaron progresivamente desde que las fuerzas israelíes respondieran con fuerza al ataque sin precedentes que Hamás ejecutó en su territorio el 7 de octubre de 2023.
La incursión de Hamás acabó con más de 1.2000 muertes y la toma de 240 rehenes. Las ofensivas de Israel en Gaza se han cobrado más de 34.000 vidas en Gaza.
Pocos días después de agudizarse el conflicto, Israel dijo que “suspendería las exportaciones de seguridad” a Colombia después de que Petro comparara el lenguaje del ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, con el que usaban “los nazis con los judíos”.
En febrero de este año, Petro suspendió la compra de armas a Israel después de que decenas de personas murieran mientras buscaban comida en Gaza durante una ofensiva israelí.
El mandatario calificó esos actos como “genocidio”, dijo que recordaban al “holocausto” y añadió que el mundo debía “bloquear” a Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí.
Bolivia se había convertido hace unos meses en el primer país de la región en romper relaciones con Israel después del 7 de octubre.
¿Fin de una “relación especial”?
En 2020, el entonces gobierno de Iván Duque firmó un Tratado de Libre Comercio de “última generación” con Israel.
Fue el paso con el que Colombia se afianzó como principal aliado de Israel en la región, ahondando en una relación que en los 20 años anteriores se había estrechado con rapidez.
Desde comienzos del siglo XX y durante la Guerra Fría, Colombia era a su vez un aliado capital para Estados Unidos en América Latina.
“Y la conjunción de intereses entre los dos países e Israel hizo que se creara un triángulo estratégico entre los tres”, le dijo en una entrevista a BBC Mundo Marcos Peckell, profesor de diplomacia y relaciones internacionales.
Tras el ataque a las Torres Gemelas en 2001 y la llegada al poder de Álvaro Uribe en 2002, Colombia se adhirió a lo que Estados Unidos llamó la guerra global contra el terrorismo.
Desde ese momento Colombia declaró a las guerrillas “organizaciones terroristas” y pasó de ver su propia guerra como un conflicto armado a verla como una “amenaza terrorista”.
Y fue entonces cuando los militares israelíes, que durante décadas enfrentaron movimientos que consideran terroristas como Hamás y Hezbolá, entraron de lleno a apoyar a las Fuerzas Armadas colombianas.
Entre 2002 y 2006, según cifras oficiales, la importación de material militar de Israel a Colombia se duplicó.
Las cooperaciones no han sido solo militares.
Durante los últimos 24 años, por ejemplo, miles de colombianos participaron del Mashav, un programa de educación de la Cancillería israelí que entrena a extranjeros en medicina, agricultura y tecnología.
Por eso ha sido tan común ver colombianos e israelíes pasando meses o años de intercambio en el otro país en busca de enriquecer su formación.
Los intercambios de esta “relación especial” son ahora una incógnita.
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